La emergencia educativa nacional nos demanda a todos los mexicanos a estar siempre a favor y en defensa de los derechos de las infancias y juventudes en la nación. Uno de los indicadores al respecto es el tiempo de aprendizaje. La decisión de la Secretaría de Educación Pública de reducir el calendario escolar 2025-2026 de 190 a 185 días lectivos para otorgar una semana adicional de vacaciones a los docentes representa un retroceso en materia educativa que compromete el derecho fundamental al aprendizaje de niñas, niños y jóvenes mexicanos. Hay por lo menos diez razones por las cuales esta decisión unilateral es perjudicial:
- Violación del derecho constitucional a la educación. La reducción de días lectivos constituye una disminución directa del tiempo educativo para lograr alcanzar lo que está garantizado constitucionalmente en el Artículo Tercero. El Estado tiene la obligación de maximizar, no de reducir, las oportunidades de aprendizaje de la población estudiantil.
- Agravamiento de las brechas de aprendizaje existentes. México ya presenta rezagos educativos significativos a nivel internacional, recordemos el estancamiento que manifiestan los resultados de la Prueba PISA 2022 respecto a la PISA 2000, donde prácticamente no hemos avanzado. Recortar tiempo da ápice a que se amplifiquen estas desventajas y que, posiblemente se perpetúen las desigualdades educativas que afectan especialmente a estudiantes de contextos vulnerables.
- Incumplimiento de estándares internacionales. Los organismos internacionales recomiendan incrementar, no disminuir, el tiempo efectivo de aprendizaje. Esta medida va en sentido contrario a las mejores prácticas educativas mundiales y compromete la competitividad educativa del país, colocando en posible desventaja a los estudiantes y egresados de nuestro sistema educativo en un contexto internacional.
- Priorización de congraciamiento con actores gremiales sobre el interés superior de la niñez. La decisión busca atemperar el proceso de negociación en un proceso de paro y movilizaciones ante una agenda magisterial irresuelta, así como demandas sindicales por encima del derecho fundamental de millones de estudiantes a recibir una educación integral y suficiente, invirtiendo la jerarquía de prioridades que debe regir la política educativa, sin acertar a distinguir entre ésta y la política pública magisterial.
- Impacto desproporcionado en estudiantes de familias trabajadoras. Las familias de menores recursos dependen del sistema educativo público para el cuidado y formación de sus hijos. La reducción del calendario afecta especialmente a estas familias que no pueden costear alternativas educativas privadas, ni tampoco guarderías, exponiendo gravemente a los estudiantes a riesgos de toda índole, al no contar con la supervisión de adultos.
- Contradicción con los objetivos de recuperación postpandemia. Después de las pérdidas de aprendizaje ocasionadas por COVID-19, la prioridad debería ser recuperar y fortalecer el tiempo educativo, no reducirlo. Esta medida puede contribuir a profundizar el rezago acumulado en los últimos años.
- Mensaje negativo sobre la valoración de la educación. Reducir días de clase envía una señal social equivocada sobre la importancia que el gobierno otorga a la educación, contribuyendo a devaluar la percepción social del proceso educativo.
- Pérdida de competencias curriculares esenciales. Cinco días menos de clase representan por lo menos 20 horas lectivas perdidas, tiempo suficiente para el desarrollo de competencias fundamentales en matemáticas, lectura, ciencias y otras áreas críticas del conocimiento. Es decir, la cantidad de clases puede comprometer el cumplimiento cabal de los planes y programas de estudio, así como el logro de aprendizajes esperados.
- Precedente peligroso para futuras negociaciones. Esta concesión, que, primeramente, no guarda relación con el pliego petitorio de la CNTE, donde no piden acortar el calendario escolar establece un precedente que puede derivar en futuras reducciones del tiempo educativo como moneda de cambio en negociaciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad del calendario escolar.
- Ausencia de compensación pedagógica. No se han anunciado medidas compensatorias como intensificación de actividades educativas, programas de reforzamiento o extensión de horarios que mitiguen el impacto de la reducción del tiempo lectivo.
Hay cinco acciones que se deben de hacer inmediatamente:
- La reversión inmediata de la medida. Es imperativo que la SEP revierta la decisión de reducir el calendario escolar y mantenga los 190 días lectivos establecidos originalmente, priorizando el derecho educativo de los estudiantes sobre demandas gremiales. Retirar días de clase del calendario, en absoluto es la manera de congraciarse con el magisterio, ni tampoco la forma de resolver los rezagos acumulados en la revalorización docente.
- La construcción de mecanismos de compensación educativa. Es urgente el diseño e implementación inmediata de programas de reforzamiento académico, extensión de jornadas escolares y actividades complementarias que compensen las horas lectivas perdidas en ciclos anteriores.
- Transparencia presente y futura en decisiones que impacten los derechos de las infancias y las juventudes. Todas las decisiones que afecten el tiempo y la posibilidad de alcanzar aprendizajes en el sistema educativo deberían ser sometidas a consulta pública y evaluación del posible impacto, garantizando la participación de la comunidad educativa, académicos, investigadores, sociedad civil y ciudadanía.
- La priorización de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. El gobierno federal debe establecer como principio irrenunciable que ninguna medida instrumental tecnocrática ni política, en aras de mejorar el clima de negociación laboral o de tomar decisión administrativa alguna podrá comprometer el derecho fundamental de niñas, niños y jóvenes a recibir educación de excelencia.
- Rendición de cuentas y evaluación de resultados. Paralelamente, debe construirse e implementarse un sistema de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto real de estas decisiones en los aprendizajes estudiantiles y que los responsables de políticas educativas rindan cuentas públicas sobre los resultados obtenidos.
La educación no es negociable. El tiempo de aprendizaje de nuestros estudiantes no puede ser moneda de cambio en acuerdos políticos.
Es hora de que las autoridades educativas pongan en el centro de sus decisiones el derecho fundamental de millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos a aprender, el cual se compromete cuando hay menos tiempo efectivo de clases. ¡Merecemos un gobierno educador!
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
