La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 122/2019 es, en esencia, la apertura de una ventana de oportunidad histórica para rediseñar la política educativa en estados con una tradición magisterial tan profunda como Michoacán.

El fallo de la Corte ha dejado claro que la prioridad otorgada a los egresados de las Escuelas Normales Públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) es constitucional.

Esta decisión reconoce que el fortalecimiento de estas instituciones es un fin nacional legítimo. Sin embargo, para las autoridades educativas locales, este mandato no debe interpretarse como un dogma de exclusión, sino como una herramienta de ordenamiento institucional que beneficie a todos los actores del ecosistema educativo.

El Nuevo Escenario para el Normalismo.

Para las escuelas normales de México y de estados marginados como Michoacán en particular, históricamente descobijadas institucional y presupuestalmente, esta resolución significa certidumbre. Al blindar legalmente su preferencia en la admisión, se asegura que la formación docente pública sea el eje rector del sistema. Esto permite una planeación educativa mucho más robusta: las normales pueden ahora alinear sus matrículas con las necesidades reales de las vacantes en el estado, garantizando que quien se forma en el normalismo público tenga una ruta clara hacia el servicio profesional.

No obstante, la gran oportunidad de política pública radica en entender que prioridad no significa exclusividad. El sistema educativo michoacano se fortalece cuando es capaz de integrar el talento de manera ordenada. Actualmente, en nuestro estado, el proceso enfrenta el desafío de una interpretación restrictiva que impide la participación de egresados de otras instituciones. Corregir esto no es solo un imperativo legal, sino una necesidad de excelencia académica.

Beneficios para el Gremio y las Autoridades

Para el gremio magisterial, este marco jurídico ofrece una «revalorización» real. Al contar con reglas de admisión claras y avaladas por la Corte, se reduce el espacio para la discrecionalidad y el clientelismo. El docente michoacano gana seguridad jurídica en sus incentivos y promociones, pues la validez de los lineamientos de la USICAMM permite que los programas de promoción horizontal operen con una base administrativa sólida.

Por su parte, las autoridades educativas locales tienen hoy el respaldo para actuar con firmeza. El reto es transitar de un modelo de confrontación a uno de gestión técnica eficiente. La autoridad tiene ahora la facultad —y la obligación— de organizar procesos donde los normalistas públicos encabecen las listas de prelación, pero donde también se permita que los mejores perfiles de otras universidades ocupen los espacios remanentes. Esta «apertura ordenada» es lo que realmente garantizará que ninguna escuela de la entidad se quede sin un maestro debidamente evaluado.

No olvidemos que, en educación inicial, en preescolar, en secundaria, en bachillerato y en educación superior, aún no se alcanza la cobertura universal. Esto quiere decir, que se requieren más maestros que las mil ochenta plazas que anualmente se ofertan, a manera de recambio generacional. Así como se encuentra la distribución de la matrícula en la entidad, alcanzar cobertura universal implicaría la contratación de 72 mil maestros más. Entonces, si se avanza en ese terreno, sería inaceptable soslayar a los egresados de escuelas privadas.

¿Qué se requiere para lograrlo?

Para que esta resolución se traduzca en una mejora real del sistema educativo estatal, se requieren tres acciones fundamentales:

