Si bien, el Ciclo Escolar 2024 – 2025 ha concluido, es importante tomar los aprendizajes que nos ha dejado colectivamente y aplicar las lecciones para que exista mejora continua, de cara al Ciclo Escolar 2025 – 2026, que iniciará el próximo 1° de septiembre. Es decir, se viven prácticamente seis semanas invaluables de receso escolar, que permitirán a los trabajadores de la educación descansar, reorganizarse y retomar renovados sus actividades profesionales, mientras que los estudiantes tendrán la oportunidad también de recrearse, repasar lo aprendido en el ciclo escolar y realizar actividades formativas.
En cambio, para los funcionarios del sistema educativo estatal corren tiempos en los cuales deben de realizar un rápido y efectivo balance de lo acontecido, diagnosticar las áreas de oportunidad, proponer soluciones a manera de políticas públicas, esquematizarlas, presupuestarlas y ponderar su factibilidad técnica, operativa, social, pedagógica, política y financiera.
Si bien, lo anteriormente dicho implica cientos de horas – hombre de trabajo en escritorio y en consultas participativas con actores clave y expertos, es una ruta inaplazable e ineludible, ya que es importantísimo que se realicen esfuerzos sustantivos en los periodos de asueto por parte del funcionariado estatal, si es que se busca efectivamente marcar un punto de inflexión en la tan inercial historia del sistema educativo michoacano, que, como la propia sucesión de acontecimientos ha demostrado, suele modificarse poco y lentamente, lo que ralentiza enormemente las posibilidades de cambiar las condiciones de acceso, permanencia, aprendizaje y cursado de trayectorias completas para las niñas, niños y jóvenes en la entidad, encontrándose en entredicho la existencia real de oportunidades fehacientes para todos de lograr culminar una carrera universitaria, lo cual lograrán, de acuerdo con las estadísticas vigentes de hoy, menos de la cuarta parte del un millón 267 mil estudiantes que estuvieron matriculados durante el ciclo escolar recién concluido.
Partamos del hecho de que, este ciclo recién finalizado contuvo altas expectativas por parte de los funcionarios educativos en la nación y en el estado, ya que constituiría el primero en contar con los programas y materiales educativos del modelo vigente, denominado Nueva Escuela Mexicana. Lo anterior fue incorporado en el corazón de la narrativa oficial, por lo cual, prácticamente cada paso dado en cuanto a la distribución de libros de texto gratuitos, la realización de sesiones de Consejo Técnico Escolar, los encuentros, reuniones y visitas con funcionarios federales y hasta el pago de las quincenas de los trabajadores de la educación constituyeron materia para la elaboración y difusión de comunicados y boletines en los medios masivos de comunicación, así como en los portales electrónicos oficiales de las dependencias educativas.
Incluso, en decenas de ocasiones durante este periodo de clases se colocaron espectaculares y anuncios en gran formato en toda la geografía michoacana, en aras de comunicar muy enfáticamente los pasos dados en seguimiento a los lineamientos federales, con la intención de mostrar coordinación, alineación y articulación con el orden federal del poder ejecutivo.
Desde lo local hubo pocos matices, pero fueron claros. En la entidad, se fijó como alto objetivo alcanzar un ciclo escolar completo -el tercero, en boca de las autoridades educativas-, algo que sucede en la gran mayoría de las entidades federativas desde hace muchas décadas, pero que en Michoacán de Ocampo constituiría una excepción.
Ahora, diez meses después, la autoridad, en el marco del cierre del ciclo escolar habla de que “Michoacán hace historia en la educación”, lo cual es parcialmente cierto, porque efectivamente, cada paso que se da en la vida tiene eco en la eternidad. Visto desde un enfoque muy particular, todo lo que hacemos es parte de nuestra historia. Lo que debemos de reflexionar y elegir es de qué lado de la historia deseamos estar y cómo queremos ser recordados, especialmente cuando tenemos responsabilidades públicas qué honrar y cumplir. Por ello, es momento también de introspección y de pensar cómo superar las situaciones que impidieron la vivencia plena de los derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas, conviviendo en espacios dignos y libres de violencia, discriminación y acoso.
Así también, se habló de justicia laboral, promoviéndose que más de diecisiete mil trabajadores de la educación han resultado beneficiados de estabilidad laboral, de la recepción de formatos únicos de personal, permutas, promociones verticales y jubilaciones; sin que a la fecha haya evidencias públicas ni un padrón de todos aquellos integrantes del magisterio estatal que, de acuerdo con la autoridad han sido recipiendarios de estos actos administrativos por parte de la parte patronal. Por el contrario, tanto la falta de respaldo en redes sociales como la serie de reclamos que se dan por parte de trabajadores de la educación que no han sido agraciados aún con los beneficios discursados adicionan cuestionamientos a las medidas que carecen de soporte documental y de evidencias públicas para soportar la narrativa oficial.
En lo pedagógico, muy poco se avanzó, pero se hicieron decenas de encuentros y eventos especiales con trabajadores de la educación, en donde la inmensa mayoría acudió en calidad de espectador. La formación continua y la actualización docentes, tan necesarias en un ciclo escolar donde se ponía en ejecución por primera ocasión un nuevo modelo educativo llegaron a cuentagotas, por lo cual los maestros terminaron poniéndose de acuerdo entre ellos y cerrando los vacíos de manera colegiada, llenando los vacíos que la autoridad federal generó al respecto.
