Hay documentos de política pública que se escriben para cumplirse y otros que se escriben para archivarse. El Programa Sectorial de Educación «Educar es Tarea de Todos», publicado en el Periódico Oficial el 8 de abril de 2024, con dos años y medio de retraso, prometió cinco objetivos, 26 estrategias, 101 líneas de acción y una cartera de 378 programas. Hoy, con el 71 por ciento de su plazo consumido y a doce meses de que concluya la administración, es posible hacer lo que el propio Programa dijo que se haría: medir. Y lo primero que aparece al medir es que el instrumento nació con fallas de diseño que explican buena parte de lo que hoy el gobierno no puede demostrar.

La primera es aritmética y está impresa en el Periódico Oficial. El Programa se comprometió a reducir tres puntos porcentuales el abandono escolar en cada nivel. En primaria, la línea base que el propio documento fija es de 2.0 por ciento. Restar tres puntos a dos produce una tasa negativa. Es una meta imposible, firmada y publicada, que hasta donde se sabe no se ha corregido públicamente en dos años y medio. No es un detalle técnico: es la evidencia de que nadie revisó el instrumento con el rigor con que se le exigía a la sociedad que confiara en él.

La segunda inconsistencia es de ambición. La meta de escolaridad promedio fue de 9.0 años para 2027, apenas cuatro décimas más que los 8.6 de 2020. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI midió 9.2. La meta se superó con dos años de anticipación, y eso es justamente lo que debería preocupar: una meta que se cumple sin esfuerzo no mide transformación. Michoacán sigue siendo el cuarto estado con menor escolaridad del país y la distancia con la media nacional es de 1.1 años, exactamente la misma que en 2020, cuando eran 9.7 contra 8.6. Avanzamos al mismo paso que el país y, por lo tanto, no alcanzamos a nadie.

La tercera es de método. Ninguna de las 101 líneas de acción trae una meta cuantitativa, un responsable único, un calendario o un presupuesto asociado. Sin embargo, la introducción del propio Programa sentencia que las acciones que no puedan sustentarse con evidencias e indicadores no tendrán cabida en una administración orientada a la honestidad y el trabajo. El documento se aplicó a sí mismo una exención que negó a los demás. Un programa sin presupuesto por estrategia no se puede incumplir, y por lo mismo tampoco se puede exigir.

La cuarta es la más grave: ni un solo indicador mide aprendizaje. El Programa mide acceso, escolaridad, abandono, nómina y servicios, pero no mide si las niñas, niños y jóvenes leen, calculan y razonan mejor que hace cinco años. Un programa educativo que no se obliga a medir lo que se aprende puede presumir cobertura y orden administrativo, pero no puede decir que educó. Y el vacío no es solo del papel: a la fecha no existe una evaluación estatal censal de aprendizajes que el público pueda consultar.

A estas fallas se suman las de coherencia interna. El Programa se publicó cuando ya habían transcurrido 30 de los 72 meses de la administración, es decir, el 42 por ciento del sexenio; y en el capítulo de alineación habla de cinco estrategias y 46 líneas de acción, mientras que el cuerpo del texto contiene 26 estrategias y 101 líneas. Un documento rector que no coincide consigo mismo transmite improvisación.

Hay que reconocer lo que sí se hizo, porque la crítica seria empieza por ahí. Se saldaron los adeudos heredados con el magisterio, que sumaban 4 mil 958 millones de pesos entre quincenas, bonos y nómina, gracias al apoyo federal. La nómina se paga con puntualidad. La Secretaría puso en línea más de veinte trámites. El ingreso a las escuelas normales se ordenó con un examen único. Todo eso es real y verificable. Pero es gestión, no resultado educativo. El orden administrativo es el piso, no el techo, de una política educativa.

