Si bien, Michoacán de Ocampo es un estado que tiene décadas sumido en el rezago educativo, que hay un estancamiento notable en la política educativa en los últimos años, que ha ocasionado retroceso en la matriculación escolar, en la evaluación de aprendizajes y exposición a la violencia, que ya es decir mucho, es importante decir que, desde mayo a la fecha se dieron una gran cantidad de atentados contra la regularidad educativa en la entidad. Fue, en suma, un cuatrimestre aciago, lleno de omisiones, abusos y sobre todo, de doloroso abandono institucional.
Particularmente, no fueron protestas en el marco del 1° de mayo las que atentaron en contra de los derechos educativos, sino un acto que, resulta particularmente agraviante por provenir de quienes deberían de defender, garantizar y expandir la vivencia plena de los derechos a estar, aprender y participar en las escuelas de las infancias y juventudes en la entidad. Ellos fueron precisamente quienes atentaron en contra del ciclo escolar, al intentar en asonada desde la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) -un grupo de 33 notables que se creyeron con atribuciones para decidirlo- mutilar el Ciclo Escolar 2025-2026 hasta con 40 días naturales. La sociedad michoacana vio con preocupación que la entonces persona titular de la educación estatal estaba a la derecha del secretario de educación del país y fue la primera que se sumó a respaldar, vía redes sociales la decisión.
Empero, la decisión fue tan impopular e ilegítima que la presidenta se deslindó de ella, teniendo que recular el órgano mencionado apenas cuatro días después. Sin embargo, ese acto marcó un periodo en el cual se sucedieron una gran cantidad de irregularidades. Entre mayo y agosto de 2026 transcurrió, para la niñez y la juventud de Michoacán, algo más que un tránsito ordinario del calendario escolar. Fueron cuatro meses en los que la violencia armada, el desplazamiento forzado, el acoso escolar, el reclutamiento criminal, el calor extremo y la precariedad presupuestal se turnaron para poner a prueba a un sistema educativo que, mes tras mes, respondió con comunicados, mesas simbólicas y anuncios de inversión, pero rara vez con la conducción sostenida que más de un millón doscientos cuarenta y siete mil niñas, niños y adolescentes michoacanos necesitaban.
El símbolo que atraviesa el periodo completo es una silla vacía: de manera formal, desde el veinticuatro de junio, cuando la disputa interna de MORENA rumbo al proceso electoral de 2027 propició la renuncia en torno a la dependencia que administra la educación michoacana operó bajo una encargatura de despacho, sin investidura plena, hasta el 25 de los corrientes.
Leídos por separado, cada uno de los episodios que se documentan a continuación podría archivarse como una nota más en el ciclo informativo de un estado acostumbrado a la violencia. Pero, leídos en conjunto, mes por mes, describen algo distinto: un patrón de omisión o reacción tardía frente a riesgos identificados con meses de anticipación; así como un vacío o vacante institucional que explica, en buena medida, por qué esa respuesta llega, a cuentagotas y en ocasiones, después del daño.
Después del hecho del 7 de mayo, que se revirtió el día 11, aún dejó sin resolver la pregunta de fondo: en cuántas de las aulas michoacanas sin ventilación, sin agua potable y sin electricidad confiable, dos de cada tres escuelas del estado según cifras del propio sistema oficial, pasarían los estudiantes esas semanas adicionales. Al respecto, el gobernador anunció, el diez de mayo, una inversión de cuatro mil millones de pesos para infraestructura educativa, pero no aclaró que, esa cifra al dividirse entre los doce mil planteles del estado se adelgaza a menos de cincuenta mil pesos por escuela y que, al ser un monto agregado, por referirse a la suma desde 2021 a 2026, se pulveriza a menos de 10 mil pesos por cada año por plantel.
La violencia armada tampoco dio tregua. El cinco de mayo, más de seiscientas cincuenta personas de cinco comunidades de Apatzingán huyeron de sus casas por enfrentamientos entre grupos criminales, entre ellas decenas de familias con hijos en edad escolar. El diecinueve de mayo, un ataque armado obligó a evacuar las escuelas de la comunidad nahua de Santa María Ostula. El veintinueve de mayo, drones, bloqueos y vehículos incendiados paralizaron Cotija y Sahuayo y suspendieron las clases una vez más. Michoacán se ubicó, junto con Sinaloa y Chihuahua, entre los estados con mayor desplazamiento forzado del país, y casi un tercio de esas personas desplazadas son menores de edad.
A esa violencia que llegaba desde fuera del aula se sumó la que ya se había instalado dentro de ella. En Uruapan, escuelas y docentes cerraron planteles ante amenazas de cobro de piso. La Fiscalía reportó 40 adolescentes procesados por delitos de alto impacto entre agosto de 2025 y junio de 2026, así como treinta y dos carpetas abiertas por reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo, con más del diez por ciento de los estudiantes de secundaria en riesgo de ser absorbidos por el crimen organizado.
El mes cerró con el magisterio y la comunidad universitaria movilizados: el veinticinco de mayo, cientos de maestros se sumaron al paro de setenta y dos horas de la CNTE.
