Rectora impulsa destitución en Asuntos Generales y provoca señalamientos de albazo en la UMSNH
La destitución de Sergio Carmelo Domínguez Mota como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobada por el Consejo Universitario el 16 de junio, generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y sobre la forma en que la Rectoría condujo la sesión.
De acuerdo con los señalamientos posteriores, la rectora Yarabí Ávila González presentó la propuesta de remoción en el apartado de Asuntos Generales, lo que diversos sectores calificaron como un albazo, al no existir una notificación previa de presuntas faltas ni un procedimiento que permitiera al funcionario conocer los motivos y ejercer su derecho de defensa. Según estas posturas, no se presentó una acusación formal ni un expediente que sustentara la decisión.
El caso colocó en el centro del debate el cumplimiento de principios como la garantía de audiencia, el debido proceso y la legalidad institucional, considerados elementos fundamentales en la formación jurídica impartida por la propia Universidad. Para distintos sectores, la discusión trasciende la situación particular del exdirector y se relaciona con la vigencia de los mecanismos internos para la protección de derechos.
Durante la sesión también se mencionó la cercanía política de Domínguez Mota con una aspirante a la gubernatura del estado. Para quienes cuestionaron la decisión, la referencia a vínculos políticos en la permanencia de cargos universitarios podría generar un precedente sobre la autonomía y el pluralismo dentro de la institución.
Los señalamientos se extendieron a la actuación de la Rectoría y a la responsabilidad de garantizar que las decisiones se adopten conforme a la normatividad universitaria. Entre las dudas planteadas se encuentran si el procedimiento seguido fue suficiente, si se respetaron las garantías de audiencia y cuáles podrían ser las implicaciones para futuros casos que involucren a directivos, académicos, estudiantes y trabajadores.
La discusión continúa en la comunidad universitaria, donde se analiza si las decisiones institucionales se están tomando conforme a reglas previamente establecidas y si los mecanismos de control interno son suficientes para asegurar certeza jurídica en la vida universitaria.