Y aun en lo administrativo hay una promesa sin cumplir. El Programa se propuso federalizar la nómina educativa. Lo que existe es una dependencia financiera recurrente: la Auditoría Superior de la Federación documenta que el programa U080 aportó 3 mil 787 millones de pesos en 2022, 4 mil 194 en 2023 y 4 mil 581 en 2024, más de 12 mil 500 millones en tres años; y el análisis de las finanzas estatales habla de más de 4 mil 500 millones anuales en convenios. Cada año, el pago al magisterio depende de que la Federación vuelva a firmar. Eso no es federalizar: es prorrogar y politizar el riesgo.

Las consecuencias están en los números que sí se pueden verificar sin matices. La matrícula pasó de un millón 267 mil 647 alumnos en el ciclo 2023-2024 a un millón 240 mil 227 en 2025-2026: veintisiete mil 420 estudiantes menos. Entre 2022-2023 y 2024-2025, preescolar perdió 13 mil 144 alumnos y primaria 22 mil 534. En el mismo lapso la plantilla docente pasó de 84 mil 558 a 83 mil 493 maestros, mil 65 menos, mientras el número de escuelas creció en 274. Hay más planteles, menos estudiantes y menos docentes: la fotografía de un sistema que se encoge sin que nadie lo haya decidido.

El abandono confirma la tendencia. En el ciclo 2023-2024, según la SEP, la secundaria michoacana perdió a 7.3 de cada cien alumnos, casi el doble de la tasa nacional de 3.7; la primaria, a 2.2, frente a 0.6 del país. Es una pérdida que comienza en edades donde la escuela debería ser lo más difícil de abandonar. Y el rezago educativo, aun con la reducción que el gobierno presume y que es real, sigue afectando a uno de cada cuatro michoacanos, alrededor de un millón 270 mil personas. Presumir un primer lugar en velocidad de reducción no cambia que se parte de los últimos lugares en nivel.

A ello se suman las condiciones que el Programa no incorporó como riesgo. El 9 de junio de 2026 había 694 escuelas michoacanas en paro, el 6.5 por ciento del total. En Tierra Caliente se han suspendido clases por enfrentamientos y escuelas de Apatzingán han llegado a usarse como bases militares. Un programa educativo en Michoacán que no contempla continuidad escolar frente a la violencia ni a los paros está planeando para un estado que no existe.

Hay promesas que simplemente no dejaron rastro. El Programa ofreció un Pacto por la Educación en Michoacán entre autoridades, sociedad civil y comunidades educativas. No hay convocatoria, texto, firmantes ni seguimiento públicos. Ofreció un Gabinete Educativo para dar seguimiento a los indicadores y un sistema de contraloría social con participación de madres y padres: tampoco hay evidencia. Y en la infraestructura, el único indicador comprometido no se ha actualizado desde la línea base de 2021, cuando apenas 22 de cada cien escuelas tenían adaptaciones para personas con discapacidad y 10 de cada cien contaban con internet. Mientras tanto, la inversión se cuenta con dos cifras que no se reconcilian: 2 mil 400 millones según la propia Secretaría y más de 4 mil según otras versiones.

¿Qué se debió hacer? Lo primero era elemental: medir el aprendizaje. Una evaluación censal de lectura y matemáticas con línea base en el primer ciclo habría dado al Programa una brújula y a la sociedad una vara. Lo segundo era presupuestar: asignar a cada estrategia un monto, un responsable y un calendario, como el propio Programa exigía. Lo tercero era blindar la nómina con un convenio plurianual con la Federación, en lugar de renovar cada año una negociación que se anuncia como éxito y se vive como incertidumbre. Lo cuarto era convocar el Pacto, con la sociedad civil sentada desde el inicio y no como espectadora. Lo quinto era buscar a los estudiantes que se perdían, con padrones, becas y seguimiento por escuela, en vez de esperar a que las estadísticas anuales confirmaran la fuga. Y lo sexto era transparentar las plazas: hay normalistas egresados esperando asignación mientras la plantilla se reduce, una contradicción que ningún comunicado explica.

