Se publicó el pasado 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional”. Se trata de un documento extenso, detallado y técnico cuyo objetivo general es establecer criterios para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional mexicano promoviendo estilos de vida saludables.

Esta nueva normativa, la cual entra en vigor legal el próximo sábado 29 y tendrá vigencia plena el próximo lunes 31, parte de principios fundamentales como la sostenibilidad alimentaria nacional, la protección del interés superior de niñas, niños y jóvenes, a ausencia de conflictos de interés y el respeto a la diversidad cultural alimentaria. Para tales efectos, impone restricciones como la prohibición de alimentos con sellos de advertencia por alto contenido de macronutrientes y la eliminación de alimentos procesados y bebidas con bajo valor nutricional, principalmente, contrastada con la promoción de alimentos naturales, frescos y de temporada al interior de las comunidades escolares. Estipula márgenes porcentuales y en términos absolutos para componentes nutricionales como las grasas saturadas, azúcares, sodio y la distribución de macronutrientes. La justificación es plena, prolija y robusta, ya que hay una gran cantidad de razones para mejorar la dieta de los mexicanos y de las generaciones jóvenes en particular.

El Acuerdo asigna responsabilidades institucionales amplias, ya que, entre otras, las autoridades escolares deben verificar su cabal cumplimiento; las autoridades educativas promoverán su difusión en todas las comunidades escolares y las autoridades sanitarias realizarán verificaciones periódicas en los planteles,

Respecto a la formación y promoción, se comprometen actividades de formación continua para docentes sobre alimentación saludable, la realización de campañas informativas aunadas a la promoción de actividades deportivas y culturales.

A los proveedores de alimentos escolares se les obliga a ofrecer exclusivamente alimentos saludables, en los términos y condiciones estipulados en el Acuerdo, a la par que deberán de recibir capacitación en manejo higiénico de alimentos y deberán ofertar productos a precios accesibles, considerando la situación socioeconómica de la gran mayoría de los integrantes de las comunidades escolares: maestros, estudiantes y padres de familia.

Así también, se conformarán Comités de Alimentación, con amplia participación de maestros, padres y estudiantes, quienes realizarán acciones de vigilancia del cumplimiento del Acuerdo y sus lineamientos, así como la promoción de hábitos alimenticios saludables.

La normatividad cuenta con un marco punitivo, toda vez que las eventuales infracciones serán sancionadas según lo estipulado en la Ley General de Educación, a la par que habrá posibles sanciones administrativas y sanitarias, dependiendo del rubro que se desacate y habrá una eventual responsabilidad de las autoridades escolares en cumplimiento.

Aunado a lo anterior, la norma contempla su evaluación y actualización periódicas, ya que se hará una revisión de los lineamientos cada cinco años y habrá mejora continua y adaptación según las nuevas evidencias científicas provean de información al respecto, mientras que se buscará que exista innovación en cuanto a las estrategias nutricionales respecte.

Sin duda, estamos ante un acuerdo con lineamientos generales que posee fortalezas importantes, como la búsqueda de que contuviese un enfoque integral y multidisciplinario, así como interinstitucional. La fundamentación y motivación jurídica es muy vasta y se percibe, desde los considerandos y antecedentes que estamos ante el producto de una revisión del marco normativo muy minuciosa para estos efectos. Así también, se busca basar el acuerdo en evidencia científica sólida, la cual, a reserva de la revisión de expertos en la materia, de antemano se intentó inyectar en el documento, que incluso prevé su mejora continua y revisión periódicas. Asimismo, el documento hace consideraciones en materia de diversidad cultural, reconociendo implícitamente a la gastronomía comunitaria y hábitos nutricionales como parte de nuestra idiosincrasia. Paralelamente, brinda una perspectiva de la importancia de la promoción de la sostenibilidad alimentaria con base en la producción primaria propia de las regiones de nuestra nación, así como declara la trascendental importancia del interés superior de la niñez y la juventud en materia de la protección de su salud, bajo un enfoque integral.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo que realiza en un rubro complejo y en el cual muy poco se ha podido hacer en la  historia nacional, es importante también detectar que existen debilidades potenciales en el Acuerdo, como son la complejidad de implementación en todo el sistema educativo nacional, tan grande, vasto, diverso y desigual; las posibles limitaciones presupuestales y de supervisión, tanto a nivel nacional como en cada aula; la natural resistencia al cambio de hábitos alimenticios por parte de todos los actores involucrados; los inmensos desafíos logísticos en escuelas de zonas rurales y en regiones enteras que se encuentran en situación de pobreza incluso alimentaria; así también la necesidad de una campaña de difusión, de capacitación a proveedores de alimentos, cooperativas y comedores escolares, así como formación continua para los trabajadores de la educación, especialmente, docentes y directivos. Finalmente, otro posible obstáculo lo constituirán los intereses en torno a la oferta y la demanda de comida “chatarra”; ni más ni menos.

No se omite recordar que se han hecho intentos fallidos previos, como el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica”, que se emitió el 19 de agosto de 2010, por los entonces Secretario de Educación Pública, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, ya extinto y el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.  Esta norma, que se convirtió en letra muerta inmediatamente, en su Transitorio Tercero decía que “la aplicación del presente Acuerdo y su Anexo Único será obligatoria en todas las escuelas de educación básica a partir del 1o. de enero de 2011”.

De todo lo anteriormente dicho, considerando los fracasos previos, quizás la principal objeción que tiene el Acuerdo presente es lograr su debida aplicación y apropiación en las comunidades escolares de la nación. Primeramente, posee un marco normativo muy robusto y complejo, que no es sencillo de interpretar, por poseer tecnicismos propios a las ciencias de la nutrición. En segundo aspecto, esto va a sobrecargar a los trabajadores de la educación que se encuentran laborando en comunidades escolares.