Junio arrancó, de hecho, sin clases para buena parte de la educación básica. El primero de junio, la CNTE se sumó al paro nacional indefinido, ocupó oficinas de la Secretaría de Educación en Morelia y dejó plantones que privaron de actividades a miles de estudiantes. Cuando el paro finalmente se levantó, el rezago no se levantó con él: Michoacán cerró el ciclo escolar 2025-2026 con casi mil 700 solicitudes de jubilación docente, un número superior al de egresados normalistas disponibles para sustituirlas.
Los reportes de acoso escolar crecieron doscientos cinco por ciento entre 2019 y 2026, y al menos una decena de escuelas de Morelia, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro vivieron el pánico colectivo del reto viral heredado del asesinato de Lázaro Cárdenas, con una amenaza de balacera falsa que la Guardia Civil tuvo que verificar en Tarímbaro.
El calendario escolar no impidió que entre el 22 y 23 de junio la Secretaría tuviera que suspender clases presenciales en Churumuco, Tiquicheo, Huetamo, San Lucas y Tuzantla ante temperaturas insostenibles, medida reactiva por haber escuelas sin climatización ni agua suficiente. Michoacán ocupó el quinto lugar nacional en trabajo infantil, con casi 213 mil menores trabajando, mientras el abandono escolar en secundaria ronda el diez por ciento y en media superior supera el once. La incertidumbre sobre el calendario de pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se sumó, para muchas familias, a la diferencia entre que un hijo terminara o no el ciclo escolar. Y el veinticuatro de junio, en el cierre simbólico del mes, la titular renunció a la Secretaría de Educación en el Estado para buscar ser gobernadora, habiendo, minutos antes, firmado un acuerdo con la CNTE en Ciudad de México.
Julio debió haber sido, en cualquier sistema educativo que se respete, un mes de balance sereno. Fue, en cambio, el mes en que la silla vacía de la SEE se convirtió en el hecho educativo más elocuente. El 27 de julio, al ser cuestionado por el nombramiento pendiente, el gobernador respondió que el sector educativo estaba de vacaciones y que la decisión se tomaría a su regreso, una frase que equiparó el descanso de la niñez con la parálisis de una dependencia de Estado.
En un mes de justa mundialista, la Comisión de Búsqueda de Personas registró 43 cédulas de desaparición de menores de edad. A esa lista se sumó, el treinta y el treinta y uno de julio, la orden de aprehensión contra un docente señalado de almacenar y distribuir, durante más de cinco años, material de abuso sexual infantil, un caso que llegó a las autoridades mexicanas por una alerta internacional y no por ningún mecanismo interno de vigilancia escolar.
Anticipadamente, el 10 de julio, el gobernador clausuró el ciclo escolar 2025-2026, reconociendo el abandono escolar como su principal reto pendiente, y presentó la plataforma Mochila Digital con un sistema de alerta temprana cuyo funcionamiento real está aún por demostrarse. El catorce de julio se firmó una minuta entre la Secretaría de Educación y la CNTE que, según voces de la sociedad civil, atendió los síntomas administrativos del conflicto laboral sin tocar sus causas estructurales, mientras se posponía para el treinta de julio la discusión técnica sobre la conectividad de mil doscientas ochenta y tres escuelas comunitarias y mil noventa y cuatro escuelas indígenas que siguen sin electricidad ni internet.
Agosto por fin vio parar la racha de 9 semanas de acefalía en la SEE, 63 días de vacío institucional justo en el arranque del ciclo escolar 2026-2027. 6 días antes, el 19 de agosto, la encargada de despacho anunció la asignación de 555 plazas docentes de nivel primaria en 72 municipios, seleccionadas entre casi 900 aspirantes. Horas antes, egresados normalistas cerraron las instalaciones de la SEE para denunciar opacidad en la convocatoria y exigir la publicación del listado nominal con los puntajes de cada aspirante.
Puestos uno junto a otro, los episodios de estos cuatro meses no describen incidentes aislados, sino acciones sistemáticas Un sistema que asigna plazas sin transparencia plena, que celebra inversiones que se adelgazan hasta la insignificancia al dividirse entre doce mil planteles, que permite que depredadores disfrazados de docentes permanezcan años sin ser detectados, que reacciona a la violencia con operativos de vigilancia después de que la tragedia ocurrió y que acumuló más de dos meses sin titular.
Cada semana de vacante en la SEE fue una decisión de política pública tomada por omisión, con consecuencias tan imputables como cualquier otra. Sin interlocutor pleno, las negociaciones magisteriales se resuelven con minutas que atienden síntomas y no causas, el balance del ciclo escolar anterior sigue sin entregarse, el proceso de presupuestación del ejercicio 2027 es una incógnita, la infraestructura escolar sigue modificándose inercialmente; sin un mecanismo escolar de detección temprana, el ausentismo deja de encender alertas antes de que un estudiante sea captado por el crimen organizado o aparezca en una cédula de desaparición. La problemática acaecida durante el cuatrimestre negro reseñado en esta entrega exhibe que Michoacán no necesita más discursos ni un eterno retorno, sino que alguien se siente, por fin, en esa silla y responda, con cifras y con hechos, por cada niña y cada niño a quien el gobierno le sigue debiendo, mes tras mes, el simple derecho a estar y a aprender en paz. ¡Hay que sacar del abandono a la educación!
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