Nada de esto exigía un presupuesto extraordinario. Exigía rigor, voluntad de rendir cuentas y la humildad de aceptar que una escuela con pagos puntuales y trámites digitales sigue siendo una escuela donde los niños pueden no aprender. El gobierno ordenó la casa; no la llenó de aprendizaje.

Queda un año. Es poco, pero lo que se haga en ese lapso definirá si el Programa se recuerda como un plan o como un archivo. Por eso conviene dirigir cinco demandas concretas:

1. Al gobernador y a la Secretaría de Educación: publicar una adenda al Programa, en el Periódico Oficial, que corrija las metas imposibles, incorpore indicadores de aprendizaje y asigne responsables y presupuesto a las estrategias restantes.
2. Al Congreso del Estado: Solicitar información sobre el cumplimiento del Programa y condicionar el presupuesto 2027 a metas educativas verificables.
3. A la Auditoría Superior de la Federación y a la local: practicar una auditoría de desempeño al Programa y dar seguimiento público a las observaciones sobre los fondos que pagan la nómina.
4. A la Secretaría de Educación Pública, al INEGI y a las universidades: publicar datos estatales desagregados y apoyar una evaluación de aprendizajes en Michoacán.
5. A la sociedad civil, a las madres y padres y al magisterio: exigir información por escuela, vigilar obras y becas, y sentarse a la mesa del Pacto por la Educación cuando se convoque, que es el único tablero que no depende de ningún comunicado.

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Una victoria pírrica es aquella que se paga con un costo tan alto que equivale a una derrota. La expresión recuerda al rey Pirro, quien según la tradición habría confesado que otra victoria semejante lo dejaría sin ejército. Algo parecido ocurre con la educación en Michoacán. El gobierno estatal presume el primer lugar nacional en reducción del rezago educativo, una baja de 3.2 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, mientras el sistema pierde estudiantes, las escuelas enfrentan la violencia y los datos que permitirían medir el aprendizaje permanecen ocultos.

El control de gestión que realizamos al Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2027 arroja un avance global de 37 por ciento en el ámbito educativo, siendo generosos, porque no existe evidencia pública al respecto. Restan doce meses de gobierno. Con esa distancia entre lo prometido y lo comprobado debe hacerse el balance: el avance existe, pero resulta pírrico, porque se obtuvo en aquello que el gobierno controla con facilidad y a costa de lo que decide el futuro de una generación.

Es justo comenzar por lo que sí se logró, porque la honestidad intelectual lo exige. Las quincenas del magisterio se pagaron sin interrupción durante 120 periodos consecutivos. Se liquidaron adeudos heredados superiores a cinco mil millones de pesos. El pago electrónico alcanzó 99 por ciento, los trámites se digitalizaron y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvo autonomía constitucional con un presupuesto equivalente a 4.5 por ciento del gasto estatal, que en 2026 asciende a 4,779 millones de pesos. Tras años de paros, bloqueos y suspensiones de clases, se completaron cuatro ciclos escolares consecutivos sin paros indefinidos por impagos.

Ahora veamos el otro lado de la balanza. La matrícula total descendió de 1,263,824 estudiantes en el ciclo 2022-2023 a 1,240,227 en el 2025-2026, una pérdida de 23,597 niñas, niños y jóvenes, de los cuales 20,626 desaparecieron de las aulas en un solo ciclo, el 2024-2025. La cobertura en preescolar cayó de 69.4 a 62.8 por ciento y quedó por debajo del promedio nacional. En secundaria, el abandono subió de 6.3 a 7.3 por ciento entre dos ciclos consecutivos, y en primaria de 1.0 a 2.2 por ciento. En educación media superior apenas existe lugar para uno de cada dos aspirantes, y en educación superior para uno de cada cuatro.

