En este Día del Padre, reflexionemos sobre los desafíos únicos que enfrentan los padres michoacanos y la urgencia de fortalecer su papel como primeros educadores

En un contexto nacional e internacional donde la educación atraviesa una crisis profunda, y en una entidad como Michoacán —frecuentemente golpeada por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades—, ser padre de familia es un acto de resiliencia, amor y responsabilidad cotidiana.

La educación atraviesa una crisis sin precedentes a nivel global, y México no escapa a esta realidad. En Michoacán de Ocampo, esta crisis se agudiza por condiciones particulares que convierten el ejercicio de la paternidad en un desafío complejo y, a menudo, heroico. Hoy, más que nunca, necesitamos reconocer que los padres fuertes generan hijos fuertes, y que la figura paterna es fundamental para construir el futuro de nuestra entidad.

Este Día del Padre, más allá del festejo, debe ser una oportunidad para reflexionar con seriedad sobre el papel del varón como figura educadora, garante de derechos y promotor del bienestar de niñas, niños y adolescentes. La paternidad responsable es un asunto de interés público, con implicaciones estructurales para el futuro de nuestra sociedad.

Michoacán ocupa los últimos lugares en múltiples indicadores de desarrollo social y educativo. En el Índice de Competitividad Estatal 2025 del IMCO, la entidad se ubica en el lugar 29 de 32. El rezago educativo, la precariedad económica, la migración forzada y la inseguridad son factores que complejizan aún más el ejercicio pleno de la paternidad.

Los datos son contundentes y preocupantes. En Michoacán, ser padre implica enfrentar múltiples adversidades que comprometen no solo la capacidad de proveer, sino también de estar presente en la formación integral de los hijos. Veamos algunos datos duros que ilustran el panorama:

En Michoacán, el 57% de los hogares están en situación de pobreza (Coneval, 2022).

La esperanza de vida de los hombres es cuatro años menor que la de las mujeres, en promedio (INEGI).

Nueve de cada diez víctimas de homicidio doloso en la entidad son varones, lo que refleja la vulnerabilidad y exposición constante a entornos violentos.

El abandono escolar en nivel medio superior alcanza casi el 15%, uno de los más altos del país (SEP).

Y peor aún, sólo uno de cada cuatro varones adultos ha terminado una carrera universitaria, lastrando sus capacidades de proveer adecuadamente a su familia.

En muchas regiones del estado, la migración de padres hacia EE. UU. deja hogares con figuras paternas ausentes, lo que repercute emocional, educativa y económicamente en las infancias.

Ser padre en Michoacán implica mucho más que proveer: es convertirse en guía, en compañía, en referente emocional y educativo. Pero para lograrlo, los padres necesitan condiciones mínimas de seguridad, oportunidades, formación y acompañamiento social.

La normalización de la violencia y la desintegración del tejido social han erosionado los referentes tradicionales de masculinidad positiva, dejando a muchos hombres sin herramientas para ejercer una paternidad constructiva, sin modelos positivos para ejercerla plenamente.

No puede haber una transformación educativa verdadera si no se reconoce y fortalece el papel activo del padre. La educación es, después de la herencia, el principal factor para la movilidad social. Por tanto, los padres tienen una doble responsabilidad: asegurar entornos seguros y estables, y acompañar de forma activa los procesos formativos de sus hijas e hijos.

Desafortunadamente, aún pesa sobre la sociedad mexicana una visión tradicional que relega al padre al rol de proveedor económico, desdibujando su participación emocional, afectiva y pedagógica. Esto tiene que cambiar.

Lograr que los hijos alcancen trayectorias educativas completas debe ser una prioridad máxima para elevar la calidad de vida de nuestra sociedad y superar los fenómenos económicos, migratorios, delincuenciales y sociales que nos aquejan.

En este contexto, los padres michoacanos no solo son proveedores económicos; son los primeros garantes de los derechos humanos de sus hijos, sus guías primigenios y los arquitectos de su futuro. Esta responsabilidad adquiere dimensiones épicas en un estado donde las circunstancias adversas parecen conspirar contra el ejercicio pleno de la paternidad.

La paternidad debe dejar de ser vista como un acto biológico o jurídico, y pasar a entenderse como una vocación ética, social y educativa.