1. Reforma Interpretativa Local: Es necesario que las autoridades educativas en Michoacán ajusten sus convocatorias para reflejar fielmente el espíritu de la ley: prioridad absoluta al normalismo público, pero apertura a la participación de otros planteles una vez agotadas las listas prioritarias. La exclusión actual solo genera brechas de talento y conflictos jurídicos innecesarios.
2. Transparencia Radical en USICAMM: La confianza del magisterio depende de que el proceso de asignación sea público y verificable. Si la prioridad es legal, su ejecución debe ser impecable para evitar sospechas de favoritismo. Es sabido y está documentado que ha habido procesos específicos en donde las listas de prelación para el ingreso al servicio profesional docente se han convertido en papel mojado mediante manejos facciosos de los anexos de plazas disponibles y el manipuleo en torno a la fecha de caducidad de la idoneidad.
3. Vinculación Formativa: Las normales michoacanas deben aprovechar esta protección legal para elevar sus estándares. La prioridad otorgada por la Corte no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad de entregar a los docentes más preparados para las zonas de mayor rezago en el estado. Entonces, la manera de lograrlo es invirtiendo más y dignificando a las escuelas normales al máximo, para que se conviertan en los centros de formación inicial docente de excelencia que se requieren, para que sus egresados afronten con éxito los retos vocacionales, productivos, sociales y económicos de la entidad para los próximos 40 o 50 años. Menudo reto.

En suma, el gobierno estatal tiene ante sí la oportunidad de convertirse en el referente nacional de cómo armonizar la protección del normalismo público con la inclusión de nuevos talentos pedagógicos. Al implementar una política de «prioridad sin exclusión», no solo cumplimos con la ley, sino que honramos el derecho de las niñas y niños michoacanos a una educación de excelencia, nutrida por la tradición y abierta a la innovación. Es momento de dejar atrás las barreras que limitan nuestra capacidad educativa y construir un sistema donde el mérito y la formación institucional caminen de la mano. Y, por supuesto, gobernar es presupuestar. Dignificar a las escuelas normales y dotarlas de las mejores condiciones posibles será la mejor manera de interpretar desde lo local esta resolución de la Corte a favor de los derechos a estar, aprender y participar de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. ¡Que así sea!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

Un análisis crítico de los posicionamientos de la SEE y propuestas para una educación centrada en los derechos de niñas, niños y jóvenes

Cuarta Parte y final: Octubre – diciembre de 2025.

Este artículo examina cronológicamente los principales pronunciamientos de la dependencia estatal emitidos durante 2025 y propone alternativas de política pública que coloquen en el centro los derechos educativos de la infancia y juventud.

Octubre: Transparencia Tardía y Conflictos Políticos Internos

Asignación de Plazas: Transparencia Reactiva ante Acusaciones.  El 20 de octubre hubo una rueda de prensa sobre la ‘asignación transparente de plazas docentes’. Se reportó que entre 2021 y 2025 se asignaron 4,842 plazas a docentes de nuevo ingreso y se realizaron 29 mil acciones de certeza laboral. En octubre 2025 se asignaron 442 plazas. Todo suena positivo hasta que se conoce el contexto: la rueda de prensa se convocó en los hechos para dar respuesta a acusaciones de irregularidades por parte de un ex-titular de la SEE, Héctor Ayala.

La actual titular reconoció problemas graves que persisten: 5 mil personas cobran en un centro de trabajo, pero laboran en otro. Esta cifra revela un desorden administrativo estructural que trasciende administraciones. La transparencia es importante, pero llega tarde y es reactiva, debiendo ser una práctica sistemática de buen gobierno.

La propuesta es que exista transparencia proactiva, con una depuración profunda de la nómina magisterial, para lo cual se requiere una auditoría exhaustiva e independiente de la nómina educativa completa para identificar todas las irregularidades: personas que cobran sin trabajar, duplicidad de plazas, aviadores y cobros en lugares distintos a donde laboran, entre otras, acompañada de la depuración inmediata del personal que cobra sin trabajar o con irregularidades administrativas graves, con recuperación de recursos pagados indebidamente y sanciones legales correspondientes. Es contingente también crear un sistema biométrico obligatorio de control de asistencia en todos los centros educativos, con verificación diaria y reportes automáticos de ausencias no justificadas, así como publicar en tiempo real, en una plataforma abierta y accesible, todas las asignaciones de plazas docentes con información completa: nombre del docente, perfil académico, criterios de asignación aplicados, escuela de adscripción y otras más.

