Presentan iniciativa para crear el delito autónomo de violencia escolar y endurecer sanciones por hechos que atenten contra la vida y la integridad corporal
El Congreso del Estado analiza una reforma que busca ampliar el catálogo de conductas relacionadas con la violencia escolar para fortalecer la investigación del delito y evitar que las instituciones educativas evadan responsabilidades cuando las agresiones ocurren dentro o en los alrededores de los planteles.
La iniciativa, presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, propone modificar el artículo 178 del Código Penal para crear el delito autónomo de violencia escolar y endurecer las sanciones por hechos que atenten contra la vida y la integridad corporal en el entorno educativo.
Uno de los principales cambios consiste en que las escuelas públicas y privadas ya no podrán deslindarse cuando los actos de bullying ocurran en las inmediaciones del plantel, práctica que actualmente es frecuente al argumentar que los hechos sucedieron fuera de sus instalaciones.
El proyecto establece penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa para servidores públicos, docentes, personal administrativo o directivo que participen en estos hechos o que, teniendo la obligación de impedirlos, permanezcan omisos, sin perjuicio de las sanciones adicionales por delitos como lesiones, amenazas o ataques al pudor.
También prevé que, cuando exista omisión por parte de quienes tienen el deber garante, la pena aumente hasta en una mitad, además de imponerse la destitución e inhabilitación del cargo, empleo o comisión por un periodo equivalente al de la pena de prisión.
La propuesta busca impedir que maestros y directivos ignoren las denuncias presentadas por estudiantes o padres de familia relacionadas con casos de acoso escolar.
Asimismo, contempla que jueces especializados cuenten con un tipo penal autónomo para aplicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, permitiendo imponer medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, entre ellas terapias cognitivo-conductuales, reubicación escolar y reparación del daño para adolescentes agresores.
La reforma también incorpora el artículo 178 Quinquies para sancionar a los adultos que formen parte de la dinámica escolar, incluidos padres de familia y docentes, cuando incurran en el delito autónomo de violencia escolar.
Las penas privativas de la libertad y las multas previstas en esta disposición serán aplicables únicamente a personas mayores de 18 años.