Paralelamente, el concepto tradicional de masculinidad en Michoacán debe evolucionar hacia un modelo que integre la fortaleza con la sensibilidad, la protección con la educación, y la autoridad con el diálogo. Los padres michoacanos de hoy necesitan desarrollar habilidades que van más allá de la provisión económica.

Inteligencia emocional para acompañar y catalizar el desarrollo afectivo de sus hijos

Habilidades de comunicación para establecer vínculos sólidos y duraderos

Capacidad de adaptación para navegar en un mundo en constante cambio

Compromiso educativo para involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje

Por supuesto, todo ello demanda al sistema educativo e impele a formar padres presentes, responsables, amorosos y educadores para construir la sociedad futura a la que aspiramos pertenezcan y participen nuestros hijos y nietos.

El pasado 10 de junio, el Congreso del Estado aprobó oficialmente la conmemoración del Día del Padre en Michoacán, reconociéndolo como una fecha para promover los derechos y responsabilidades de la paternidad. Aunque simbólica, esta medida es valiosa como plataforma para construir políticas públicas orientadas a una paternidad más consciente, activa e igualitaria.

Los tiempos difíciles exigen padres resilientes, ejemplares y educadores. La paternidad michoacana debe reinventarse como una fuerza transformadora capaz de romper ciclos de violencia, pobreza y desintegración social. Esto requiere no solo del esfuerzo individual de cada padre, sino de un compromiso colectivo que incluya autoridades, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto.

La figura paterna en Michoacán merece ser reivindicada con toda su fuerza y vigor. No se trata solo de celebrar un día, sino de construir un movimiento social que posicione a los padres como agentes de cambio y pilares fundamentales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

La celebración que también, tradicionalmente ocurre el tercer domingo de junio debe ir más allá del reconocimiento anecdótico. Es el momento de visibilizar los retos que enfrentan los padres michoacanos y de empujar una agenda pública que los acompañe, respalde y exija su compromiso pleno. Es necesario formular políticas públicas para reivindicar la paternidad como motor educativo y cimiento contribuyente a la transformación de Michoacán.

Garantizar el derecho a la paternidad activa con transparencia. Promover licencias de paternidad extendidas, esquemas laborales flexibles y tiempo efectivo de calidad con los hijos. Para tales efectos, se debe monitorear la paternidad responsable en Michoacán, realizando labores de observatorio desde la academia y el sector público, para elaborar y publicar reportes anuales sobre indicadores de paternidad y bienestar infantil.

Impulsar escuelas para padres y programas de formación parental. Fomentar desde el gobierno estatal y municipal, en concurrencia con el sector educativo programas de formación emocional, afectiva y educativa para varones con hijos.

Atender la salud mental masculina. Invertir en centros comunitarios que brinden apoyo psicológico a padres en contextos de estrés, violencia o duelo, así como apoyo a la salud reproductiva.

Crear redes de apoyo parental. Fomentar grupos de acompañamiento entre padres, madres y tutores en comunidades y escuelas, con participación interinstitucional.

Reconocer legal y socialmente la corresponsabilidad. Reformar leyes para garantizar la corresponsabilidad en crianza, educación y cuidados, con enfoque de género.

Visibilizar modelos positivos de paternidad. Difundir campañas públicas que muestren a padres involucrados, afectivos y educadores, rompiendo estereotipos violentos.

Proteger a los padres trabajadores. Revisar condiciones laborales para garantizar acceso a tiempo libre, seguridad social y participación en la vida familiar. Por supuesto, también se deben crear programas de empleo específicos para padres de familia desempleados y garantizar salarios dignos que permitan la manutención familiar sin migración, ya que el 58% de los padres michoacanos gana menos de dos salarios mínimos

Fortalecer políticas de reintegración familiar. Apoyar el regreso de padres migrantes o encarcelados a sus núcleos familiares, con acompañamiento psicosocial.

