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El delito más común que enfrentan los periodistas michoacanos es la amenaza directa contra su labor informativa
LOS IDIOMAS INDIGENAS DE MÉXICO
Muchos suponen que México tiene como idioma oficial al español o castellano, lo que es completamente erróneo.
Si bien es cierto que la gran mayoría de los mexicanos lo utilizamos en nuestra comunicación cotidiana y de la mayoría de los libros y medios de comunicación se encuentran en español, lo cierto es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona a ningún idioma con el rango de oficial
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 6.1% de la población total de México habla alguna lengua indígena. Esto se basa en el Censo de Población y Vivienda de 2020.
Eso equivale a unos 7.3 millones de personas que hablan una de las más de 60 lenguas indígenas reconocidas oficialmente en el país, como el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, entre otras.
De esta forma podemos decir los idiomas indígenas más habladas en México son :
Náhuatl – alrededor de 1.6 millones de hablantes.
Maya – cerca de 800,000 hablantes.
Tzeltal – aproximadamente 550,000 hablantes.
Tzotzil – unos 500,000 hablantes.
Mixteco – más de 450,000 hablantes.
Zapoteco – alrededor de 400,000 hablantes.
Otomí – cerca de 300,000 hablantes.
El idioma purépecha (también conocido como tarasco), que es el más cercano a nosotros, es hablado por aproximadamente 140,000 personas en México, también según el Censo 2020 del INEGI.
La gran mayoría de hablantes purépechas se encuentran en Michoacán, especialmente en la región conocida como la Meseta Purépecha, aunque también hay comunidades más pequeñas en otros estados debido a la migración.
Los importancias de los idiomas indígenas es que son elementos de identidad; cada idioma encierra en sí misma la manera en que un pueblo se relaciona con su entorno natural, su historia y su comunidad. Expresan costumbres, tradiciones, mitologías y formas de organización social únicas.
Cada lengua guarda saberes ecológicos, medicinales y agrícolas que pueden ofrecer soluciones a problemas actuales como el cambio climático o la seguridad alimentaria. Sin embargo, la situación actual es preocupante. De los idiomas indígenas mexicanos, muchos se encuentran en riesgo de desaparecer debido a procesos de discriminación, migración y globalización, ejemplo de lo anterior es el Kiliwa de Baja California, con menos de 50 hablantes. El desplazamiento lingüístico hacia el español ha reducido drásticamente el número de hablantes en algunas comunidades. Para revertir esta tendencia es crucial implementar políticas públicas que fomenten la enseñanza bilingüe, el uso de los idiomas indígenas en los medios de comunicación y el reconocimiento legal de estas lenguas como parte del patrimonio nacional.
En este sentido, la educación bilingüe intercultural juega un papel fundamental. No se trata solo de enseñar en lengua indígena a las nuevas generaciones, sino de valorar y reforzar el orgullo por la identidad lingüística.
Cuidadar, conservar y fomentar los idiomas indígenas de México no es solo preservar formas de comunicación; es proteger la diversidad cultura, los conocimientos ancestrales y los derechos de millones de personas. Cada lengua indígena que sobrevive fortalece la riqueza humana de nuestro país y del mundo entero. La responsabilidad de conservarlas no queda únicamente en las comunidades indígenas, sino en toda la sociedad mexicana que, a través del respeto, la educación y la inclusión, debe garantizar que estas voces continúen sonando en el futuro.
Balean a joven conductor de camioneta en la carretera Opopeo-Tacámbaro
Sucedió a la altura de San Gregorio, municipio de Salvador Escalante
¿PARA QUÉ OBSERVAR?
Con la frase “Observa el proceso y cuida nuestro Estado democrático, en defensa de nuestras libertades”, un grupo de ciudadanos mexicanos signan el pasado 7 de abril de 2025 un manifiesto dirigido a la opinión pública, el cuál inicia de la siguiente manera:
“La llamada reforma judicial en México, que partió de la aprobación por parte de mayorías artificiosas en los Congresos federal y locales que modificaron la Constitución -Política de los Estados Unidos Mexicanos- atendiendo a criterios facciosos y a presiones deplorables, enfrenta justas críticas por falta de legalidad, transparencia, integridad y respeto a los derechos de las y los juzgadores y a la división equilibrada entre los Poderes. Las elecciones de junio próximo están siendo organizadas sin cumplir con los estándares democráticos básicos, además de que se fundan en el inconstitucional desacato hacia múltiples resoluciones judiciales de suspensión y cautela.”.