Paralelamente, debe haber una investigación independiente externa sobre todas las irregularidades en la nómina educativa, con participación de organismos especializados en auditoría y anticorrupción, sin sesgo político partidista, con una auditoría completa de la gestión educativa 2015-2025 que identifique responsabilidades específicas por períodos, sin permitir que funcionarios actuales culpen a los anteriores de todos los problemas presentes y establecer mecanismos institucionales de transición entre administraciones que obliguen a documentar problemas identificados, acciones correctivas implementadas y resultados alcanzados, evitando borrón y cuenta nueva cada cambio de gobierno.

Noviembre-Diciembre: Un colapso.

Protestas en la SEE: La Crisis Inocultable.  Múltiples protestas estallaron simultáneamente en las instalaciones de la SEE, con padres de familia exigiendo maestros para sus escuelas, trabajadores exigiendo pagos pendientes. Los manifestantes llegaron a las instalaciones, cerraron accesos y bloquearon la avenida Siervo de la Nación. La imagen es devastadora: la sede de la Secretaría de Educación sitiada por quienes deberían ser sus principales aliados y beneficiarios.

Las protestas evidencian un colapso de gestión. La falta de maestros contradice toda la narrativa de ‘estabilidad educativa’. Los pagos pendientes contradicen la celebración de ‘100 quincenas pagadas puntualmente’. El discurso oficial y la realidad colisionan de manera brutal. Ya no es posible ocultar los problemas con propaganda. La crisis es evidente, pública y documentada. El segundo semestre de 2025 culmina no con celebraciones, sino con bloqueos y protestas.

Por ello, la propuesta es brindar atención urgente, efectiva y transparente a la problemática que genera la movilización, resolviendo la problemática magisterial, los pagos pendientes a trabajadores con cronograma público de cumplimiento y rendición de cuentas sobre causas del retraso, asignar docentes a todas las escuelas con carencias en un plazo máximo de 15 días, priorizando telesecundarias y escuelas rurales donde la falta de maestros es más grave, crear un sistema de atención de quejas y demandas con respuesta institucional en máximo 15 días hábiles, evitando que familias y trabajadores tengan que protestar para ser escuchados y transparencia total sobre problemas y soluciones: publicar para cada situación de movilizaciones un informe completo de crisis identificadas, acciones correctivas implementadas y cronograma de resolución con seguimiento público.

El Balance de Tres Años. El 9 de diciembre, se presentó un balance de tres años de gestión. En un tono honesto, se reconoció el temor que sintió al inicio, destacó algunas mejoras, pero también se admitió que hay ‘muchos aspectos por atender’ y que ‘llevará tiempo resolver el estado actual’ de la educación en Michoacán. Incluso, se mencionó el trabajo de Mexicanos Primero.

Es valioso que se reconozca los desafíos pendientes, pero aún insuficiente. Mexicanos Primero presentó propuestas concretas: depurar nómina, mejorar infraestructura, restablecer evaluaciones. ¿Se implementarán? ¿O quedaron como simple reconocimiento retórico sin consecuencias prácticas?

Propuesta es transitar de la honestidad reflexiva hacia la acción transformadora, retomando el balance de diciembre y traducirla en acciones concretas con cronograma, presupuesto y responsables específicos. Así también, implementar las propuestas específicas: depuración de nómina, garantía de servicios básicos en todas las escuelas, restablecimiento de evaluaciones educativas independientes. También, lo es crear un sistema de mejora continua con evaluación periódica independiente que identifique avances y retrocesos, permitiendo ajustes de política pública basados en evidencia.

