Consideran que el envenenamiento requiere tratamiento específico y agravantes debido a la crueldad que implica y posibles consecuencias para la población
El envenenamiento de perros, gatos y otras especies no solamente provoca la muerte de animales, también puede poner en peligro la vida de las personas.
Bajo ese argumento, la diputada Gulianna Bugarini Torres presentó una iniciativa para establecer sanciones específicas contra esta práctica en Michoacán.
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado propuso adicionar el artículo 309 Bis al Código Penal estatal.
La reforma contempla castigar tanto el envenenamiento consumado como la colocación o suministro de sustancias tóxicas con la finalidad de matar o causar lesiones a los animales.
El proyecto también considera agravantes en caso de que se registren muertes múltiples, exista peligro concreto para las personas, los hechos ocurran en espacios de concurrencia pública o se contaminen elementos del entorno que representen un riesgo sanitario.
La legisladora explicó que el artículo 309 del Código Penal ya contempla sanciones penales, incluso prisión, por maltrato y crueldad animal.
No obstante, consideró que el envenenamiento requiere un tratamiento específico y agravantes debido a la extrema crueldad que implica y a sus posibles consecuencias para la población.
La dimensión del problema también fue expuesta a partir de estadísticas de asociaciones protectoras de animales, que estiman que más de 3 mil ejemplares de distintas especies mueren anualmente en Michoacán por envenenamientos provocados por la mano del humano.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra el fallecimiento de un niño de seis años en marzo de 2025, en Uruapan, luego de consumir pan contaminado con veneno para ratas.
Este caso evidencia que el uso de sustancias tóxicas no representa únicamente una amenaza para los animales.
Además, en diferentes municipios de la entidad se han reportado envenenamientos masivos que terminan con la vida de perros y gatos, así como de otras especies, entre ellas aves que descienden para buscar alimento y consumen productos contaminados.
Bugarini sostuvo que la respuesta institucional debe contemplar distintas acciones para evitar estos hechos y atender sus consecuencias.
“La respuesta debe ser integral prevención, educación, esterilización, atención veterinaria, tenencia responsable, vigilancia y, cuando corresponda, investigación y sanción conforme a derecho”, manifestó.
La iniciativa pretende establecer herramientas legales más específicas para sancionar a quienes recurran al envenenamiento, además de considerar los daños que estas sustancias pueden ocasionar en espacios públicos y en el entorno.
Con ello, la legisladora busca reforzar la protección de los seres sintientes y prevenir que estas prácticas pongan en riesgo también a la población.