Es muy, pero muy importante que, una vez más, no se sature a la figura del docente con más trabajo. No olvidemos que, las maestras y maestros ya se encuentran muy ocupados estrenando el modelo educativo creado apenas hace un ciclo escolar, con la sobrecarga que implica articular los programas analítico y sintético, así como explorando sus materiales educativos, incluyendo los libros de texto gratuitos. No hubo formación continua, sino sesiones de Consejo Técnico Escolar, como la que se vive este día en el país.

Al tener responsabilidades de supervisión, a los maestros y directores de plantel les corresponderán labores como verificar la ingesta calórica, el eventual mercado negro o trueque que pueda darse entre estudiantes en los planteles escolares, lo cual solo continuará incrementando el exceso de responsabilidades para las y los maestros de la nación, quienes tienen que velar en todas las formas posibles por el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes bajo su encomienda, así como por generar procesos y experiencias de aprendizaje significativo, su seguridad, que se encuentren en entornos libres de acoso y de todo tipo de violencia, gestionar recursos para mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad de los planteles bajo su encargo, conseguir consumibles y materiales para los planteles, canalizar a los estudiantes que necesiten apoyo socioemocional y psicológico, entre muchas otras responsabilidades más.

Una solución al respecto consistiría en la creación de la figura del nutriólogo escolar, quien estaría a cargo de realizar toda la implementación de un acuerdo que mide más de treinta cuartillas y quienes podrían estar a cargo de aplicar, vigilar, sancionar y dar parte a la superioridad y autoridades sanitarias como la COFEPRIS en caso de alguna violación a lo estipulado en el Acuerdo.

Los nutriólogos escolares podrían convertirse en agentes de transformación, no solo como supervisores, sino como educadores y gestores de un auténtico cambio cultural alimentario. Podrían hacerse cargo de la personalización de las estrategias nutricionales, de acuerdo con factores como la ubicación geográfica, estatus socioeconómico y disponibilidad de alimentos en cada plantel escolar. Podrían también contribuir a la educación integral, yendo más allá de la alimentación, formando hábitos de vida, bajo un enfoque sistémico, al trabajar con toda la comunidad educativa y trabajando de manera formativa y preventiva, a buscar evitar problemas de salud futuros y laborar bajo enfoques flexibles y adaptables, para ajustar estrategias según resultados, pudiendo llegar a trabajar casos excepcionales y a canalizar a quienes necesiten servicios médicos especializados.

Los nutriólogos también pueden ser innovadores y tienen a su alcance nichos muy interesantes, como el empleo de aplicaciones móviles para seguimiento nutricional, así como en las computadoras escolares, en caso de haberlas; también, la aplicación y uso de programas de gamificación sobre alimentación, la eventual integración de tecnología para monitoreo y la conexión con programas de salud pública.

Sin duda, la implementación de nutriólogos escolares representaría una inversión altamente rentable para la salud preventiva, con beneficios a corto, mediano y largo plazo para el sistema educativo mexicano y la sostenibilidad de nuestra nación.  Además, no olvidemos que las niñas, niños y jóvenes son sujetos de derechos educativos, como son que todas y todos estén, aprendan y participen en las escuelas, como lo impulsamos desde Mexicanos Primero. Bajo ese enfoque de triple inclusión, los estudiantes mejorarán sus condiciones de salud, que les permitirá ausentarse menos de las aulas, aprender más al contar con mejores condiciones nutricionales y al gozar de mejor salud, la participación y la convivencia serán más proactivas.

En la implementación de los lineamientos alimentarios, los nutriólogos desempeñarían un rol estratégico, al partir de la realización de un diagnóstico nutricional, una evaluación inicial del estado nutricional de cada comunidad escolar ya sea individual o muestral, así como la identificación de necesidades específicas por región, edad y contexto socioeconómico, hasta llegar al diseño de intervenciones personalizadas, como la elaboración de menús que cumplan los criterios nutrimentales, la adaptación a tradiciones culinarias locales, la consideración de restricciones alimentarias, como alergias o intolerancias y contase con un balance nutricional garantizado.

Paralelamente, el nutriólogo escolar sería un educador de tiempo completo al formar a los estudiantes en alimentación saludable y la relación con la salud, esperanza y calidad de vida, mientras que tendría funciones de supervisión sobre la calidad de los alimentos, el cumplimiento de lineamientos y las condiciones higiénicas, pudiendo hacer auditorías periódicas a proveedores escolares, seguimiento a indicadores nutricionales.

El nutriólogo escolar deberá de tener aptitudes para la vinculación comunitaria con orientación a familias, la integración de padres en estrategias alimentarias, la promoción de huertos escolares, la reducción de dificultades económicas y la elaboración de presupuestos asequibles, contando con capacidad de gestión y profunda sensibilidad social.

En caso de que no se dé la contratación de nutriólogos en la modalidad de sostenimiento pública, muy probablemente sí se convertirá en un nicho de oportunidad para la educación privada, en donde podrían contratar estos servicios directamente o vía outsourcing, con lo cual brindarán valor agregado a los estudiantes y a sus familias. Pero, acrecentarán las brechas ya existentes entre la educación pública y la privada, aún más.

Esperemos que esto no suceda y, desde la fortaleza del sistema educativo público se demuestre, con la contratación de personal especializado la intención gubernamental de que estos lineamientos se apliquen en la totalidad de los planteles escolares de la nación, lo cual podría ser el primer hito del nuevo modelo educativo, donde por fin, absolutamente todos y cada uno de las y los estudiantes del país perciban beneficios palpables de la administración educativa en funciones. ¡Que así sea!

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