Presuntamente el homicida convivía con la víctima
Como en todas las materias, en el marketing político hay casos de éxito y situaciones que nos hacen cuestionarnos si falta sentido común, se desconocen protocolos o por qué se comenten errores.
La Policía de Morelia continúa dando resultados contundentes a la ciudadanía.
Con la conformación de 5 aplicaciones en beneficio del municipio, más de 100 jóvenes de la capital michoacana y otros estados, dieron muestra de su talento.
En completa tranquilidad, se presentaron 562 de los 871 docentes convocados, y presentaron el examen 465; la asistencia se incrementó 360% respecto a la evaluación de febrero pasado.
La prensa es la artillería de la libertad
Hans Dietrich Genscher (1927-2016) Político alemán
Este lunes, el gobierno del estado inicia una serie de encuentros con el gremio periodístico con el objetivo de llegar a materializar una Ley de Protección a Periodistas. El camino no será fácil, pero si se parte que por ahora Michoacán no cuenta con una legislación en la materia, habrá que coincidir que algo es mejor a nada.
A raíz de la desaparición de Salvador Adame, director del canal de televisión de Nueva Italia, se reactivaron tanto en el poder público como en el propio gremio periodístico, las alarmas que advierten la necesidad de contar con un mecanismo legal de protección a comunicadores, sobre todo apuntando a la vertiente de seguridad física en función de su trabajo.
Es deseable que a ello se orienten las baterías de la legislación en puerta. Lo comento porque hay una fuerte tendencia en algún sector del gremio, a incluir en la legislación aspectos como la seguridad social del periodista, pero no en cuanto a sus percepciones salariales y dotación de cobertura del IMSS e Infonavit, que sería ocioso repetir dado que son obligatorios al ser un precepto federal, sino en demandas como la “obligación” gubernamental de dotar de terrenos o vivienda a los comunicadores, o de garantizarles acceso a servicios de salud, o canalizar los recursos financieros requeridos para la “capacitación” y actualización de ellos.
Y es que resulta que el gobierno no es la parte patronal de los periodistas, huelga repetirlo. El reportero, si trabaja en una empresa, tiene un patrón, que es ella, la empresa, y ella es la que debe cumplir los requerimientos que la ley consagre. El gobierno no tiene ninguna obligación de tipo laboral con el periodista. Su obligación, en todo caso, es generar y hacer respetar el marco legal propicio para la seguridad del periodista, como la tiene con cualquier otro sector de la sociedad.
La creación de una Fiscalía especializada que atienda amenazas o ataques a periodistas; el diseño de una logística que dé respuesta rápida y eficaz a las alertas en caso de peligro, y un mecanismo ágil para dar seguridad física a ellos y sus familias ante escenarios de amenaza y peligro son, entre otros muchos, los rubros que, a mi juicio, debe englobar la legislación en la materia, pero no, insisto, temas relacionados con la “protección social”, porque éstos pueden camuflarse fácilmente con formas de dádivas y, por tanto, de corrupción en la relación gobierno-medios.
En los archivos del Congreso del Estado están arrumbadas algunas iniciativas de Ley de Protección a Periodistas. Hay la indicación del gobernador Silvano Aureoles de iniciar este lunes foros y encuentros de su área jurídica y de comunicación social con representantes del gremio periodístico, para perfilar una iniciativa que complemente o, si es necesario, supla la que duerme el sueño de los justos en los cubículos de los diputados.
La orientación señalada es, por supuesto, mi apreciación. La haremos llegar y escuchar las que en otros sentidos se expongan, que para eso son dichos foros. Veremos en qué desembocan. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
La situación en que se encuentra el trabajo periodístico en el país es de alto riesgo, el gremio en menos de una semana ha salido a manifestarse exigiendo las garantías necesarias para los trabajadores de los medios de comunicación.
En Michoacán la presentación del periodista Salvador Adame, desaparecido hace más de ocho días, donde las autoridades no han informado de los avances de la investigación.
Si bien es cierto, que el gobernador ha reconocido la gravedad del asunto, solo se ha concretado a ofrecer apoyos a los trabajadores de la comunicación y posibles protocolos de seguridad, pero nada definitivo.
La verdad de las cosas es que si los periodistas no empezamos a discutir el problema y participamos activamente, nuestro oficio se seguirá manchando de sangre y habrá vacíos por los periodistas desaparecidos, que en Michoacán desde el 2006 alcanza el número de diez, cinco de ellos desaparecidos y los otros asesinados.
De esta manera en el país, en lo que va del gobierno de Peña Nieto los periodistas desaparecidos o asesinados son 107 y solo en el uno por ciento de los casos se ha hecho justicia.
De esta manera la impunidad es el dominador común de la impartición de justicia en el país para los periodistas.
Un verdadero problema tiene que enfrentar el gobierno de Peña Nieto y los gobernadores del país para garantizar el trabajo periodístico y que la prensa no se siga manchando de sangre y se hagan vacíos por las ausencias inciertas de los periodistas desaparecidos.
Los presuntos responsables de las agresiones contra los periodistas no solo se concreta al crimen organizado, también están implicados los funcionarios de todos los niveles de gobierno, además que están coludidos con el crimen organizado en muchos casos.
Por otra parte no es un secreto que una buena parte de las agresiones en contra de los periodistas son hechas por los cuerpos policiacos y el ejército.
Pero las agresiones no se concretan a asesinatos y desapariciones, sino también a la desaparición de los medios de comunicación, a condicionar los contratos de publicidad oficial o sugerir los contenidos editoriales de los informativos, periódicos y revistas por los funcionarios de las diversas coordinaciones de comunicación social.
Por lo tanto debe de haber transparencia en los convenios de publicidad oficial y tampoco se pueden ni se deben imponer los montos monetarios al precio de los espacios para la publicidad oficial.
La publicidad oficial no debe de estar sujeta a las “buenas” relaciones entre los periodistas y los diferentes funcionarios de todos los niveles de gobierno.
La publicidad oficial es todo un tema más en el país y en particular al nivel de los gobiernos estatales y municipales.
Otro asunto relacionado con el trabajo periodístico es el derecho a la libertad de expresión y de información que tiene el público para saber de las acciones u omisiones de los diferentes niveles de gobierno, así como la transparencia y el derecho acceso a la información pública y gubernamental como una parte importante del quehacer periodístico y el derecho de los ciudadanos a la información.
Todo lo anterior está relacionado con otro tema que es el gobierno abierto, donde la sociedad civil pregunta y los diversos niveles de gobierno están obligados a contestar.
Todo lo anterior es un conjunto de problemas a resolver para que el periodismo particularmente el escrito, aquel crítico no se siga escribiendo con tinta de sangre como hasta hoy sucede en el país y Michoacán.