Diversas dependencias correspondientes al periodo en que encabezó el Gobierno de Michoacán sí son objeto de investigaciones
Aunque el Gobierno de Michoacán y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han realizado diversos señalamientos públicos sobre la presunta corrupción durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no tiene abierta ninguna carpeta de investigación en contra del exmandatario estatal.
Así lo dio a conocer la titular de la Unidad Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marisol Sánchez Zamudio, quien respondió a los cuestionamientos de los medios respecto a posibles investigaciones por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos y supuestos vínculos con la delincuencia organizada atribuidos al exgobernador, actualmente prófugo de la justicia.
«En lo que respecta al caso de Silvano Aureoles Conejo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no tiene ninguna carpeta abierta contra él», manifestó.
La funcionaria añadió únicamente que diversas dependencias correspondientes al periodo en que Aureoles Conejo encabezó el Gobierno de Michoacán sí son objeto de investigaciones.
Posteriormente fue cuestionada sobre la posibilidad de excusarse de intervenir en asuntos relacionados con esa administración, debido a que formó parte del gabinete estatal al desempeñarse en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada entonces por Juan Bernardo Corona, quien también enfrenta diversas acusaciones y permanece prófugo de la justicia.
Sánchez rechazó esa posibilidad y aseguró que no existe conflicto de interés, al sostener que su trayectoria dentro del servicio público comenzó desde los 18 años.
Durante la entrevista, la titular de la Unidad Especializada respondió de manera breve y evitó abundar sobre el tema, pese a la insistencia de los representantes de los medios de comunicación por conocer el estado de posibles investigaciones.
Cabe recordar que Silvano Aureoles Conejo enfrenta señalamientos por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos, además de órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y tortura, relacionados con la comunidad indígena de Arantepacua.