Cuidar la vida de los hombres. Implementar programas estatales de prevención de violencia hacia varones y autocuidado, reduciendo su alta tasa de mortalidad, así como crear protocolos de protección para padres amenazados por el crimen organizado e implementar programas de reubicación familiar en casos extremos

Fomentar la participación en la escuela. Incentivar la presencia de padres en consejos escolares, tutorías, reuniones y actividades académicas, promoviendo también a su vez, cuotas mínimas de participación masculina en consejos escolares, al menos un 40 por ciento y creando protocolos específicos para la participación de padres varones en actividades educativas.

En tiempos difíciles, los pueblos requieren padres fuertes, pero no en el sentido rudo y autoritario del pasado. Necesitamos padres emocionalmente disponibles, resilientes, formadores y profundamente comprometidos con el bienestar de sus hijos. La paternidad debe conceptualizarse y asumirse como una de las tareas más honrosas y trascendentales que un ser humano puede asumir. En Michoacán, donde tanto se necesita reconstruir el tejido social, los padres tienen un papel insustituible en la construcción de una generación más justa, libre y educada.

Celebremos el Día del Padre reconociendo su enorme valor, pero también impulsando una agenda transformadora. Sea esta una invitación a ser agente de cambio desde el ejercicio pleno, comprometido y educador de la paternidad.

 Porque reivindicar la paternidad presente y educadora es contribuir al futuro de Michoacán.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C

Gobernar es anticipar. Michoacán de Ocampo se encuentra en el epicentro de una crisis migratoria sin precedentes. Desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial, Estados Unidos deportó más de 13 mil 400 personas a México en sus primeros meses de gobierno.

Esta realidad no es producto de la casualidad, sino consecuencia directa de una restrictiva política migratoria implementada por Trump desde el primer día de su toma de posesión para conseguir la prometida deportación masiva.

Las recientes protestas de migrantes en territorio estadounidense, lejos de generar simpatía o protección, han provocado una respuesta gubernamental aún más severa. Trump se ha comprometido a llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos, y los primeros datos confirman que esta amenaza se está materializando de manera acelerada. Para Michoacán, estado que históricamente ha sido expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, esto significa el retorno masivo e inmediato de miles de familias con hijos en edad escolar.

La magnitud de esta crisis trasciende las cifras oficiales. Cada deportado representa una familia desintegrada, un proyecto de vida truncado y, en el caso de los menores, una interrupción educativa que puede determinar su futuro. Nuestro sistema educativo estatal, ya de por sí vulnerado por décadas de subinversión y negligencia, enfrenta ahora una prueba de fuego que pondrá a prueba no solo su capacidad de respuesta, sino su compromiso real con la justicia educativa y el garantismo de los derechos a estar, aprender y participar que impulsamos desde Mexicanos Primero Michoacán desde 2009.

La crisis educativa que enfrentamos no puede entenderse de manera aislada del contexto económico más amplio que vive Michoacán. Los aranceles impuestos por Trump a productos mexicanos están impactando directamente a los productores michoacanos, quienes no pueden trasladar estos costos adicionales a los consumidores estadounidenses. Esto significa que familias que dependían de las exportaciones agrícolas del estado —particularmente aguacate, frutillas y otros productos del campo michoacano— podrían enfrentar una reducción dramática de sus ingresos en el preciso momento en que deben absorber el costo social y económico de integrar a los deportados.

México envía más del 84% de sus exportaciones a Estados Unidos, y Michoacán, como uno de los principales estados agroexportadores del país, se encuentra en una posición especialmente vulnerable. Los productores de aguacate, frutillas, limón y otros productos agrícolas michoacanos que durante décadas construyeron sus mercados en territorio estadounidense, enfrentan ahora la disyuntiva de absorber los costos arancelarios o perder competitividad frente a productores de otros países.

Esta doble crisis —la llegada masiva de deportados y la contracción económica por los aranceles— crea un escenario perfecto para el colapso del ya frágil sistema educativo michoacano. Las familias que regresan deportadas requieren servicios educativos inmediatos para sus hijos, mientras que las familias que permanecían en Michoacán ven reducidos sus ingresos y su capacidad de apoyar económicamente la educación de sus hijos.

Lo anterior puede potenciarse aún más, siendo sabedores de que una de las mayores comunidades migrantes de México que residen en Estados Unidos es precisamente la michoacana. Hace dieciocho años se hablaba de una población de cuatro millones de coterráneos ubicados en aquella nación. A la fecha, ya más de un centenar de estudiantes solicitaron incorporarse al sistema educativo michoacano durante este ciclo escolar 2024-2025.

