Además se les prohibirá no poder tramitar licencias de conducir, concesiones o permisos de transporte, e incluso contempla informar a futuros contrayentes si alguna de las partes se encuentra inscrita como deudora
El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla respaldó la propuesta legislativa que impediría a deudores alimentarios acceder a cargos de elección popular, al considerar que representa “un gran avance” dentro del Plan Michoacán para Mujeres y Niñas.
Durante su intervención, el mandatario estatal explicó que la iniciativa ya comenzó a circular entre diputados locales y establece que, además de presentar cartas de no antecedentes penales estatales y federales, quienes aspiren a contender por un cargo público deberán tramitar una constancia de no deudor alimentario.
“Quien no la obtenga no podrá ser candidato ni a regidor, ni a pluri, ni a nada de eso”, sostuvo Bedolla, al señalar que respalda plenamente la propuesta impulsada desde el Congreso del Estado.
El gobernador anticipó que el tema generará debate legislativo en los próximos días, aunque consideró acertada la decisión tomada por la comisión encargada de revisar la reforma.
Asimismo, informó que la iniciativa enviada al Congreso local es una de las más completas del país, ya que además de impedir que personas deudoras alimentarias sean candidatas, también les prohibiría ocupar cargos públicos, tramitar licencias de conducir, concesiones o permisos de transporte, e incluso contempla informar a futuros contrayentes si alguna de las partes se encuentra inscrita como deudora alimentaria.
Ramírez Bedolla destacó que más de 25 mil niñas, niños y adolescentes en Michoacán serían beneficiados con esta reforma, al fortalecerse los mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus derechos alimentarios.
El paquete legislativo contempla modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos estatales, con el objetivo de que jueces y magistrados reporten movimientos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y endurecer las sanciones por incumplimiento, que pasarían de tres a cinco años de prisión, además de multas de entre 100 y 400 días de salario.
De acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en Michoacán se registraron más de 10 mil deudores alimentarios entre 2021 y 2024.
