Michoacán amaneció el 14 de agosto de 2025 con una proclama triunfal: se anunciaba que la entidad había logrado la mayor disminución porcentual del rezago educativo en México entre 2022 y 2024, una reducción de 3.2 puntos porcentuales, que, de acuerdo con el comunicado, superaba los logros de Querétaro (3.1) e Hidalgo (2.0); como si esas cifras constituyeran un hito de una política educativa profundamente transformadora.
Sin embargo, tan elegante proclamación merece un escrutinio sereno, una lectura honesta de los datos, no solo de su protagonismo, sino también de lo que oculta.
El propio INEGI, fuente de estos resultados, aclara que solo cinco entidades lograron disminuciones estadísticamente significativas, y aunque Michoacán aparece entre las caídas más grandes en términos porcentuales, nunca se aclaró si al facultar a ese criterio, reduciendo su rezago, supera la prueba estadística. Esa omisión transforma lo que podría haber sido un dato sólido, una proeza medible, en pura propaganda.
Más allá de ese detalle técnico está la evidencia más persistente: Michoacán sigue entre los estados con mayor rezago educativo del país. En 2024, el 25.8 por ciento de su población se encontraba en esta condición —es decir, unas 1 270 000 personas— colocándola apenas por debajo de Chiapas (34.0 %), Oaxaca (30.2 %), Guerrero (28.3 %) y Veracruz (26.3 %). En contraste, el promedio nacional fue de 18.6 %, una diferencia que convierte incluso este “avance” en una herida mal vendida. La reducción misma, de 3.2 puntos, parece mínima si pensamos en los casi 30 puntos iniciales y en la magnitud estructural del problema.
El rezago educativo, como lo mide el INEGI en su índice de pobreza multidimensional, no evalúa aprendizajes, calidad, rendimiento escolar ni logros académicos: es una carencia social que mide si una persona no completó la educación obligatoria en la edad esperada.
Así, mejorar ese indicador no implica necesariamente que haya más escuelas, mejores maestros o que los estudiantes aprendan más. Factores externos —cambios demográficos, migración, mortalidad— pueden mover ese número sin que la educación, como derecho y práctica, haya avanzado un centímetro.
Este dato se torna particularmente ominoso en Michoacán, precisamente por la magnitud de la violencia y su impacto demográfico. Entre 2020 y 2024, se registraron 10 798 homicidios dolosos en la entidad, frente a apenas 1 095 en Querétaro: una diferencia brutal de 9 703 muertes violentas.
Si consideramos que la ventaja porcentual en reducción del rezago entre un estado y otro es apenas 0.2 % —equivalente, según cálculos, a unas 28 200 personas—, esa cifra de homicidios ya empuja la explicación del supuesto “logro” estatal.
Bastaría con que esas muertes fueran, en gran parte, de personas en situación de rezago para neutralizar cualquier mérito educativo. Y ese parece ser el caso: en 2024, de las 1 632 víctimas de homicidio de ese año, 823 tenían más de 15 años y no habían concluido la secundaria: el 54.28 %. En 2023, esas cifras representaron el 56.75 % (962 personas); en 2022, el 59.45 % (1 251 personas).
A eso se suman las personas desaparecidas: 854 en 2020, 254 en 2021, 419 en 2022, otros 799 en 2023 y 854 más en 2024. Muchas de esas personas estaban en rezago educativo, y sin duda, todas representan vidas truncadas y estadísticas que se esfuman del conteo.
Durante la pandemia, ese efecto se agudizó: Michoacán registró 8 mil 713 muertes oficiales por COVID-19 y, solo en 2020, un exceso de mortalidad de 7 mil
949 personas. Estudiosos del tema han documentado que hasta el 71 % de quienes murieron por COVID no habían completado la educación básica, y la mayoría era gente entre 40 y 69 años. Cuando esas personas mueren, dejan de contarse, y el rezago desciende sin que ninguna escuela haya mejorado.
El espejismo se revela aún más claro si revisamos los componentes específicos del rezago, los que el INEGI publica y los comunicados evitan:
- Michoacán ocupa el séptimo lugar nacional en inasistencia de menores de 3 a 15 años: 110 400 niños fuera de la escuela.
- Michoacán se encuentra en el sexto lugar en la inasistencia de la población de 16 a 21 años: 197 900 jóvenes.
- Nuestra entidad federativa ocupa el tercer lugar en la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no tiene educación obligatoria: 18.9 %. En 2022, era el segundo estado con el mayor porcentaje de personas de 22 años o más que no habían completado la media superior: 51.0 %; en 2024 bajó al tercer lugar con 47.9 %.
- Este estado está en el quinto lugar en personas de 16 años y más sin secundaria completa: 24.7 %, y también el quinto en personas mayores sin primaria completa: 31.5 %.
- Michoacán es el cuarto lugar en inasistencia escolar, el 9.6 % de las niñas y niños de 3 a 15 años no van a clases
- Y, entre los jóvenes de 16 a 21 años, el 59.9 % sigue fuera del sistema educativo (el tercer peor registro del país).
Mientras tanto, en vísperas del Día Internacional de la Juventud, en lugar de implementar acciones para atender esas alarmas, la autoridad estatal organizaba un concierto, como si un show musical paliara la ausencia de escuelas, becas, tutores o infraestructura básica.