Aunque se habla en los comunicados oficiales de un ciclo escolar “sin interrupciones”, sin dejar de reconocer el esfuerzo que se hizo al respecto en cientos de planteles escolares, ni tampoco los esfuerzos de las autoridades, también es cierto que un gran cúmulo de incidencias macularon el ciclo escolar y la intención no logró materializarse plenamente.
De las incidencias se ha escrito en este mismo espacio, clasificándolas y proponiendo medidas para controlar y aminorar riesgos, así como para reforzar las vulnerabilidades de la infraestructura, procesos y recursos del sistema educativo estatal, en aras de lograr que el Ciclo Escolar 2025 – 2026 sea completo en toda la extensión de la palabra.
En el análisis de los factores que impidieron el ejercicio pleno de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad encontramos que principalmente tienen relación con infraestructura, equipamiento y conectividad, con problemáticas de transporte y de movilidad, razones socioeconómicas, circunstancias socioemocionales y de salud, ya sea propias o de la familia, así como costos de oportunidad respecto a tener que colaborar en la familia, trabajar o coadyuvar con problemáticas familiares o comunitarias, sin dejar de subrayar las razones culturales, donde ejercer los derechos educativos, matricularse y concluir una trayectoria educativa completa no está normalizado e incluso, puede llegar a estar estigmatizado, mientras que siguen existiendo las barreras de inclusión, tanto para las personas con discapacidad como para los grupos vulnerados, que por razones de género, étnico, de idioma, etarias o culturales son abiertamente discriminadas, a la par que continúan haciendo presencia las barreras de aprendizaje y la participación escolar, aunadas a las incidencias o eventualidades que hemos reportado en otras entregas, entre las cuales mencionamos las que se observaron en el ciclo escolar recién concluido, como climatológicas, sismológicas, siniestros, accidentes, fenómenos delincuenciales, asesinatos, tiroteos, cierre de vialidades por la delincuencia, conflictos gremiales o sindicales, falta de maestros y trabajadores de la educación, daños en la infraestructura, situaciones administrativas, cuestiones de salud pública, eventos relacionados con obra pública mal planeada que termina coartando la regularidad educativa y protestas ciudadanas, entre otros factores.
El arropamiento necesario para conjurar riesgos y vulnerabilidades conlleva atisbar una mirada a metodologías muy robustas al respecto, como las del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), donde han conformado todo un marco normativo para la prevención de desastres en los municipios, que hace falta ser aplicada con el rigor debido, extrapolar y detallar este enfoque hacia los derechos educativos, para evitar que haya incidencias en el sector educativo, de tal manera que los días efectivos de clases no resulten afectados para ninguna niña, niño o joven.
Al respecto, el producto es denominado Atlas de Riesgos y tiene como finalidad hacer una lectura profunda y sistemática de las condiciones que imperan en un municipio, entidad o país respecto a la posibilidad de sufrir un desastre.
De acuerdo con el portal electrónico de CENAPRED, un Atlas de Riesgos es un sistema de información que recopila y analiza datos sobre fenómenos peligrosos (naturales o causados por el hombre) que pueden afectar a una zona determinada, junto con la vulnerabilidad de la población y la infraestructura ante estos fenómenos. En esencia, es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y gestionar los riesgos para la población y el territorio.
Un Atlas de Riesgos incluye información sobre peligros como terremotos, inundaciones, deslaves, incendios forestales, tormentas, entre otros. También recopila información sobre la vulnerabilidad de la población, como la densidad de población en zonas de riesgo, la calidad de las construcciones, la disponibilidad de servicios de emergencia, etc.
La información recopilada se analiza para determinar la probabilidad de ocurrencia de cada peligro, la magnitud de los posibles daños y la exposición de la población y la infraestructura.
Los datos se representan en mapas, gráficos y tablas, lo que permite visualizar la información de manera clara y accesible para la toma de decisiones.
Este enfoque, correctamente extrapolado al sector educativo ayudaría grandemente a evitar que los riesgos se conviertan en realidades, pero, a decir de la CEDH en Michoacán, solo el 15 por ciento de los municipios cuentan con uno, en materia de desastres. Mucho trabajo hay que hacer al respecto y, posteriormente enfatizar la prevención de incidencias en el sector educativo.
Sin duda, contar con un centro estatal de prevención de incidencias en el sector educativo, con personal, un centro de inteligencia y recursos disponibles para actuar inmediatamente en aras de lograr un ciclo escolar completo sería disruptivo, a la par que materializaría las buenas intenciones que hoy se leen en la narrativa del gobierno estatal en relación con seguir aspirando a construir ciclos escolares completos.
Por supuesto, controlar riesgos, vulnerabilidades y disminuir incidencias, mejorando las condiciones de los factores que inciden en el ejercicio de los derechos educativos son pasos importantes; pero todavía queda la gran Caja de Pandora por destaparse, analizarse, diagnosticarse y mejorarse: la de los aprendizajes.
Michoacán ha sido abiertamente omiso en hablar de aprendizajes durante la actual administración estatal, mucho más aún, en evaluarlos y difundirlos, para conocer cual es el nivel de aprendizaje de cada estudiante en la entidad federativa y generar una ruta de mejora individualizada para cada niña, niño o joven.
Es hora de pensar en soluciones estructurales. El ciclo escolar 2025-2026 debe ser, por fin, el ciclo escolar completo que los hijos de Michoacán se merecen. No hay tiempo que perder.
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