Defender y expandir los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes no es solamente una misión para los funcionarios, ni para los activistas del rubro, sino que es vocación que se cultiva desde la formación inicial docente y se irriga día tras día en el ejercicio profesional de más de 1.2 millones de maestros mexicanos.

En Michoacán, los trabajadores de la educación cuentan con circunstancias complejas y desfavorables para su ejercicio profesional. Las condiciones imperantes lo han convertido en caldo de cultivo y en laboratorio político, electoral y gremial a la vez.

En este mismo espacio, en 2019 advertíamos de que, en caso de no atenderse y resolverse estructuralmente la problemática de nuestra entidad federativa, la situación cundiría y se multiplicaría por todo el país. Hoy, el ejemplo de Michoacán de Ocampo cunde por toda la nación: las semejanzas en cuanto a las condiciones precarizadas de los trabajadores de la educación, la situación de violencia, inseguridad, pobreza, marginación, abandono escolar y demás factores mantienen sensibilizados, alertas e indignados a miles de docentes; mientras que la actitud gubernamental no abona a la solución estructural del atávico abandono del gremio magisterial y sus necesidades legítimas.

Hoy, resulta innegable que la michoacanización del conflicto magisterial está en marcha. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluye una semana más de paro nacional y jornada de protestas multiplicadas en la geografía mexicana. Este no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra michoacana, donde desde hace más de tres décadas se gestó un modelo de resistencia que hoy se replica en todo el territorio nacional.

La historia de la CNTE no puede contarse sin entender que nuestra entidad funcionó como el laboratorio donde se experimentaron las formas organizativas que hoy caracterizan al movimiento nacional. En los años ochenta, cuando el corporativismo mantenía un control férreo sobre el sindicalismo mexicano, los maestros michoacanos comenzaron a desarrollar prácticas organizativas que contrastaban radicalmente con el autoritarismo centralista.

Esta experiencia democrática temprana no se limitó a elegir dirigentes, sino que transformó la cultura sindical. Las asambleas se convirtieron en espacios de deliberación, no en simulacros de participación. La rendición de cuentas dejó de ser una formalidad para convertirse en una práctica cotidiana. Los maestros michoacanos demostraron que era posible construir un sindicalismo diferente, desde el gremialismo, y esta demostración resonó en todo el país.

Hoy, cuando observamos las protestas de junio de 2025, vemos cómo estas formas de organización, acompañadas de medidas de presión social se han expandido nacionalmente. Estas acciones buscan presionar al gobierno ante la falta de respuesta a sus demandas laborales, pero la presión no se ejerce desde estructuras verticales, sino desde una red horizontal de secciones que mantienen su autonomía mientras coordinan acciones nacionales.

La condición rural de Michoacán no fue un obstáculo para la organización sindical, sino su fortaleza. Los maestros que trabajaban en comunidades indígenas y campesinas desarrollaron una sensibilidad social que trascendía lo meramente laboral. Esta experiencia en territorios marginados les permitió entender que los problemas educativos no podían separarse de las problemáticas sociales más amplias.

Esta perspectiva territorial se proyectó nacionalmente porque otros estados con características similares encontraron en la experiencia michoacana un modelo replicable. Los maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que también trabajaban en condiciones de marginación, han intercambiado experiencias y generado metodologías organizativas parecidas a la michoacana adaptándola a sus propias realidades.

En la serie de reuniones entre representantes del magisterio y autoridades de la Secretaría de Gobernación se ha visibilizado que los históricos pliegos petitorios de Michoacán son sumamente parecidos a los que enarbola hoy el conglomerado de secciones de la CNTE. En ellos se abordan exigencias como mejoras salariales, basificación de plazas, incremento en el presupuesto educativo y respeto a la bilateralidad. Estas demandas reflejan cómo la agenda michoacana se ha nacionalizado: los problemas de las escuelas rurales de Michoacán son muy parecidos a los retos que afrontan las escuelas rurales de todo el país.

Las protestas actuales de 2025 reflejan esta comprensión ampliada. Los representantes del sindicato educativo buscan un aumento salarial con un sueldo mínimo de 16 mil pesos mensuales; derogación de la Ley del ISSSTE -sin Afores, ni UMAs ; reincorporación de maestros despedidos y basificación de quienes tienen contratos temporales. Estas demandas trascienden lo meramente salarial para abordar las condiciones estructurales que perpetúan la precariedad educativa.

En contraste, la respuesta represiva del Estado hacia las protestas michoacanas, que buscaban tomar las vías férreas no logró sofocar el movimiento, sino que lo fortaleció y le dio proyección nacional. Cada acto de represión ha generado solidaridad entre maestros de otros estados, creando una red de resistencia que trascendió ya por mucho las fronteras estatales.

Pero, al hablar de michoacanización de la situación educativa nacional es preciso también subrayar que, las reacciones gubernamentales a nivel nacional de hoy son muy parecidas a las que emprendieron gobiernos del ayer. Negar la realidad imperante, desvirtuarla, evadirla o reprimir son patrones que también se repiten este 2025. Hoy, la primera mandataria de la nación considera que la lucha de la disidencia magisterial tiene un gran parecido a los objetivos de aquellos que están contra la 4T, mostrando cómo la respuesta gubernamental sigue siendo la misma: descalificar políticamente a los maestros en lugar de atender sus demandas legítimas, reconociéndola como parte prioritaria de la agenda pública, planificando, programando y presupuestando las políticas públicas que habrán de resolver la problemática magisterial.