El propio Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021–2027 plantea como meta reducir ese rezago, pero sus objetivos son casi bibliográficos y poco ambiciosos. El plan hablaba de avanzar desde un rezago de cerca del 29.4 % en 2020 hacia una reducción del “al menos 10 %” sobre ese nivel, lo que colocaría la meta en ese sexenio en apenas alrededor del 26.5 %. Esa meta, tan modesta, fue rebasada hacia el 2024 (aproximadamente 25.7 %), lo que habla más de una baja exigencia de partida que de una política educativa vigorosa y transformadora.
El documento del gobierno también habla de mejorar infraestructura escolar —sanitarios, conectividad, condiciones físicas— y aumentar cobertura; pero ninguna de esas promesas ha sido acompañada por datos públicos claros, auditorías, avances trimestrales o tableros transparentes que muestren “qué, cómo y dónde” se hizo.
Hoy, el rezago educativo en Michoacán no se resuelve con boletines optimistas ni con titulares minimalistas. Exige que se publiquen, de inmediato, los datos desagregados por municipio, por tramo de edad, por nivel educativo, que expliquen si la reducción fue estadísticamente válida y que se muestren las acciones concretas detrás —acciones con tutorías, reingreso, becas condicionadas, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, es una modalidad educativa destinada a personas mayores de 15 años que no han completado su educación básica o media, o que desean continuar aprendiendo a lo largo de la vida, con pertinencia, infraestructura garantizada, refuerzos, evaluación, cobertura. Esta situación exige que se publique el presupuesto transparente por programa y territorio, con auditorías independientes que muestren si el dinero realmente llegó a quien lo necesitaba.
El rezago educativo en Michoacán no se combate con conciertos ni con adornar cifras. Solo puede revertirse con política pública seria, transparente y sustentada en evidencia. La sociedad tiene derecho a exigir datos verídicos, diagnósticos completos, compromisos verificables, que permitan al gobierno demostrar si el derecho a la educación se cumple para todos, o solo se presume.
Salir del rezago educativo no es únicamente un asunto de estadísticas ni un simple escalón en los informes gubernamentales: es una condición fundamental para el desarrollo personal, familiar y colectivo. El rezago educativo imperante significa que miles de miles de personas no han concluido la escolaridad básica que, por ley, es obligatoria. De acuerdo con la cifra actual, ¡se podría llenar 35 veces el Estadio Morelos con las personas que padecen esta severa condición de marginación!
Esto implica una carencia académica, a la vez que, una limitación profunda para acceder a oportunidades laborales dignas, para ejercer plenamente los derechos ciudadanos y para participar de manera informada en la vida pública. Una persona sin educación básica concluida enfrenta mayores barreras para encontrar empleo formal, tiene menos posibilidades de generar ingresos suficientes y, con frecuencia, queda expuesta a la explotación laboral y a trabajos de alta precariedad.
En el plano social, el rezago educativo perpetúa el círculo de la pobreza. Las familias con bajo nivel educativo suelen tener menos acceso a información clave sobre salud, nutrición o servicios públicos, lo que repercute en la calidad de vida de las nuevas generaciones. Además, la falta de formación escolar adecuada se traduce en menor participación cívica: menos capacidad para comprender políticas públicas, menor involucramiento en procesos electorales y, en general, un debilitamiento de la democracia.
La educación no es solo un medio para conseguir empleo; es una herramienta para comprender el mundo y tomar decisiones informadas, defender los propios derechos y cumplir responsabilidades como ciudadanos. En el caso de Michoacán, un estado con enormes desafíos en materia de seguridad, desarrollo económico y cohesión social, mantenerse en rezago educativo significa condenar a una parte importante de la población a la marginalidad y la dependencia.
Exigir a las autoridades que se erradique el rezago educativo es exigir un futuro con más igualdad, más seguridad y más progreso. No se trata de celebrar reducciones porcentuales aisladas, sino de garantizar que cada niña, niño, adolescente y adulto que no ha concluido su educación básica tenga oportunidades reales y efectivas para hacerlo, sin excusas y con el respaldo de programas bien diseñados, con presupuesto suficiente y con resultados verificables.
Los logros y resultados se presumen cuando se ha trabajado. Al día de hoy, amable lector, ¿conoce usted alguna política pública dirigida a la educación de los adultos que se haya conformado en los últimos cuatro años en Michoacán y se esté implementando, con presupuesto estatal? Háganoslo saber.
La educación es la llave que abre todas las demás puertas: sin ella, el desarrollo económico es frágil, la democracia se debilita y la cohesión social se rompe. Por eso, salir del rezago educativo no es solo una meta técnica, sino una causa colectiva que todos, como ciudadanía, debemos exigir con firmeza y sin tregua.
En este estado, donde la vida y la escuela han sido arrebatadas por la violencia, por la pandemia, por la marginación, honrar la educación constituye mucho más que presumir una cifra: significa reconocer cuántas vidas fueron borradas antes de aprender y cuántos niños, adolescentes y adultos aún luchan por volver a contar en ella. Pues acaso solo reconociendo la dimensión real del problema podamos aspirar a garantizar que el derecho a la educación no sea una declaración, sino una promesa cumplida.
¡Merecemos un gobierno educador!
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