El diagnóstico exige separar el cascarón del contenido. El Programa Sectorial de Educación, en su autoevaluación se concede 73 por ciento de avance integral, pero su rúbrica interna confiesa que la gestión administrativa alcanza 95 por ciento mientras la calidad pedagógica apenas llega a 40 por ciento. Esa brecha de cincuenta y cinco puntos describe un sexenio que ordenó temporalmente, con pura voluntad política la nómina y postergó el aula.

El indicador estrella merece una lectura cuidadosa. El rezago educativo pasó de 29.4 por ciento en 2020 a 25.8 por ciento en 2024, con lo cual la meta del Plan queda superada en el papel. Sin embargo, 25.8 por ciento equivale a cerca de 1.27 millones de personas, una de cada cuatro, y coloca a Michoacán entre las cinco entidades con mayor rezago del país. Además, el análisis de Mexicanos Primero Michoacán advierte que parte de la baja obedece principalmente al fallecimiento de adultos mayores, aunada a la mortalidad pandémica, migración, desplazamiento forzado y violencia homicida, fenómenos que sacan personas de la estadística sin que aprendan nada. Un rezago que disminuye mientras la matrícula también disminuye ofrece una señal contradictoria que ninguna conferencia de prensa explica.

A ello se suma la opacidad. De cuarenta y seis líneas de acción del objetivo educativo del Plan, veinticuatro carecen de evidencia pública localizable. La matrícula completa del ciclo 2026-2027 sigue sin publicarse, el porcentaje de docentes con licenciatura carece de registro en cualquier fuente y los seis mil millones de pesos reportados en infraestructura escolar carecen de desagregación por plantel. El estado tampoco cuenta con una evaluación censal de aprendizajes, de modo que gestiona desde hace cinco años con datos parciales, inexistentes o mirando hacia otra parte.

Michoacán dispone de capacidades reales para corregir el rumbo. Existe un presupuesto 2026 superior a 33 mil millones de pesos para la Secretaría de Educación, con alza nominal de ocho por ciento. Existe un instituto propio para la educación media superior y superior, que anunció diez bachilleratos tecnológicos, sesenta ciberbachilleratos y cinco unidades de la Universidad Rosario Castellanos. Existe la UMSNH, que es una universidad pública con autonomía y presupuesto garantizado, con el cien por ciento de sus programas universitarios acreditados, así como transferencias económicas llamadas grandilocuentemente “becas” a pesar de que no permiten dedicarse de tiempo completo a estudiar, pero son para 842,287 estudiantes, 83,493 docentes en servicio y una sociedad civil, la academia y una prensa capaces de vigilar. Faltan, en cambio, datos, metas de aprendizaje y voluntad de someterse a la medición.

La primera consecuencia es generacional. Cada estudiante que abandona la escuela sin ser localizado representa un costo de por vida en ingresos, en salud y en exposición a la captación criminal, y Michoacán acumula miles de esos casos. Si todos los jóvenes en edad de cursar bachillerato reclamaran su lugar, el sistema colapsaría por falta de espacios. Mientras tanto, el analfabetismo se ubica en 6.1 por ciento, frente a 4.1 por ciento en el promedio nacional, y ningún proyecto industrial serio apuesta su capital donde apenas la mitad de los estudiantes evaluados logra aplicar métodos lógicos para resolver problemas científicos.

La segunda consecuencia es fiscal. La federalización de la nómina magisterial, promesa central del Plan, fue descartada por la presidenta de la República el 3 de julio de 2026. En su lugar opera un convenio anual de coparticipación que aporta 4,580 millones de pesos, equivalentes a 35 por ciento del costo, de modo que 65 por ciento recae sobre unas finanzas estatales cuyos ingresos dependen en más de 90 por ciento de participaciones federales. A ello se añade la minuta firmada el 24 de junio de 2026 con la Sección XVIII, un compromiso sin costeo público que el Congreso jamás ha votado y que constituye un pasivo para la próxima administración.

