Representa una seria amenaza a los Derechos Humanos, por lo que urgen principios de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, ya que carece de control democrático

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana en México, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, enfatizó que “toda política pública debe sujetarse irrestrictamente a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica, sin un marco jurídico sólido y transparente, representa una seria amenaza a los derechos humanos de millones de personas en México”.

Fierro Hernández, doctor en derecho, denunció que este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.

“Nos alarma que el Estado mexicano, que no ha sido capaz de proteger sus propias plataformas institucionales, ahora pretende centralizar los datos biométricos de toda la población, sin asumir con seriedad la responsabilidad que ello implica. No existen aún garantías plenas ni marcos legales específicos para asegurar su uso lícito y protegido”, denunció.

Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante el sexenio anterior se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.

“No se puede hablar de transformación digital ni de modernización si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. La experiencia del caso “Guacamaya” en 2022 nos deja claro que ni las fuerzas armadas fueron capaces de salvaguardar información crítica y de seguridad nacional”, subrayó.

El defensor del pueblo enfatizó que, bajo el actual mandato presidencial, se corre el riesgo de que las digitales gubernamentales —sin contrapesos legales— se conviertan en instrumentos de control y vigilancia ciudadana. Alertó que esto podría derivar en atropellos sistemáticos a los derechos a la intimidad, autodeterminación informativa y debido proceso.

“La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a la inercia tecnocrática. Es obligación del Estado proteger, no exponer, a sus ciudadanos. La administración actual tiene la responsabilidad histórica de evitar una arquitectura digital que derive en autoritarismo técnico”, advirtió el especialista.

De esta forma, el presidente del GIDH subrayó el llamado urgente a la ciudadanía a, “informarse antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.

“Rechazar cualquier medida que no contemple auditorías ciudadanas y supervisión independiente. Participar activamente en procesos de consulta sobre esta materia”, dijo.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a detener la implementación masiva de la CURP biométrica hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva, señala

Al considerar que “es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados”, el Fiscal General de Michoacán, Adrián Lopez Solís, anuncio que deja el cargo  que presidió “durante los últimos casi seis años y medio”

A través de un mensaje en redes sociales, señala que “en los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes, se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva”.

A continuación, el mensaje del Fiscal:

Durante los últimos casi seis años y medio, de mi vida personal y profesional, enfrentamos grandes retos en la tarea de procuración de justicia; he asumido con toda responsabilidad la titularidad de una de las instituciones más demandantes y referidas socialmente por lo sensible de sus funciones.

No obstante, en los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva.

Lo cual reitero, solo es posible atender en un frente coordinado con todas las capacidades del Estado, conforme a las competencias legales que atañen a cada instancia de seguridad y de justicia, de los órdenes federal, estatal y municipal.

Por ello, considero que, al margen del periodo por el que fui electo, es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados, a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental.

En virtud de lo anterior, les comparto que he tomado la decisión de separarme del cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán. Por lo que, en próximas horas, estaré notificando al Honorable Congreso mi renuncia, con efectos a partir del 20 de agosto del presente año, con el fin de contar con el tiempo suficiente para cumplir con los trabajos de la entrega recepción y, en su caso, entregar a quien tengan a bien designar como nuevo titular.

A mis compañeras y compañeros integrantes de la triada de la investigación, agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritas y peritos, así como al personal administrativo y de apoyo,  les agradezco por el enorme esfuerzo y compromiso mostrado, durante todos estos años.

Les ruego que continúen haciendo su mayor esfuerzo para la recepción, tratamiento, determinación y seguimiento a los casos diversos que tienen bajo su responsabilidad; no olviden que nos debemos a las personas que requieren de nuestros servicios, principalmente a quienes son víctimas de algún delito.

Como parte del sistema de seguridad pública y del sistema de justicia penal, la labor que ustedes desarrollan es fundamental para el Estado de derecho, la tranquilidad, el orden y la paz públicas. No bajen el ritmo, son parte de una institución que reconoce el servicio profesional de carrera y premia la lealtad, la confianza, el profesionalismo, la objetividad y la imparcialidad, pero sobre todo la firmeza, determinación y valor, ejercidos con honestidad y respeto a la ley.

Son ustedes personas que asumen el riesgo propio de la naturaleza de su función, como un acicate para enfrentar a la criminalidad, tengan siempre claro que Michoacán y México necesitan de gente con las características de ustedes, que son el alma del esfuerzo realizado y los logros por venir.

A las y los michoacanos, mi agradecimiento eterno por permitirme haberles atendido, desde dicha responsabilidad, convencido de que hay múltiples maneras de comprometerse y trabajar en beneficio de la sociedad, todas muy honorables cuando ponen por delante el interés general de las y los ciudadanos. En tanto, les dejo a todas y todos mi abrazo fraterno.

No se trata de negociar con criminales ni de ofrecerles impunidad, sino de explorar esquemas de justicia transicional que permitan su reinserción a la sociedad y reparación del daño

Monseñor Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, insistió en su llamado a un diálogo entre los líderes de gobierno, de la sociedad civil y religiosos para buscar alternativas de construcción de paz y poder ofrecer opciones de reconversión a quienes están en el crimen organizado, y desde la autoridad civil lo que es la justicia transicional, expuso, para dar oportunidad de recuperar a las personas inmersas en esos grupos y esas actividades, y compensar a la sociedad a la comunidad y a la familia.

Así lo dijo en su tradicional rueda de prensa este domingo antes de concelebrar la Misa de mediodía en Catedral de Morelia. Expuso de nuevo su propuesta de abrir diálogo con criminales como vía hacia la paz y la reconverción de vida como parte de una estrategia integral para la construcción de la paz en Michoacán y en el país.

El jefe pastoral de esta Arquidiócesis defendió y sostuvo su propuesta al señalar que se trata de un llamado al diálogo: “hay que dialogar para dar alternativas de construcción de paz, y en su momento poder ofrecer alternativas al crimen organizado, alternativas de justicia transicional”, en que no se trata de negociar con criminales ni de ofrecerles impunidad, sino de explorar esquemas de justicia en sus diferentes expresiones siendo una de ellas, ponderó, la justicia transicional que permita su reinserción a la sociedad y reparación del daño a las víctimas.

En un escenario de creciente violencia en Michoacán y luego de que actores políticos afines al gobierno bedollista y el propio gobernante cuestionasen la semana pasada públicamente esta postura, Monseñor Garfias Merlos reiteró que su responsabilidad y atribuciones como jefe católico es distinta a la de las autoridades cuyo deber es aplicar la ley.

“No digo que haya qué hacer acuerdos ni que se haga justicia a conveniencia de los delincuentes, pero sí creo que, si se da un diálogo entre sociedad, gobierno e Iglesia, será valioso escuchar incluso a quienes han causado daño, para que puedan encontrar el perdón y la reconciliación”, insistió.

Dio a conocer también este día los talleres sobre construcción de paz que lleva a cabo la Universidad Pontificia de México, en coordinación con las provincias eclesiásticas de Morelia, Jalisco y Acapulco, golpeadas fuertemente por la inseguridad y violencia.