Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia es practicada a plena luz del día
John Lennon (1940-1980) Músico inglés
Que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos atraigan para investigación el “caso Arantepacua”, es natural y obligado; hubo tres civiles muertos y debe ser evaluada la actuación policiaca.
A priori, por los elementos con que se cuenta por ahora, no parece haber duda que los policías estatales actuaron en defensa propia, luego de ser agredidos a balazos por comuneros de ese lugar.
Sé que lo políticamente correcto es fustigar el operativo policiaco y victimizar a la comunidad indígena, pero en aras de la objetividad y la mesura, es preciso puntualizar dos o tres hechos:
Uno, hay que encontrar la respuesta a si debían o no estar en Arantepacua los policías. Cierto, en el momento del enfrentamiento en esa comunidad purépecha, en Morelia, en Palacio de Gobierno, se llevaba a cabo una reunión de negociación entre funcionarios de la Secretaría de Gobierno con una comisión de indígenas del lugar. ¿Y entonces para qué un operativo policiaco allá, si acá avanzaba el diálogo?
Bueno, porque allá había varios conductores de unidades vehiculares secuestrados y amenazados ya no con destruir sus unidades, que sería lo de menos, sino con ser asesinados, si el gobierno no cedía a la liberación de 38 indígenas detenidos un día antes al interceptar la Policía el autobús con reporte de robo en el que viajaban. Luego entonces, avanzara o no el diálogo en Morelia, era una obligación gubernamental realizar un operativo para evitar el linchamiento de esos conductores, ajenos al conflicto, pero posibles víctimas de él. El operativo era, sin duda, de alto riesgo, sí, pero igual en riesgo estaba la vida de esos conductores. Cualquiera que conozca medianamente la idiosincrasia de los lugareños, sabe que sin problema pudieran haber materializado su amago.
Dos, si el operativo era obligado, ¿fue ajustado a los protocolos para este tipo de casos? No lo sé; los mandos de Seguridad Pública obviamente aseguran que sí, los indígenas y agrupaciones afines desde luego afirman lo contrario, que hubo exceso, que no era necesario hacer uso de las armas.
A reserva de esperar la investigación que al respecto realice la CNDH, pareciera que no quedó más salida a los uniformados que responder con fuego, porque fuego recibían. Los protocolos para operativos policiacos en tratándose de acciones de disuasión contra grupos “sociales”, establece que los oficiales no deben ir con armas de fuego, pero sí otro grupo de ellos que se queda en la retaguardia, que no participa directamente, a menos que la vida de sus compañeros desarmados esté en evidente riesgo. Todo apunta a que así fue, dado que éstos requirieron el respaldo de sus colegas, al ser recibidos a balazos a la entrada del pueblo, con nueve de ellos heridos.
La CNDH deberá dilucidar si hubo o no una violación a esos protocolos, es decir, si la policía michoacana abusó o no de la fuerza. Si así concluye, Juan Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública, deberá renunciar. Caso contrario, si todo se ajustó a dichos protocolos y la Policía se vio obligada a disparar, sonará duro, pero la acción quedará justificada, con todo y su triste desenlace.
Hubo tres muertos, sí, lamentable, pero es probable que sin el operativo policiaco, acaso pudo haber uno o más muertos, pero no de indígenas ni de policías, sino de choferes que nada tenían que ver en el conflicto. Y en ese caso, júrelo, no habría habido intervención de la CNDH. El tiempo dirá.
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