La tercera consecuencia es la inseguridad del aula. El 24 de marzo de 2026 un alumno de quince años asesinó a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas. Mexicanos Primero Michoacán documenta además que 120 menores de edad fueron asesinados durante el ciclo 2024-2025, así como 220 durante el ciclo escolar 2025-2026, siendo en ambos casos el primer lugar nacional en homicidios de este grupo etario, y que escuelas de Tierra Caliente y la Sierra-Costa cierran por balaceras y retenes. Ningún programa de becas, libros o calzado sirve si el plantel permanece cerrado por terror armado.

El sexenio demostró que se puede pagar la nómina a tiempo. Falta demostrar que se puede enseñar a leer, retener a los adolescentes y proteger las escuelas.

La cuarta consecuencia es la pérdida de dos promesas que protegían a los más pobres. Las 833 escuelas de tiempo completo, con 74 mil alumnos y alimentación nutritiva carecen de continuidad verificable y el Pacto por la Educación jamás se instaló. Quien herede el sistema en octubre de 2027 recibirá un diagnóstico incompleto y una matrícula sin explicar.

Reconocer lo logrado jamás debe confundirse con aplaudir lo pendiente. Pagar quincenas era una obligación mínima, necesaria y celebrable, pero insuficiente para garantizar el derecho a aprender. Un gobierno que presume primeros lugares sin acompañarlos de notas técnicas, sin publicar su matrícula y sin medir el aprendizaje transmite una tranquilidad que los datos desmienten. La educación pública se juzga por lo que las niñas, niños y jóvenes saben, pueden y sienten seguros al salir de la escuela, y menos por la puntualidad de los cheques. Con esa vara Michoacán reprueba.

Las propuestas caben en doce meses, siempre que exista decisión. Primero, publicar en noventa días la matrícula completa del ciclo 2026-2027, un padrón nominal de abandono y el porcentaje de docentes con licenciatura. Segundo, instaurar una evaluación estatal censal de lectura y matemáticas, con línea base en este mismo ciclo. Tercero, crear un programa de búsqueda nominal, apoyado en los padrones de becas, que localice y reinscriba a quienes dejaron la escuela. Cuarto, cruzar de manera pública y trimestral las bases de abandono con las de desplazamiento, trabajo infantil y reclutamiento criminal, junto con la Fiscalía General del Estado. Quinto, blindar los entornos escolares de Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la Sierra Costa con una estrategia de seguridad específica.

Sexto, negociar un convenio plurianual de nómina y presentar al Congreso el costeo de la minuta antes de aprobar el presupuesto 2027. Séptimo, restituir con recursos estatales la jornada ampliada y la alimentación en las escuelas de mayor marginación. Octavo, desagregar por escuela, nivel y grado de marginación los seis mil millones de pesos de infraestructura. Noveno, instalar el Pacto por la Educación, con metas públicas y un comité ciudadano de seguimiento, así como el Consejo Estatal de Participación en la Educación. Décimo, acompañar cada cifra de mejora con una nota técnica sobre sus efectos demográficos.

Hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Michoacán para que publique cuanto antes la matriz de cumplimiento educativo y reconozca los pendientes; que entregue el padrón nominal de abandono escolar y un plan de regreso a la escuela. Al Congreso del Estado, para que exija el costeo de los compromisos laborales y revise el gasto en infraestructura. A las madres y los padres de familia, para que vigilen la asistencia de sus hijos y exijan información de cada plantel. A los medios, a la academia y a los aspirantes a la gubernatura de 2027, para que asuman metas verificables de aprendizaje, cobertura y seguridad escolar.

Pagar la nómina a tiempo fue necesario. Garantizar el derecho a aprender es la deuda que falta saldar, y el último año de este gobierno puede ser el año de los datos abiertos, del aprendizaje medido y de las niñas, niños y jóvenes localizados. Michoacán carece de margen para continuar en esta situación. ¡Merecemos un gobierno educador!

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