Tras dos jornadas intensivas, el VII Foro Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México cerró sus puertas en Morelia, destacando el compromiso inquebrantable con la fiscalización, la prevención de la corrupción, el manejo del conflicto de intereses, la aplicación del principio pro persona y las implicaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el sector electoral.

La jornada comenzó con una mesa de análisis y debate, donde destacadas figuras del ámbito judicial y electoral como el Magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza del Tribunal de justicia Admisnitrativa del Estado de México discutieron sobre la importancia de individualizar las sanciones a ex servidores públicos, evitando medidas desproporcionadas que podrían impedir su ejecución efectiva.

De igual forma, el Magistrado Sergio Flores Navarro, del Tribunal de Justicia Admisnitrativa de la Federación alertó sobre el peligro de imponer sanciones administrativas buscando notoriedad más que justicia, mientras que la Magistrada Lizett Puebla Solórzano, del Tribunal de jusiticia Admisnitrativa de michoacán abordó las dificultades de penalizar cohechos cuando las prestaciones no son legalmente acreditables.

Por otro lado, el Magistrado Víctor Chávez López, del Tribunal de justicia Admisnitrativa del Estado de México remarcó la necesidad de fundamentar técnicamente las faltas dentro del marco legal electoral, establecer un claro nexo causal y personalizar las sanciones para garantizar su justicia y eficacia. Julio Sabines Chesterking, también magistrado, enfatizó la importancia de mantener la presunción de inocencia durante las investigaciones.

Posteriormente, la conferencia de María del Carmen López Herrejón, Contralora del Ayuntamiento de Morelia, enriqueció el evento con su enfoque en la necesidad de una coordinación interinstitucional eficaz en los procedimientos de fiscalización, resaltando cómo esta colaboración puede mejorar el intercambio de información y fortalecer la prevención de conductas indebidas entre los servidores públicos.

Las discusiones y la conferencia fueron moderadas por Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán; Carol Berenice Arellano Rangel, Consejera Electoral, Juan Adolfo Montiel Hernández y Juan Juan José Moreno Cisneros, Consejerías Electorales y Director de Vinculación y Servicio Profesional del IEM, con presentaciones de trayectorias por la Consejera Electoral Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Juan Pedro Gómez Arreola, Director Ejecutivo de Organización Electoral.

La clausura del foro estuvo a cargo de Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, quien destacó los logros del foro y el compromiso continuado hacia la transparencia y la ética en la administración pública, reafirmando el papel vital de la educación cívica en el fortalecimiento de la democracia en México.

Con estos enriquecedores diálogos y compromisos renovados, el VII Foro Nacional ha demostrado ser un pilar fundamental para el avance de la transparencia y la ética en la gestión pública.

Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEEMICH), cuestionó: ¿Podrían ser sujetos de responsabilidad las personas representantes de partidos políticos que no tienen acceso a recursos públicos, pero sí tienen determinada una función dentro del ente? En el caso de las personas que son representantes de partidos políticos en los Consejos Generales de los OPLES y órganos desconcentrados de los institutos electorales, existe diversidad de escenarios respecto a las prerrogativas de las que gozan según la entidad federativa de que se trate. En algunos casos, tienen derecho a alimentos, viáticos, oficina, personal, uso de vehículos y el pago de una iguala por la función que ejercen en el órgano de dirección. En otros casos, únicamente reciben una dieta por sesión a la que asisten.

Lo anterior se expresó en la Mesa de Discusión y Análisis en Materia de Responsabilidades y Prevención de la Corrupción, en el VII Foro Nacional de Capacitación de los Órganos Internos de Control Electorales, donde participó con Víctor Alfonso Chávez López, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Sergio Flores Navarro, Magistrado de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Alberto Gándara Ruíz Esparza, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Lizett Puebla Solórzano, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán; y el Magistrado Presidente de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Julio Sabines Chesterking.

Los ponentes respondieron a rondas de preguntas realizadas por la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, el Consejero Juan Adolfo Montiel Hernández y la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, referentes a la imposición de sanciones por faltas no graves a personas exservidoras públicas, y sobre si ¿es jurídicamente correcto que la autoridad investigadora, en sus diligencias de investigación, realice solicitudes de información al Presunto Responsable? Si bien la elaboración de la teoría del caso se encuentra relacionada con la materia penal, también es adoptada en el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuáles serían los tópicos que debemos tomar en consideración al momento de la formulación del Informe de Presunta Falta Administrativa? Y sobre ¿qué laguna general existe desde su perspectiva respecto de su aplicabilidad en un contexto de los Órganos Internos de Control?

Entre las conclusiones, el Magistrado Sergio Flores explicó que la Administración Pública, una buena y sana, debe ser la que tuviera menor cantidad de servidores sancionados y no acreditar con números el éxito de la función del órgano de control, sino ejercer con profesionalismo y objetividad el resultado de lo que tienen conocimiento, de sus facultades, de sus atribuciones, de ejercicio e investigación, para observar puntualmente también que se cumpla con lo que la ley marca. Es decir, no criminalizar, no establecer una dinámica persecutoria.

La Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán coincidió en que un buen resultado del trabajo no se enfoca en el número de investigaciones, sino en la lucha contra la corrupción, y en que el procedimiento otorgue todas las garantías al servidor público investigado.

Jaime Sabines, por su parte, concluyó que los órganos internos de control también deberían tener mecanismos para subsanar las deficiencias o las faltas cuando el criterio de oportunidad se da. Así como existe el criterio de oportunidad en la materia penal, debería haber un criterio de oportunidad también en la vía administrativa, y para ello deberían convocar a los legisladores y compartir las áreas de oportunidad.

Yurisha Andrade agradeció la invitación a participar a los organizadores del evento: Rosario Flores Muñoz, Presidenta de la ANCCIEM y Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Michoacán; y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Contabilidad y Administración. Aseguró que se comparte conocimiento para todas las autoridades, incluso ya de la Contraloría del Estado, con experiencias y un aprendizaje que les puede ayudar bastante en su vida cotidiana, en el ámbito donde se desarrollan (administrativo, jurisdiccional), y que los fortalece para resolver bastantes dudas en algunos criterios que podrían tener y, sobre todo, tratar de homologarse para poder llevar a cabo el proceso correcto.