Mañana es el Día Internacional de la Juventud, el cual nació como un faro de esperanza en 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas transformó una recomendación ministerial en un compromiso global imperecedero. Desde aquel momento, cada 12 de agosto se convirtió en un recordatorio poderoso de que las nuevas generaciones no son solo el futuro, sino el motor vibrante del presente que nos permite atisbar el porvenir con optimismo. Este día fue concebido para romper las barreras del silencio, visibilizar los desafíos estructurales que enfrentan millones de jóvenes y potenciar sus voces en la toma de decisiones colectivas. Con el paso de las décadas, la conmemoración ha evolucionado hacia un catalizador de transformación social profunda y equidad global.
En este año 2026, el lema oficial de la ONU es «Contextos diferentes, aspiraciones comunes». La temática reconoce que, aunque las realidades locales y económicas de las juventudes varían globalmente, sus deseos de superación coinciden. Esta edición, la iniciativa se enfoca con especial ternura y firmeza en abrazar a las juventudes que habitan en las regiones menos adelantadas, los territorios sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Así, el objetivo supremo es tejer redes de solidaridad internacional indisolubles, garantizando que cada joven tenga el derecho absoluto de acceder a una educación de calidad y a oportunidades de empleo digno.
En nuestro contexto local, es importante remarcar que, de los cerca de 935 mil estudiantes que cursan hoy la educación básica en Michoacán, el sistema conserva apenas 173 mil en educación media superior y poco más de 137 mil en educación superior. Ese embudo tan piramidal es mucho más que una estadística abstracta: es la distancia exacta entre la niñez michoacana que hoy está en la escuela y la juventud michoacana que, en unos años, dejará de estarlo. La pregunta que debe ocupar a la política educativa estatal no es únicamente cómo mantener a la niñez en las aulas, sino cómo evitar que la juventud las abandone justo en el tramo de edad donde el abandono escolar se vuelve más peligroso.
Nacionalmente, uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja, una proporción que casi duplica el promedio internacional y que se ha mantenido sin cambios sustanciales desde 2011, según especialistas del Instituto para el Desarrollo de la Educación. En Michoacán, ese fenómeno se cruza con una amenaza adicional que no enfrentan la mayoría de los estados del país: el reclutamiento activo de adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado, que utiliza precisamente la ausencia de la escuela como punto de entrada.
Especialistas en abandono escolar coinciden en que el fenómeno no puede explicarse únicamente por la carencia económica de las familias, sino que responde a un cúmulo de factores donde también pesan la falta de interés en planes de estudio poco pertinentes, las carencias materiales de los propios planteles y la percepción, cada vez más extendida entre la juventud, de que los conocimientos adquiridos en el aula no resultan útiles frente a las urgencias inmediatas de sobrevivir en un entorno marcado por la violencia. Esa combinación convierte a la política educativa dirigida a las juventudes en una política de seguridad implícita, aunque el gobierno estatal no siempre la trate como tal.
Michoacán registra tasas de abandono escolar superiores al promedio nacional en todos los niveles de educación obligatoria: alrededor del 10 por ciento en secundaria y más del 11 por ciento en educación media superior. La salida del sistema entre secundaria y bachillerato golpea de manera desproporcionada a los adolescentes varones, justo en la franja de edad donde la evidencia documenta el mayor riesgo de captación criminal.
Ese riesgo dejó de ser hipotético. La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a cuarenta adolescentes por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y secuestro, entre agosto de 2025 y junio de 2026, así como documentó al menos 32 carpetas de investigación adicionales relacionadas con jóvenes reclutados mediante ofertas de empleo falsas difundidas en plazas públicas y redes sociales. Solo entre el once de junio y el once de julio de 2026, la Comisión de Búsqueda de Personas registró 165 nuevas cédulas de desaparición, de las cuales 43 correspondieron a menores de edad. A nivel nacional, organizaciones especializadas documentan un incremento de 155 por ciento en el involucramiento de niños y jóvenes en actividades del crimen organizado.
Frente a ese panorama, el Gobierno de México destina en Michoacán más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos anuales en transferencias monetarias para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, con cerca de cuatrocientos noventa y siete mil beneficiarios entre los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, además de la Beca Gertrudis Bocanegra, que en 2026 beneficiará a noventa y ocho mil quinientos sesenta y nueve estudiantes de ciento veintiún planteles de universidades públicas. Las becas han contribuido a contener el abandono, pero la evidencia muestra que la carencia económica ni es plenamente atendida con los montos de los apoyos sociales, ni tampoco es el único factor detrás de este flagelo: persisten planes de estudio que los jóvenes perciben como poco relevantes para su vida futura.