Ante ello, la propuesta es generar un Plan de Emergencia Educativa Integral con las siguientes acciones prioritarias: un Protocolo de Seguridad en Contextos de Violencia con participación interinstitucional que incluya un diagnóstico de riesgo por plantel, rutas seguras casa-escuela-casa, coordinación con autoridades de seguridad, y espacios de contención emocional para estudiantes afectados; un Programa de Atención Psicosocial Permanente para estudiantes, docentes y familias afectadas por violencia, con personal especializado en trauma y al menos un psicólogo por cada tres escuelas en zonas de alta incidencia delictiva; restablecer las evaluaciones educativas, pero siendo independientes, para poder conocer los niveles de aprendizajes mediante convenio con organismos especializados, tales que permitan conocer el estado real del sistema educativo, garantizar servicios básicos en todas las escuelas en un plazo máximo de dos años: agua potable, electricidad, sanitarios dignos y separados por sexo, con presupuesto específico y auditoría; contar con un sistema público de transparencia que publique en tiempo real: indicadores de aprendizaje por escuela, asignación y ejercicio de recursos, plazas docentes asignadas, incidentes de violencia escolar y días perdidos de clases.

Conclusión: La educación michoacana, entre dos caminos.

El 2025 culminó con una lección brutal: la educación no se transforma con propaganda, se transforma con trabajo sustantivo basado en evidencia. La narrativa triunfalista colapsó ante la realidad documentada. Los reconocimientos políticos, las declaraciones aspiracionales y los eventos protocolarios no construyen; en cambio, sí que contribuye contar con docentes bien formados, escuelas seguras y dignas, estudiantes aprendiendo, familias participando y funcionarios rindiendo cuentas con honestidad.

2025 expuso tres problemas estructurales:  La instrumentalización de la educación para fines político-electorales, usando recursos públicos; la desconexión entre discurso oficial y gestión administrativa. Mientras se celebraba estabilidad, las escuelas no tenían maestros. Mientras se proclamaban logros, los trabajadores no recibían pagos. Mientras se acumulaban reconocimientos políticos, las familias protestaban en las calles y, finalmente, la ausencia de evaluación independiente que permitiera conocer la realidad educativa más allá de la propaganda oficial. Solo cuando Mexicanos Primero publicó su informe crítico en diciembre se conoció la magnitud de la crisis.

La educación michoacana está en una encrucijada. Puede continuar por el camino de la retórica vacía, la propaganda política y la instrumentalización electoral. O puede tomar el camino de la honestidad, la evidencia y el trabajo sustantivo. El primer camino conduce a más de lo mismo: discursos triunfalistas mientras niños mueren, escuelas se caen y docentes trabajan sin formación. El segundo camino es más difícil, pero es el único que puede transformar realmente la educación.

Las propuestas presentadas en este artículo de cuatro entregas apuntan hacia principios fundamentales: transparencia radical, evaluación independiente, redistribución presupuestal con enfoque en calidad, seguridad escolar como condición básica, formación docente continua como inversión prioritaria, participación ciudadana en monitoreo y evaluación, y separación absoluta entre función pública y militancia política.

2025 cerró con 120 menores asesinados, miles de estudiantes sin maestros, dos tercios de escuelas sin servicios básicos y personas con cargo pensando en su carrera política más que en su responsabilidad educativa. Esta es la radiografía dolorosa pero necesaria de la educación michoacana. Solo reconociendo esta realidad se puede comenzar a transformarla.

Más de 1.2 millones de estudiantes michoacanos merecen educación, merecen funcionarios trabajando por su aprendizaje. Más que discursos sobre transformación, merecen transformación real. El derecho a la educación no se satisface con narrativas triunfalistas, se satisface con escuelas seguras, docentes formados, infraestructura digna y aprendizajes significativos.

Mientras estos objetivos no se cumplan, mientras la educación siga subordinada a la política electoral, mientras la retórica sustituya a la evidencia, Michoacán seguirá en deuda con su infancia y juventud. Y ningún reconocimiento político, ninguna declaración aspiracional y ningún evento propagandístico podrá ocultar esta verdad incómoda pero ineludible: las niñas, niños y jóvenes merecen un gobierno educador, que garantice los derechos a estar, aprender y participar de los michoacanos.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.