Así también, cunde la politización del movimiento magisterial a nivel nacional. La cual no es una bifurcación errabunda, sino, sino una consecuencia natural de la politización de la educación por parte del régimen, quien, apelando a Nicolás Maquiavelo, ha impulsado prácticas clientelares con el gremio magisterial invocando la “razón de Estado”. Ergo, cuando el gobierno convierte la educación en un campo de batalla ideológico, la CNTE responde con la misma moneda, actuando bajo la brújula de un proyecto político-sindical.

Los maestros michoacanos no solo desarrollaron formas organizativas diferentes, sino también una propuesta pedagógica alternativa, la cual rescata la tradición de la educación rural mexicana. La educación popular desarrollada en Michoacán se caracteriza por su enfoque comunitario, por la priorización de lo cultural y su compromiso social. Esta propuesta se nacionalizó porque respondía a necesidades educativas que eran comunes a todo el país. Los maestros de otros estados que trabajaban en contextos similares adoptaron y adaptaron la propuesta michoacana, dando pie a la creación de redes de educación alternativa.

Michoacán aportó al movimiento nacional no solo formas organizativas y propuestas pedagógicas, sino también una cultura de resistencia, nutrida por las tradiciones étnicas e históricas del estado, pero reinterpretadas en clave contemporánea.

Las protestas de mayo y junio de 2025 muestran cómo el modelo michoacano se ha expandido por todo el país. Lo que observamos no es una simple repetición de viejas fórmulas, sino la actualización de un modelo de resistencia que ha demostrado su vigencia.  Así también, la persistencia de estas demandas no es producto de la nostalgia, sino de la continuidad de los problemas estructurales que las generaron. Entonces, el modelo michoacano de resistencia magisterial ha encontrado en las condiciones actuales del país un terreno fértil para su expansión. Más aún, ya hay sindicatos acuñados en Michoacán, con objeto social centrado en la educación media-superior y superior, que cuentan con alcance nacional y están movilizándose en entidades tan alejadas como la península yucateca, marchando y bloqueando el aeropuerto.

En suma, México se encuentra en una encrucijada histórica. El modelo de resistencia magisterial desarrollado en Michoacán ha demostrado su capacidad de expansión y adaptación a diferentes contextos. Las protestas de mayo y junio de 2025 son solo la manifestación más visible de un fenómeno que se ha venido gestando durante décadas.

La estrategia gubernamental de negación de la realidad, evasión del diálogo, confrontación y descalificación ha demostrado su ineficacia, en Michoacán y en el país. Cada acto de represión, cada intento de dividir al movimiento y cada descalificación política no hacen más que fortalecer la solidaridad entre los maestros y expandir el modelo de resistencia a nuevos territorios, así como a sectores sociales y padres de familia, como es el caso de Sonora, en donde los paterfamilias reforzaron las marchas y movilizaciones.

Es urgente que el gobierno federal reconozca que el problema magisterial no es un problema de orden público, sino un problema de justicia social. Las demandas genuinas de los maestros no son caprichos corporativos, sino reivindicaciones legítimas que reflejan las condiciones precarias en las que se desarrolla la educación pública en México.

La solución no pasa por la negación del diálogo, ni por la represión ni por la división, sino por el reconocimiento de que la educación pública requiere de una inversión real, de condiciones laborales dignas para los maestros, y de un proyecto educativo que responda plenamente a las necesidades del país, no al control del poder político ni a los intereses de unos cuantos.

Si el gobierno no atiende las causas estructurales que generan el conflicto magisterial, el modelo michoacano seguirá expandiéndose por todo el país. Otros estados desarrollarán sus propias experiencias de resistencia, y el conflicto se multiplicará exponencialmente.

La decisión está en manos de las autoridades: pueden elegir el camino del diálogo y la solución estructural, o pueden seguir apostando por la confrontación y ver cómo el modelo michoacano se replica más remarcadamente en todo el territorio nacional. La historia de los últimos treinta años demuestra que la segunda opción solo lleva a la perpetuación y expansión del conflicto.

El tiempo se agota. Ahora corresponde al gobierno demostrar su capacidad de diálogo y solución. La alternativa es ver cómo los problemas magisteriales de Michoacán se convierten en los problemas magisteriales de todo México y las medidas de protesta en las tácticas presurizadoras a nivel nacional.

Ya no hay duda alguna: la semilla michoacana ha germinado en suelo nacional. Depende de las autoridades educativas federales y de cada entidad federativa en particular atender las causas fundantes de la protesta magisterial y decidir a favor de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes, con base en el análisis de las experiencias previas que se viven en Michoacán, para evitar repetir patrones y errores costosísimos, ya que las curvas de aprendizaje en educación implican generaciones enteras que reciben una formación deficitaria y, por ende, sus derechos educativos son transgredidos.

Es momento de conjurar que las malas experiencias vividas en tierras michoacanas se repliquen por todo el sistema educativo y por el contrario, se abrace la realidad, se reconozca la problemática y se establezca consensuadamente una ruta de solución, con horizontes a corto, mediano y largo plazos. Así, aprendiendo de las circunstancias, puede aprovecharse esta michoacanización en las raíces del árbol de la transformación educativa que México necesita.

Porque, a todo esto, no debemos de olvidar jamás que, las consecuencias de la conflagración del sistema educativo las pagan los estudiantes, con costos incalculables y vitalicios en su formación. Esas afectaciones también tuvieron en Michoacán su génesis y ahora amenazan a toda la educación nacional.

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