La deportación acelerada podrá generar múltiples consecuencias, como la generación de una demanda educativa que supera exponencialmente la capacidad instalada del sistema educativo michoacano. Las escuelas de los municipios fronterizos y de alta migración no tienen infraestructura suficiente para absorber la avalancha de estudiantes deportados.

También, los estudiantes deportados muy probablemente arribarán a nuestra entidad federativa con traumas profundos derivados de la separación familiar forzada, la pérdida de su entorno social y la incertidumbre sobre su futuro. Muchos han presenciado redadas, detenciones y el desmantelamiento de sus proyectos de vida familiares.

Por si fuera poco, la acreditación y validación de estudios podría volverse aún más compleja debido al incremento exponencial de casos y la falta de preparación del sistema burocrático michoacano para procesar documentación académica de manera masiva y expedita.

Los estudiantes deportados enfrentarán no solo las diferencias curriculares tradicionales, sino la presión de adaptarse inmediatamente a un sistema educativo que no les otorga tiempo de transición debido a la saturación y urgencia de la crisis.

Además, en el contexto actual, hablar inglés puede convertirse en una marca de deportación que genere discriminación, llevando a los estudiantes a ocultar o subutilizar sus competencias bilingües por temor al rechazo social.

No olvidemos que, la gran mayoría de las familias deportadas llegarán sin recursos económicos, mientras que las familias locales están viendo reducidos sus ingresos por la crisis arancelaria. Esto genera una presión económica que favorece al trabajo infantil y al abandono escolar sobre la continuidad educativa, máxime el contexto de virtual recesión que ensombrece el panorama económico para México y Michoacán en particular para este 2025.

También, los pocos servicios de apoyo psicológico y pedagógico existentes se verían completamente rebasados por la demanda masiva de atención especializada que requieren los estudiantes deportados.

Por su fuera poco, la llegada masiva de deportados puede generar actitudes xenófobas incluso dentro del propio sistema educativo michoacano, donde algunos actores pueden percibir a estos estudiantes como una carga o amenaza al orden establecido.

Así también, las familias deportadas enfrentan la presión de generar ingresos inmediatos para subsistir, lo que puede llevar a la incorporación prematura de los menores al mercado laboral informal, abandonando la escuela en territorio michoacano.

Particularmente, las regiones de mayor retorno migratorio en nuestra entidad federativa enfrentan el riesgo de posible colapso de su infraestructura educativa, con aulas sobresaturadas, falta de maestros y recursos didácticos insuficientes para atender la demanda acelerada.

En caso de masificarse la llegada de migrantes a Michoacán, se debe asumir la situación como una emergencia educativa, de tal manera que se permita la movilización extraordinaria de recursos, la contratación acelerada de personal docente y la habilitación de espacios educativos temporales en zonas de alta concentración de deportados.

Entonces, se deberán de establecer centros especializados que funcionen como espacios de transición educativa, donde los estudiantes deportados puedan recibir atención psicológica, nivelación académica y preparación para su inserción en el sistema regular.

En caso de ser necesario, se debería de formular e implementar un programa acelerado de contratación de maestros bilingües, priorizando a profesionistas deportados con experiencia educativa en Estados Unidos que puedan servir como puentes culturales y lingüísticos.

Así también, se deberían de establecer brigadas móviles que se desplacen a comunidades de alta concentración migratoria para realizar validaciones de estudios in situ, eliminando barreras geográficas y burocráticas.

Simultáneamente podrían crearse alianzas con productores agrícolas michoacanos afectados por los aranceles para generar programas de educación-trabajo que permitan a las familias deportadas obtener ingresos mientras los menores continúan su educación.

Paralelamente, se hará indispensable establecer un programa extraordinario de becas que cubra gastos de alimentación, transporte y materiales educativos para familias deportadas en situación de vulnerabilidad extrema. A la par, se deberá crear una red de apoyo psicosocial que involucre a organizaciones civiles, iglesias y comités comunitarios para brindar contención emocional y acompañamiento a estudiantes y familias deportadas.