El manifiesto es en relación a la elección de impartidores de justicia convocada para el 1 de junio entrante, considerando que:
Más de la mitad de las personas que juzgan en el nivel federal declinó participar en el proceso por considerar que se trata de una simulación con resultados decididos de antemano, además de que la selección de candidaturas fue desorganizada y controlada, vía tómbola, por el Senado. Para muestra, un botón: el listado de las candidaturas atribuidas al Poder Judicial de la Federación jamás fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia -de la Nación-, órgano constitucionalmente facultado para ello, puesto que el Comité de Selección correspondiente consideró que, dadas las suspensiones dictadas, se hallaba jurídicamente imposibilitado para continuar con su labor. El Senado, con todo, usurpó la atribución de la Corte y ordenó a un dócil Instituto Nacional Electoral (INE) la indebida inclusión de los nombres en las boletas. En los órdenes estatales, la selección no resultó mejor, ni más equitativa, ni más legal.
Uno de los problemas en la organización de esta absurda elección es el dinero, están organizando una elección con un presupuesto ínfimo al que se necesitaba para ello con un evento novedoso, no se contaran los votos en los centros de votación y al respecto precisan:
El INE organiza el proceso con la mitad del presupuesto que solicitó. No se cuenta con legislación electoral adecuada a lo judicial: la geografía electoral y la jurisdiccional no se empatan, pues los distritos judiciales no pueden, materialmente, coincidir con los electorales. Las boletas que se han mandado imprimir resultan de complicadísima comprensión. Las diversas candidaturas deben autofinanciarse, sin fiscalización posible del origen de recursos. Los actos indebidos de campaña se despliegan con total cinismo por el territorio nacional, ante la indolencia del propio INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que optó por confrontarse con la Suprema Corte antes que por defender la Constitución. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, no habrá conteo de votos por la ciudadanía en las casillas, sino que todo se contabilizará en los Consejos distritales del INE. Tampoco habrá Programa de Resultados Preliminares (PREP) ni se cancelarán las boletas que no se utilicen en las casillas. Todo se presta, hoy, a la suspicacia: quien logre controlar la movilización y acarreo de electores gozará de jueces a su servicio durante las próximas décadas.
Hace apenas unos días, los fondos destinados para la liquidación de los impartidores de justicia en funciones fueron tomados sin más de los fideicomisos donde se encontraban, bajo el argumento de que servirán para la mejora de los servicios médicos ofertados por el ISSSTE a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, sobre ello se estaban anticipando de la siguiente manera:
Más allá de tanta irregularidad, lo cierto es que la remoción de la totalidad del servicio profesional de administración de Justicia en el país atenta contra los derechos de quienes juzgan y pone en grave riesgo la independencia judicial, contraviniendo criterios expresos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas juzgadoras, conforme al estándar democrático internacional, no deben ser removidas sin justa causa, ni amenazadas con procedimientos sancionatorios con motivo de las resoluciones que dicten. Los tribunales disciplinarios creados por la reforma parten del principio exactamente opuesto y minan impunemente la autonomía de las determinaciones judiciales.
Hoy se ha reconocido por parte del Estado que existen perfiles cuestionables dentro del grupo de candidatos para dicha elección y que pronto solucionaran ello al respecto, en dicho manifiesto se advertía ya ello:
La reforma judicial, lejos de democratizar al país, se ha significado por purgar a los Poderes Judiciales y por someterlos a decisiones del poder político, eliminando el sistema de frenos y contrapesos que caracterizó nuestra transición al Estado constitucional y democrático de Derecho. No existe garantía alguna de que los perfiles seleccionados por Comités ampliamente dominados por el oficialismo puedan significarse por mantener el rumbo de independencia y solvencia que había alcanzado nuestra Justicia constitucional.