Cuando un adolescente michoacano abandona la escuela media superior, no queda simplemente fuera del sistema educativo: queda expuesto, en la misma ventana de edad, a las ofertas de reclutamiento que hoy documentan la Fiscalía y organizaciones especializadas. E incluso, dentro del sistema educativo, en su modalidad de sostenimiento privada, el asesinato de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, el veinticuatro de marzo pasado, perpetrado con un arma de uso exclusivo del Ejército por un estudiante, ilustra hasta qué punto la violencia ha penetrado el espacio escolar que debería proteger a la juventud y no exponerla. Sostener la desconexión entre la política educativa y la política de seguridad implica renunciar, en los hechos, a una de las herramientas más efectivas de prevención de la violencia con que cuenta el Estado.
El costo de no actuar se mide también en el testimonio de quienes ya fueron alcanzados por el reclutamiento. Historias documentadas por medios periodísticos describen a adolescentes captados en la calle con promesas tan simples como un arma y un lugar a dónde pertenecer, jóvenes que crecieron fuera de la escuela y de cualquier red de protección familiar o institucional. Cada mes que Michoacán tarda en articular una respuesta conjunta entre educación y seguridad es un mes en el que esa oferta criminal sigue llegando primero que la oferta del Estado, y en el que la inversión ya realizada en becas y programas sociales rinde menos de lo que podría rendir por falta de coordinación.
Por ello, se requiere poner a las juventudes al centro de la política pública estatal. Una vez habiéndose designado a la persona titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, en los siguientes treinta días debe cruzar los datos de abandono escolar de educación media superior con los mapas de riesgo de reclutamiento que ya documentan la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas, identificando los planteles y municipios donde ambos fenómenos coinciden con mayor intensidad. En ese mismo periodo corresponde auditar la entrega oportuna de las becas Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, verificando que efectivamente lleguen a las juventudes en mayor riesgo de abandono.
Del segundo al sexto mes, la agenda debe extender a la educación media superior los protocolos de prevención de violencia escolar surgidos tras el caso de la Preparatoria Antón Makarenko, con mecanismos de alerta temprana y coordinación directa con la Fiscalía para identificar ofertas de reclutamiento disfrazadas de empleo, y debe además capacitar a docentes y orientadores de bachillerato para reconocer señales tempranas de contacto con estructuras criminales, replicando la lógica de la Bitácora Digital ya utilizada en educación básica. Del séptimo al décimo mes corresponde revisar la pertinencia de los planes de estudio de bachillerato y educación técnica, vinculándolos con las vocaciones productivas regionales y realizar una reingeniería profunda al programa de conectividad digital D4TA, de manera que la escuela ofrezca a la juventud una alternativa de futuro sostenible y próspero que desplace la puerta falsa que hoy ofrece el crimen organizado.
Del undécimo al decimocuarto mes, la agenda debe publicar una evaluación pública del indicador de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Michoacán, desagregada por municipio y por sexo, y dejar documentado un protocolo de entrega que garantice que la siguiente administración reciba, desde el primer día, la ruta de coordinación entre educación y seguridad que hoy falta construir.
Michoacán no puede seguir tratando la educación de las juventudes y la seguridad como agendas separadas, cuando la evidencia muestra que ambas se juegan en el mismo tramo de edad y en las mismas aulas vacías. Llamamos a la Secretaría de Educación en el Estado, a la Fiscalía General del Estado, a las universidades públicas y a los ayuntamientos a coordinar, por primera vez de manera explícita, una estrategia conjunta de retención escolar y prevención del reclutamiento. Catorce meses no alcanzan para resolver la violencia que rodea a la juventud michoacana, pero sí alcanzan para que ningún adolescente que hoy está en la escuela quede fuera de ella mañana, situación ante la cual se debe de actuar con urgencia, mucho antes de que el crimen organizado llegue primero.
Exijamos que la próxima persona titular de la Secretaría de Educación en el Estado asuma la retención de las juventudes en la escuela como un indicador estratégico de su gestión y se condicione su permanencia en el cargo con base en resultados, para lo cual el Congreso del Estado debe de dar seguimiento trimestral a las cifras de abandono en educación media superior cruzadas con las cifras de reclutamiento que hoy documenta la Fiscalía, para que ninguna autoridad vuelva a tratar ambos fenómenos como si ocurrieran en mundos separados. El Gobierno de Michoacán tiene catorce meses para demostrar que puede ganarle esa carrera al crimen organizado, en sus manos está el destino de cada niña, niño y joven.
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