Como parte de un paquete de modificaciones que pretende actualizar cerca del 35 % del Código Electoral de Michoacán
El Congreso del Estado analiza una reforma que permitiría declarar la nulidad de elecciones cuando un candidato sea asesinado, como parte de un paquete de modificaciones que pretende actualizar cerca del 35 por ciento del Código Electoral de Michoacán, vigente sin cambios desde 2014.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la 76 Legislatura, Diana María Espinoza Mercado, informó que la propuesta incluye modificaciones a 61 artículos y nuevas disposiciones relacionadas con violencia política, violencia de género y legalidad electoral.
Durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, la diputada señaló que las adecuaciones forman parte de la Reforma Electoral Michoacán 2026 con miras al proceso electoral de 2027.
La legisladora precisó que aún continúan las discusiones entre las distintas fuerzas políticas sobre la aplicación de la nulidad de la elección en casos donde un aspirante sea asesinado en determinado municipio, por lo que el tema todavía no queda definido en su totalidad.
“Nuestro deber es garantizar un proceso electoral limpio, participativo y apegado, sobre todo, a la legalidad, para así mismo fortalecer la confianza de la población michoacana en nuestras instituciones”, declaró.
La propuesta también contempla acciones para enfrentar la violencia política de género y la violencia digital, además de garantizar paridad, justicia electoral y participación de grupos vulnerables.
En temas de seguridad electoral, se prevé establecer nuevas causales de nulidad de casillas cuando exista intervención de grupos criminales o hechos violentos durante la jornada electoral.
Asimismo, se ampliaría el catálogo de responsabilidades e infracciones y se regularían conductas relacionadas con candidaturas judiciales, manteniendo como requisito la carta de antecedentes no penales.
Dentro de las medidas de paridad y combate a la violencia, se plantea negar candidaturas a personas con antecedentes de violencia política de género, violencia vicaria o adeudos alimentarios, así como incorporar la iniciativa conocida como “8 de 8 contra la corrupción”.
