La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Michoacán fue, sin lugar a dudas, histórica. La federalización de la nómina educativa permitiría al gobierno estatal tener viabilidad financiera por primera vez en más de una década y terminar con el problema estructural que representa la educación al generar un déficit anual de cinco mil millones de pesos.
Pese al anuncio que el Ejecutivo Federal hizo en gira de trabajo por Zacapu, habrá que esperar a que se concrete la firma de un documento. Sobre todo ante las posturas cambiantes que ha tenido el tabasqueño, quien apenas el 23 de enero había asegurado que no destinaría recursos extraordinarios para que la administración de Silvano Aureoles Conejo cubriera los adeudos con los trabajadores de la educación.
Entonces, la entidad se encontraba inmersa en un problema complejo, derivado de las pérdidas millonarias que dejaron el desabasto de gasolina y el cierre de las vías férreas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, la situación no parecía hacer mella en la postura del presidente que, por el contrario, advirtió que no se dejaría chantajear y no resolvería un tema político con dinero.
Su respuesta obligó al gobierno estatal a solicitar un adelanto de participaciones superior a los mil 200 millones de pesos, en espera de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Controversia Constitucional que promovió desde noviembre para obligar al gobierno de la República a asumir el costo de los servicios de educación básica y de las escuelas normales.
¿Por qué entonces el cambio repentino de postura? ¿Por qué López Obrador aseguró ahora estar “hasta el copete” de los pleitos? ¿Por qué insistió en la urgencia de la reconciliación?
Y es que, los discursos presidenciales contrastan con la guerra de porras y abucheos que caracterizaron a los eventos que encabezó en Zacapu, Uruapan y Morelia, donde por cierto, la rechifla se la llevó también el ex gobernador y actual coordinador de asesores del gabinete presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, con quien inició la crisis del sector educativo, luego de que en 2007 no firmó el Acuerdo por la Calidad en la Educación, debido a las presiones gremiales.
Lo cierto es que el proceso de federalización de la nómina no se antoja fácil. Por una parte, debido a que el gobierno de la República deberá realizar primero el censo que aquí mismo anunció López Obrador para identificar a los “aviadores”, aquellos trabajadores de la educación que cobran pero no trabajan; y por otro lado, habrá que esperar la reacción del Magisterio Democrático, que históricamente ha preferido tener la relación laboral con el gobierno estatal, y cómo no, si gracias a estas negociaciones, han logrado obtener más de mil millones de pesos anuales en bonos, adicionales a su salario y prestaciones.
Por lo pronto, apenas la semana pasada el gobernador Silvano Aureoles anunció un recorte de dos mil millones de pesos al gasto de la administración estatal, para compensar los recortes que registró el presupuesto federal de este año y el anticipo de participaciones federales para pagar a los maestros democráticos, por lo que la principal expectativa de la federalización de la nómina, es que ya no sea necesario este ajuste ni la venta de bienes muebles, inmuebles, vehículos y helicópteros para subsanar la falta de recursos.
¿Usted qué opina estimado lector?
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PD. Curiosamente, el evento que encabezó López Obrador en Morelia, estuvo vigilado por un grupo de elementos de seguridad vestidos de civil que observaron atentos la explanada del estadio Morelos, pese a la insistencia del presidente de que el “pueblo bueno” lo cuidará.
