Con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar
Arthur Schopenhauer (1788-1860). Filósofo alemán
Cuando el río suena, es que agua lleva. Atender la conseja popular suele dar buenos resultados, pero en el Congreso del Estado ni sudan ni se acongojan por ella y es probable que los diputados estén cobijando un acto de corrupción. O dos actos de corrupción, mejor dicho.
Un tipo de nombre Juan Miguel Abraham Martínez, supuesto representante jurídico del Congreso, ha recibido en el curso de unas cuantas semanas, sendas denuncias públicas por dos trabajadoras de la misma Cámara de Diputados. Ambas le acusan de lo mismo: de extorsión.
Primero, la periodista Lunia Valdés lo denunció apenas en enero anterior, porque le habría exigido una cantidad de dinero a cambio de autorizarle un trámite de reincorporación.
Y este lunes, otra empleada del mismo Congreso, Karina Campos Vargas, levanta la voz también para denunciar también a Abraham Martínez de exigirle la friolera de 500 mil pesos para hacerle válido el pago de salarios caídos que ella ganó en instancias laborales, luego de que hace cuatro años fuera corrida del Congreso por estar embarazada (https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/49271-denuncian-nuevo-caso-de-extorsion-en-el-congreso-del-estado.html).
Ya son dos denuncias del mismo tipo y contra el mismo funcionario. Eso no significa que éste sea culpable. Deberán indagarse a fondo. Empero, lo sensato por parte de los diputados habría sido separar provisionalmente a Abraham de su cargo y proceder a una investigación. Más, si son ya dos denuncias exactamente iguales, lo que apuntaría a la posible comisión de un ilícito ya rutinario del susodicho. Si resultan infundadas las denuncias, se le reinstala en su cargo y punto. Caso contrario, se le separa y se le denuncia penalmente. Así de fácil.
Pero en el Congreso suelen no ir por el camino fácil, máxime cuando de proteger alguna parcela de poder se trata. Abraham es, sin duda, posición de alguna bancada partidista, y ésta lo defenderá a muerte, así fuera un corrupto o extorsionador. A los diputados suele no importarles la legalidad ni la transparencia, menos la justicia y el combate a la corrupción. Ellos, en todo caso, son culpables al menos por omisión de que haya funcionarios como supuestamente es Abraham Martínez, porque no indagan denuncias públicas, lo que significa alentar la corrupción y su consecuencia inevitable, la impunidad.
Queda ahí, pues, otra denuncia en contra de un funcionario del Congreso y, todo apunta, otra denuncia que se va al bote de la basura de los diputados. Veremos.
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