El dictamen desató una confrontación política de más de una hora en la que predominó el cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición
Tras un intenso intercambio de señalamientos, el Congreso del Estado avaló con 25 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención la reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución federal, en lo que fue denominado por sus impulsores como el “Plan B” de la Reforma electoral.
El dictamen, impulsado desde la Comisión de Puntos Constitucionales, desató una confrontación política de más de una hora en la que predominó el cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición.
La diputada Belinda Iturbide centró sus críticas en la falta de claridad administrativa dentro del Congreso, al señalar que no existe certeza sobre la plantilla laboral, los llamados “aviadores” ni el gasto individual de los legisladores.
Aseguró que, pese a sus solicitudes reiteradas, la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo ha negado dicha información.
En oposición al proyecto, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, advirtió que la reforma tendrá efectos directos únicamente en los congresos de Baja California y Michoacán, los cuales figuran entre los más caros del país.
Del lado oficialista, el diputado Juan Pablo Celis Silva defendió la iniciativa al sostener que busca erradicar privilegios de élites políticas, en un contexto —dijo— donde se registran avances en materia de seguridad.
Asimismo, la diputada Gulianna Bugarini Torres acusó a la oposición de añorar un modelo político que beneficiaba a las élites partidistas, particularmente al “PRIAN”, al que responsabilizó de frenar políticas de austeridad.
“Esta reforma hoy nos da mucho gusto, porque se termina el control que tenían las cúpulas. Entendemos el anhelo que tienen, pero afortunadamente es lo último que le queda al bastión del conservadurismo, se está acabando porque nosotros escuchamos a la ciudadanía. Esta es una demanda social para dejar atrás una política rancia, caduca y vieja”, afirmó.
Además, sostuvo que actualmente los recursos públicos se destinan a programas sociales, en contraste con prácticas anteriores como gastos en seguros privados y beneficios excesivos, los cuales —dijo— se incrementaron durante gobiernos pasados.
Durante la discusión, legisladores de la Cuarta Transformación insistieron en que la negativa del “PRIAN” responde a la intención de conservar privilegios políticos y económicos.
