A lo largo de casi dos décadas de ejercer el periodismo, me ha quedado claro que el trabajo de los órganos fiscalizadores tanto estatal como federal dista mucho de ser autónomo e independiente. Pasan los años, los gobiernos, y se acumulan miles y miles de millones de pesos en observaciones y como usted ya lo sabe estimado lector… Simplemente no pasa nada.
En el informe de resultados de la cuenta pública del gobierno de Michoacán correspondiente al 2017, la Auditoría Superior del Congreso local detectó observaciones contables, administrativas y financieras que suman seis mil 117 millones de pesos. El monto señalado como presuntamente irregular, es incluso mayor al detectado por la Auditoría Federal, que contabilizó en cuatro mil 466 millones lo señalado y ubicó al estado en primer lugar nacional en monto proporcional observado.
Pero cifras similares y presuntas irregularidades se repiten año tras año, cuando inician procesos interminables para que las autoridades señaladas aporten los elementos necesarios hasta lograr comprobarlas. Así se mantienen pendientes temas tan ominosos como la construcción del Teatro Matamoros, que en septiembre próximo cumplirá nueve años de retraso y el de la presa Francisco J. Múgica, que salió incluso a relucir en el escándalo internacional de sobornos de la empresa brasileña O’debretch.
Ni en estos, ni en otros muchos casos avanzan los procesos de fiscalización y mucho menos los que deben seguirse para sancionar a los presuntos responsables. De hecho, la Auditoría Estatal registra un rezago de cerca de cinco mil expedientes, muchos de ellos pendientes desde el 2012 y que no tienen avance alguno.
Los propios legisladores han promovido este tipo de situaciones, al reformar de manera constante la ley de fiscalización, modificando así los plazos y términos a los que deben sujetarse funcionarios municipales y estatales para la solventación de las observaciones.
A esto habría que agregar que la Auditoría labora sin presupuesto propio y supervisada por representantes de partidos políticos, en su mayoría ex integrantes de las áreas auditadas, que al menos en la anterior Legislatura local nombraron al 80 por ciento de su personal, sin importar si cubrían o no el perfil requerido.
El nombramiento de Artemio Zaragoza Tapia como encargado de despacho de la Auditoría Superior de Michoacán, al concluir el encargo de José Luis López Salgado, tampoco ha abonado a los procesos de fiscalización y para muestra las imprecisiones del informe estatal del ejercicio 2017.
Por ejemplo, en las observaciones que hizo este órgano a la Universidad Michoacana a las adquisiciones y procesos de adjudicación, no se precisa a qué material o acción se refieren los incumplimientos, sólo los montos económicos. Se refiere a un contrato de hasta 18 millones de pesos del que se adjuntaron tardíamente los documentos de la licitación, pero no fue acreditada la valoración de que se ajustaron a las mejores condiciones disponibles, pero no da mayor información.
Otro ejemplo que pone en evidencia el desaseo y falta de supervisión del documento que se entregó al Congreso local, es que a lo largo de 457 páginas del informe general, se repitió durante cerca de 200 ocasiones un error, al escribir la palabra “incoar” en lugar de “iniciar”, al referirse al inicio de procedimientos de responsabilidades, sin que entre todos los auditores y el responsable de la fiscalización, hubiera alguien que se percatara de tal equivocación.
Con todo y deficiencias, el Congreso de Michoacán deberá analizar y discutir antes del último día de este mes el dictamen con los resultados de las cuentas públicas municipales y antes de que concluya abril, la del estado.
Todavía el año pasado, los ex diputados michoacanos reprobaron el informe estatal del 2016, por considerar que no “reflejaba razonablemente la situación financiera”, pero ante las observaciones del titular del Poder Ejecutivo, tuvieron que recular en su decisión y reconocer que la legislación no les otorga la atribución de reprobar el documento, sólo de revisar y dictaminar.
En consecuencia, no espere mayores señalamientos, ya que, como ocurre cada año, muchos de los actuales legisladores formaron parte de la administración estatal o encabezaron los ayuntamientos que hoy son fiscalizados.
¿Usted qué opina estimado lector?
veritogamar@hotmail.com
