El vocero del organismo, señaló que existen focos rojos que se han agravado durante los últimos días y demandó establecer una mesa de trabajo con las autoridades
La permanencia de hechos violentos en comunidades indígenas demuestra, desde la perspectiva del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que el Plan Michoacán no ha logrado garantizar seguridad ni justicia para los pueblos originarios.
Pavel Guzmán Uliánov, vocero del organismo, señaló que existen focos rojos que se han agravado durante los últimos días y demandó establecer una mesa de trabajo con las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia.
“Desde el inicio de su periodo como funcionario nunca se ha sentado con los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, y hace falta, también urge, una mesa de trabajo con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado y con la Fiscalía, ya que ha habido focos rojos que se han recrudecido en los últimos días”, manifestó.
En particular, exigió que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dialogue directamente con las comunidades indígenas para conocer sus necesidades y demandas en materia de seguridad.
El dirigente indígena puso como ejemplo la situación de San Miguel del Monte, comunidad perteneciente al municipio de Morelia, donde recientemente una persona fue ejecutada y otro comunero sufrió una agresión a manos de un comando.
La situación resulta aún más preocupante, sostuvo, debido a que las autoridades ya habían asumido el compromiso de establecer una base de seguridad interinstitucional en la zona.
Aunque dicha base llegó a instalarse, posteriormente fue retirada.
Por ello, los habitantes no descartan movilizarse para demandar su reinstalación.
El CSIM también planteó la necesidad de establecer bases de seguridad en Opopeo y Ocumicho, al considerar que se requiere una presencia institucional permanente para atender los problemas que enfrentan estas comunidades.
Guzmán Uliánov reconoció que existen casos en los que las autoridades sí han atendido los compromisos.
Citó como ejemplo a Santa Fe de la Laguna.
Sin embargo, cuestionó que la estrategia no tenga continuidad en otros puntos, pues, según señaló, las autoridades instalan las bases de seguridad durante un periodo y posteriormente las retiran.
Para el CSIM, esta dinámica impide consolidar condiciones permanentes de seguridad y deja nuevamente a las comunidades indígenas en una situación de vulnerabilidad.