En el proceso de inserción estudiantil, deberá de implementarse un currículo flexible que permita el reconocimiento de competencias adquiridas en Estados Unidos y la adaptación gradual al sistema educativo mexicano, sin penalizar las diferencias formativas, mientras que se desarrollen a su vez programas que no solo faciliten la adaptación de estudiantes deportados, sino que permitan a estudiantes locales beneficiarse del intercambio cultural y las competencias bilingües de sus nuevos compañeros.

Y, por supuesto, en aras de monitorear la transparencia y rendición de cuentas de este fenómeno, será necesario crear un observatorio ciudadano permanente que dé cuenta del impacto de la crisis migratoria en el sistema educativo michoacano, genere datos e indicadores confiables y proponga ajustes de política pública basados en evidencia.

La educación de los estudiantes deportados no puede ser vista como un acto de caridad o una carga extraordinaria. Es un derecho humano fundamental y una inversión estratégica para el futuro de Michoacán. Estos jóvenes traen consigo competencias, experiencias y perspectivas que pueden enriquecer enormemente nuestro sistema educativo si sabemos aprovecharlas adecuadamente.

La crisis actual nos obliga a repensar fundamentalmente nuestro modelo educativo. No podemos seguir operando con la lógica de la escasez y la exclusión, en donde menos de uno de cada cinco estudiantes que ingresan a primaria logran terminar una carrera universitaria. Necesitamos transitar hacia un modelo de abundancia educativa que reconozca en la diversidad una fortaleza, no una amenaza, brindando las condiciones para la inserción exitosa de niñas, niños y jóvenes migrantes en el sistema educativo estatal.

En contrapunto, es importante analizar esta crisis como un área de oportunidad estratégica, ya que los estudiantes deportados no son víctimas pasivas; son agentes de cambio potencial que pueden contribuir significativamente al desarrollo educativo de Michoacán si les brindamos las oportunidades y el apoyo necesarios. Su bilingüismo, su conocimiento de sistemas educativos diferentes y su capacidad de adaptación representan recursos valiosos que debemos capitalizar.

La crisis que enfrentamos es también una oportunidad histórica. Michoacán puede convertirse en el primer estado mexicano en desarrollar un modelo exitoso de integración educativa masiva de poblaciones migrantes de retorno. Este modelo puede servir como referencia nacional e internacional para otros territorios que enfrentan desafíos similares.

Desde Mexicanos Primero Michoacán llamamos al Gobierno del Estado a preparar una respuesta extraordinaria que incluya la declaratoria inmediata de emergencia educativa y la asignación de recursos extraordinarios para enfrentar esta crisis, así como la aprobación urgente de un marco normativo que garantice el derecho a la educación de poblaciones deportadas y establezca mecanismos expeditos para su integración educativa.

Llamamos a los presidentes municipales de regiones de alta migración a sumarse a esta cruzada educativa, preparando la radicación de recursos propios y gestionando apoyos federales para fortalecer la infraestructura educativa local. Convocamos a los productores agrícolas michoacanos afectados por los aranceles a convertirse en aliados de la educación, generando oportunidades de empleo digno para familias deportadas que les permitan sostener la educación de sus hijos.

Invitamos a los michoacanos a que decidan sumarse a una gran alianza por la educación inclusiva que brinde apoyo integral a las familias deportadas y al Gobierno del Estado a asumir el liderazgo moral de esta transformación, convirtiéndose en defensores activos de la dignidad educativa de todos los estudiantes.

La crisis migratoria de Trump no es solo una amenaza; es una prueba de fuego que revelará si Michoacán tiene la grandeza moral y la visión estratégica para convertir la adversidad en oportunidad. El futuro de miles de jóvenes deportados está en nuestras manos. Su éxito será nuestro éxito colectivo. Su fracaso será la evidencia histórica de nuestra incapacidad para estar a la altura de las circunstancias.

La educación inclusiva no es una opción, es una obligación moral, legal y estratégica. Michoacán puede y debe liderar la respuesta educativa más innovadora y efectiva de América Latina ante la crisis migratoria contemporánea. El momento de actuar es ahora. La historia nos juzgará por nuestra respuesta y estamos a tiempo de prever.

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