La mano de obra barata sigue siendo la base de hasta el 80 % de la industria en la entidad
La regularización de los trabajadores agrícolas en Michoacán representa uno de los principales retos para las agroindustrias del estado, especialmente para aquellas empresas que buscan mantenerse en los mercados de exportación, señaló Luis Fernando Rodríguez Vera, director general de MERGEN Soluciones Jurídicas.
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos reportara en su informe 2025 que más de 250 mil familias laboran en condiciones precarias dentro del sector agrícola, Rodríguez Vera advirtió que la mano de obra barata sigue siendo la base de hasta el 80 por ciento de la industria en la entidad, donde participan no solo hombres y mujeres, sino también jóvenes y menores de edad.
Explicó que Michoacán, al ser un estado netamente agrícola, depende en gran medida de sectores como el aguacatero en Uruapan, las berries en la zona de Lagunillas, así como la producción de tomate y chile morrón en municipios como Tanhuato y Yurécuaro, donde también existe una fuerte presencia de migración interna de trabajadores provenientes de estados como Chiapas y Jalisco.
Ante este panorama, destacó que las empresas exportadoras estarán obligadas a demostrar que operan dentro de la formalidad laboral si desean continuar enviando sus productos al extranjero.
Detalló que la Secretaría del Trabajo ya impulsa un esquema de certificación mediante el cual las agroindustrias deberán entregar su base de datos de trabajadores para ser verificadas. En caso de no cumplir con la regularización, podrían enfrentar bloqueos comerciales inmediatos, incluso con pedidos ya programados para exportación.
Rodríguez Vera subrayó que esta exigencia no solo alcanzará a las empresas principales, sino a toda su cadena de proveeduría, incluyendo fabricantes de etiquetas, cajas de cartón, empresas de control de plagas y demás servicios relacionados.
Aunque consideró positiva esta medida para combatir la explotación laboral y garantizar mejores condiciones para los jornaleros, reconoció que también representa una carga importante para los patrones, especialmente para pequeños y medianos empresarios que podrían considerar cerrar operaciones por los altos costos de cumplimiento.