Sobre la farsa y el engaño viene la invitación, ser observadores y aportar los elementos suficientes indubitables para acreditar que lo que de ahí nazca, nacerá como fruto de un acto viciado de origen, lo que por derecho es ilegal:
La reforma judicial, lejos de democratizar al país, se ha significado por purgar a los Poderes Judiciales y por someterlos a decisiones del poder político, eliminando el sistema de frenos y contrapesos que caracterizó nuestra transición al Estado constitucional y democrático de Derecho. No existe garantía alguna de que los perfiles seleccionados por Comités ampliamente dominados por el oficialismo puedan significarse por mantener el rumbo de independencia y solvencia que había alcanzado nuestra Justicia constitucional.
¿Quiénes signamos tal manifiesto?
Demetrio Sodi de la Tijera, Miguel Bonilla López, Ariadna Salazar Quiñonez, Marco Antonio Baños, Rafael Estrada Michel, Ana Francisca Velasco Sodi, Gabriela Uriegas Ruiz, Sol Estrada Maqueo, María Inés Velasco Sodi, José Mario de la Garza Martins, Rodrigo Diez, Julia María del Carmen García González, Jacqueline Peschard, Jacobo Dayán, José Antonio Dorbecker Castillo, David Pantoja Morán, Edmundo Jacobo Molina, Yuriria Marván, Agustín Octavio Marván Lizardi, Itzel García Marván, Patricia Espinosa Torres, María Cecilia Marván Urquiza, María Teresa Marván Lizardi, María Beatriz Marván Carmona, Maria Rosalia Santín del Río, Laura Zainab Jureidini, Felipe Espinosa Torres, Olga Espinosa Torres, María Guadalupe Medrano, Alberto Ruiz Matías, Zulay Rodríguez, Jose Luis Espinosa Torres, Rosa Maria Sadurní, Graciela De La Torre, Carlota Hammeken, Francisco Burgoa, Manuel González Oropeza, Julio César Vázquez-Mellado, Rosario Ordoñez, Juan Pablo Estrada Michel, Miguel A. Rosillo, Óscar Cruz Barney, Ángel Gilberto Adame, Rodrigo de la Peza, Carlos H. Reyes Díaz, Olga Noriega, Luis Unikel, Constanza MacKluskey, Christopher Domínguez Michael, Karla Garza Sánchez, Alejandro Rosas, Pablo Majluf, Jorge Sepúlveda, Úrsula Camba Ludlow, José Antonio Aguilar Rivera, Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Alejandra Martínez Iglesias, José de Jesús Orozco Henríquez, Carla Érika Ureña, Víctor Oléa Pelaez, César A. Ruiz Jiménez, María Eugenia Gómez Villanueva, Adrián Rentería, Juan José Rodríguez Prats, Luis Vega Ramírez, Fernando Meraz, Javier Gutiérrez Vidal, Manuel Jorge Carreón, Gerardo Priego, Marysol Morán Blanco, Pablo Mijangos y González, Ana Brisa Oropeza Chávez, Roberto Lara Chagoyán, Sergio Charbel Olvera, Bernardo López Piña, Arturo Ramos Sobarzo, Juan Pablo Gómez Fierro, María Fernanda Hernández-Silva y Láynez, Juan Abelardo Hernández Franco, Gregorio Castillo, Lorenzo Córdova Vianello, María del Carmen Ordoñez, Óscar Vásquez del Mercado, Luis Miguel Morán Guerrero, Ignacio Gómez Morin, Rommel Moreno, Lilia Mónica López Benítez, Alonso González Villalobos, José María Lujambio, Juan Pablo Campos González, Raúl González Schmal, Julieta María Lujambio Fuentes, Carla Roel, Omar Hernández Salgado, Federico Santos Cernuda, Gabriela Salazar, María Emilia Molina de la Puente, Laura Manzo, Marhec Delgado Padilla, Liliana Hernández Paniagua, Jaime Hugo Talancón, María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz, María del Socorro Marquina, Luis Diaz Mirón Álvarez, Martín Vivanco Lira, Jesús Altonar, Luis Enrique Pereda Trejo, Monica González Contró, Luz Helena Orozco y Villa, Olga Gutiérrez Nevarez, Rafael Caballero, Luis