Las detenciones por aspecto físico son propias de los estados absolutistas, en los que el marco jurídico sólo se utiliza para justificar las violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en la ciudad de Morelia, afirmó la diputada Adriana Hernández, quien exigió un alto a esas acciones ilegales.
Durante una entrevista con medios de comunicación que la abordaron en La Piedad, la legisladora por ese distrito deploró que las autoridades hayan detenido a jóvenes, privándolos de su libertad, única y exclusivamente porque “parecen” drogadictos. En ese sentido consideró plausible la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y destacó la importancia de conservar el estado de derecho.
Ante la falta de inteligencia para atacar de fondo el fenómeno de la delincuencia, puntualizó que han optado por lanzar la red con la esperanza de atrapar a algún delincuente y tratar de detener el fenómeno de la farmacodependencia, con medidas que no son las más adecuadas y lo peor, no están permitidas por la ley.
La también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, recordó que a la Ley de Salud sanciona el comercio o suministro de estupefacientes, no así su consumo y faculta al Ministerio Público para que informe al consumidor, sobre la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico, o de orientación para la prevención de la farmacodependencia, pero de ninguna manera se prevé una acción coercitiva.
Consideró que si bien es cierto que las autoridades de seguridad pública están autorizadas para realizar actividades tendientes a la prevención de delitos, sólo están facultadas para imponer sanciones por infracciones administrativas, en cuyo caso el arresto no podrá exceder de 36 horas.
La líder del Gripo Parlamentario del PRI sostuvo finalmente que los esfuerzos por abatir la farmacodependencia deben ser integrales, dada la multiplicidad de factores que influyen en ella y convocó a intensificar acciones preventivas y establecer políticas públicas que combatan este flagelo, con más recursos que se destinen al tema desde las esferas gubernamentales de la salud.
EXIGEN DETENER REDADAS ILEGALES REALIZADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA
La violación a derechos humanos, es el resultado de las redadas ilegales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, contra personas en su mayoría jóvenes, quienes han sido detenidos por su apariencia física, afirmó el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán, al exigir al Gobierno Estatal intervenir y frenar estas acciones ilegales propias de los regímenes dictatoriales y autoritarios.
El diputado del PRI y presidente de la comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, demandó al Gobierno Estatal intervenir y acabar con estas acciones que se alejan de toda estrategia de seguridad, y violan los derechos humanos de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
“Por la simple apariencia de su vestir, en días pasados más de 300 jóvenes fueron detenidos en diversas colonias de Morelia, sin contar con orden de aprehensión ni estar cometiendo delito alguno, solo por su apariencia fueron llevados a la barandilla de Policía y Tránsito del Estado, luego trasladados a las instalaciones del antiguo centro de readaptación Francisco J. Múgica donde supuestamente serían integrados a un programa de rehabilitación, sin que se conozcan los protocolos de salud para este propósito”, dijo el diputado tricolor.
Asimismo el diputado Mario Armando Mendoza informó que a los afectados fueron concedidas 20 suspensiones de esta acción a través de amparo ordenando su libertad y las autoridades no han atendido esta resolución incurriendo en desacato. “Están violando la orden de más de 20 amparos que ya les conceden la libertad, en un verdadero atropello de la justicia y del Estado de Derecho”, afirmó el legislador.
Agregó que estas acciones implementadas por las áreas de seguridad, violaron sus más elementales derechos humanos, se les privó de su libertad y fueron aislados sin que sus familia supieran de ellos durante varios días, lo que calificó como arbitrario y fuera de la ley.
“Esto solo ocurre en los peores regímenes dictatoriales, no puede ser que en Michoacán la autoridad cometa estas detenciones arbitrarias. Hago un enérgico llamado para que el Gobernador del Estado tome cartas en este asunto y se proceda contra los funcionarios que ordenaron estas detenciones , a nadie se puede privar de su libertad sin más argumento que incorporarlos a un programa sin su consentimiento, ni el de las familias”, afirmó el diputado.
El diputado del PRI celebró la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin embargo, dijo, no es suficiente, y reiteró que es necesario que el Gobernador del Estado, intervenga. Dio un voto de confianza en que el mandatario estatal hará lo necesario para corregir esta arbitrariedad , de lo contrario advirtió serán señalados como violadores de derechos humanos, ante una acción que no tiene precedentes en Michoacán.
PROPONEN REUNIONES UNIDAS CON MAYOR CONSENSO, PROPONE MIGUEL ÁNGEL VILLEGAS
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Villegas Soto, consideró que las reuniones de comisiones unidas deben contar con el mayor consenso posible y que por ello es necesario clarificar lo que al respecto señala la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado en su artículo 65.
Por ello, y por medio de una Iniciativa que en breve presentará ante el Pleno del Congreso local, el legislador panista propone que el quórum requerido para que una reunión de comisiones unidas sea válida, deberá ser del 50 por ciento más uno de cada una de las comisiones convocadas.
“El Congreso del Estado requiere tener reglas claras para el ejercicio de su atribución constitucional, pues las decisiones que toma, cuando actúa a través de sus comisiones, revisten tal importancia que deben contar con el mayor consenso posible”, manifestó Villegas Soto.
Es de señalar que, de aprobarse dicha reforma, se daría congruencia a lo que señala el Reglamento de Comisiones y Comités del Congreso del Estado, toda vez que en su artículo 33 establece que “para la aprobación de cualquier dictamen de comisiones unidas, se requerirá la anuencia de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones dictaminadoras”.
