La reforma surge en medio de múltiples denuncias registradas en municipios michoacanos, una práctica que ha sido utilizada bajo el argumento del control poblacional de perros y gatos
Los presidentes municipales que promuevan, permitan o ejecuten acciones de envenenamiento contra animales podrán enfrentar penas de prisión, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma para endurecer las sanciones contra esta práctica.
La modificación al artículo 56 de la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán fue presentada durante la sesión de este miércoles por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, a propuesta del diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La reforma surge en medio de múltiples denuncias por envenenamientos masivos registrados en municipios michoacanos, una práctica que ha sido utilizada bajo el argumento del control poblacional de perros y gatos.
De acuerdo con el legislador, casos documentados en Paracho, Pátzcuaro y Janitzio reflejan la falta de mecanismos humanitarios para el manejo de la fauna, además de generar molestia e indignación entre la ciudadanía.
“En Michoacán, si bien se han logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas que resultan incompatibles con los principios de trato digno y humanitario establecidos en nuestra legislación. Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no solo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades”, sostuvo.
Magaña de la Mora señaló que la legislación ya contemplaba sanciones para particulares, sin embargo, ahora también se establece una responsabilidad directa para autoridades municipales y estatales que recurran a estas acciones.
El diputado destacó que los tóxicos empleados para matar animales generan daños colaterales severos, pues pueden afectar a otras especies, incluida fauna silvestre, así como a personas que entren en contacto con estas sustancias.
Tras la aprobación de la reforma, quedó prohibido sacrificar animales mediante venenos, sustancias tóxicas o cualquier procedimiento químico que les provoque sufrimiento o agonía, incluso cuando se argumenten motivos sanitarios, control poblacional, festividades o usos y costumbres.
El legislador ecologista puntualizó que los ayuntamientos deberán sustituir estas prácticas por estrategias responsables, entre ellas programas de esterilización y control ético de la fauna.
Organizaciones animalistas han identificado a Paracho, Quiroga, Tzintzuntzan, Maravatío, Puruándiro, Tlalpujahua, Pátzcuaro, Indaparapeo, Huetamo y Apatzingán como algunos de los municipios con más denuncias por envenenamientos masivos de animales.