Jorge Molina Piñeiro, Carlomagno Romero Villanueva, Cecilia Azuara, Teresa Toca, José Antonio Polo Oteyza, Juan Antonio Cruz Parcero, Juan Pablo Pampillo Baliño, Elena Dorothy Estrada Tanck, Laurence Pantin, Morelos Canseco Gómez, Jorge Álvarez Banderas, Emiliano Maldonado, Jorge Martínez Iglesias, Omar Pérez Vega, Juan Jesús Garza Onofre, Mauricio Sánchez-Meza, Claudia Sánchez Pimentel, Luis Cuéllar Huerta, Ricardo García de la Rosa, Oscar A. Fernández, Hugo Martínez Arias, Gonzalo Robles Mac Eachen, Raúl Hermosillo Carmona, Flavio Carlos Mejía García, Guillermo Adolfo Vignau Esteva, Florinda Meza García, Marta Elva Flores Gardea, Julio Ríos Figueroa, Oscar Constantino Gutiérrez, Raudel Ávila, Juan Francisco Torres Landa y Javier Martín Reyes.
Es más que evidente que la elección de impartidores de justicia en México tendrá un resultado deplorable, aunado al grado más alto de abstencionismo que haya existido en una elección; la destrucción de la nación está en ciernes, en nuestras manos esta su salvación… @lvarezbanderas
Tras abolir la tauromaquia, Giulianna Bugarini denuncia amenazas y violencia en su contra
No descarta proceder legalmente contra quienes han atentado contra su seguridad
Normalistas desmienten estar en contra de paridad en convocatorias de ingreso
Insistieron que su exigencia no va dirigida a frenar la inclusión de más mujeres, sino a asegurar una verdadera paridad de género en el acceso
OBRA Y CORRUPCIÓN
La libertad nunca es dada; se gana:
Philip Randolph (1889-1979) Sindicalista estadounidense
El gobierno de Claudia Sheinbaum sigue la línea de obra pública de su mentor Andrés Manuel López Obrador: que sea con recursos presupuestarios, no privados.
Este domingo, la presidenta supervisó la construcción del Tren Ligero de Campeche, que conectará con el Tren Maya. “Está preciocísimo, es único en el mundo”, le dijo luego a reporteros.
Y sí, quizá sea un tren preciocísimo y acaso único en el mundo. Una vez funcionando veremos. Solo que hay un problema, que no es ni de estética ni siquiera de funcionalidad: es de fondo.
Y el fondo es que en la lógica de la 4T es el gobierno el que debe hacer la obra pública. Y en la lógica del pragmatismo, de la realidad financiera, es el capital privado.
Y hay una razón básica para ello: si un tren de pasajeros construido con dinero público no produce dividendos, resultará dinero tirado a la basura, dinero que pudo emplearse en medicinas, en hospitales, en seguridad pública, en escuelas, acciones que sí son obligación de todo gobierno. Si ese tren lo construye una empresa privada, ella corre los riesgos si no resulta productivo. Obvio, en caso contrario le generará utilidades válidas. La diferencia es que ese empresario antes formulará estudios de factibilidad y viabilidad. El gobierno de la 4T no los hace nunca, solo gasta sin ton ni son por fines propagandísticos y hasta ideológicos, y ahí están como prueba no solo el Tren Maya, sino el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, fracasos monumentales en los que el gobierno ha tirado más de un billón de pesos.
Y Sheinbaum sigue la misma ruta populista de López Obrador. Quizá el Tren Ligero de Campeche sea necesario, pero debió ejecutarlo la iniciativa privada, no el gobierno.
Un dato adicional que quizá explique todo: hacer obra produce enormes dividendos vía corrupción. Aunque, claro, eso ya no es factor porque estamos en los tiempos de la honestidad cuatroteísta. X@jaimelopezmtz