El primer incidente que desató esta ola de violencia política fue la desaparición de José Israel Vargas Jerónimo, del partido “Más Michoacán”, el 2 de enero.
Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, sumiendo a sus familiares y comunidad en la incertidumbre.
Entre los asesinatos registrados se encuentra el de Miriam Ríos Ríos, comisionada de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Jacona, así como el de Karla Herrera, presidenta del comité municipal en Ario de Rosales del Partido Encuentro Solidario (PES), perpetrado en el Estado de México.
Además, dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, el primero de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el segundo del Partido Acción Nacional (PAN), fueron ejecutados a balazos en menos de 12 horas en hechos separados.
La violencia también alcanzó a servidores públicos, con el asesinato del tesorero municipal de Senguio, Javier Miranda, y de la comisaria regional de Seguridad Pública en Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, junto con dos de sus escoltas.
Se reportó también la desaparición del regidor panista, Arnulfo García Figueroa, mientras que, el pasado fin de semana, el presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, fue asesinado en una taquería de la capital del Estado.
En un giro de los acontecimientos, María Doddoli, expresidenta municipal de Uruapan y consejera vitalicia del blanquiazul, sobrevivió a un ataque armado en su hogar, convirtiéndose en la única sobreviviente entre los diez perfiles afectados por la violencia política.
A pesar de esta escalofriante cifra, el gobierno del Estado, asegura que, existen las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral, desafiando las preocupantes estadísticas y ofreciendo garantías para la participación ciudadana en la contienda.
