Uno de los problemas más críticos es la falta de infraestructura adecuada en los sitios de disposición final, afirma diputada                                                                 

La Procuraduría Ambiental (ProAm) ha impuesto multas que superan los 25 millones de pesos a 30 municipios de Michoacán por incumplir las normas de gestión de residuos, según reveló la diputada Belinda Iturbide Díaz.

Uno de los problemas más críticos es la falta de infraestructura adecuada en los sitios de disposición final.

La ausencia de geomembranas, sistemas de control de biogás y fosas para lixiviados ha hecho que varios basureros municipales sean fuentes de contaminación.

Iturbide Díaz insistió en que los ayuntamientos deben modernizar estos espacios conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

Además, la diputada señaló que el manejo de residuos no debe tratarse de manera aislada.

Consideró que la mejor solución es la colaboración entre municipios para desarrollar proyectos regionales de tratamiento de desechos.

En este sentido, enfatizó la falta de cumplimiento de la normativa en gran parte de los municipios.

«Los datos revelan que la mayoría de los municipios en la entidad no están cumpliendo con estas normatividades, y es imperativo que cada municipio asuma su responsabilidad legal para evitar sanciones y, sobre todo, para garantizar un ambiente más sano para sus habitantes», advirtió.

Finalmente, destacó que el problema no puede resolverse solo desde la administración pública y que es necesario promover campañas de educación ambiental en cada municipio.

La reducción, el reciclaje y el manejo adecuado de residuos deben convertirse en prioridades para consolidar una cultura de responsabilidad ecológica y prevenir nuevas sanciones.

México tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, hay graves errores en la investigación y escasa coordinación entre instituciones de investigación y procuración

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» urgió a las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno a investigar de manera adecuada los homicidios cometidos en el país, principalmente “los relacionados con el crimen organizado que, son clasificados de manera errónea, en el mejor de los casos”.

El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que el sistema de justicia penal mexicano mantiene graves errores en la investigación de homicidios, mismos que arrojan datos contradictorios en la cuantificación y clasificación de delitos en todo el territorio nacional.

“México mantiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con casi 25 homicidios por cada 100 mil habitantes según cifras oficiales de 2024; entre 2010 y 2024, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso, pero solo 51 mil casos llegaron a la fase de proceso penal, es decir, apenas el 17 por ciento”, advirtió.

El doctor en derecho Fierro Hernández -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017- detalló que la mayoría de estos crímenes están vinculados a la lucha entre grupos criminales por el control del narcotráfico y otros delitos y no, a delitos del fuero local o menores.

“Muchas investigaciones no avanzan debido a la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo en las fiscalías y la escasa coordinación entre instituciones. En muchos casos, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos como la corrupción, estigmatización y la exigencia de sobornos para que se investiguen los asesinatos”, expuso.

El también abogado litigante, Jesús Rey sostuvo que hay infinidad de reportes, particularmente en las diferentes entidades del país, donde se exponen amenazas al exigir justicia ante presuntos homicidios donde participan sicarios de grupos delincuenciales organizados.

“Cuando los homicidios llegan a juicio, las pruebas suelen ser débiles, fabricadas o basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. En este sentido, es importante precisar que, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el 40 por ciento de las personas encarceladas por homicidio desde 2016, afirmaron haber sido golpeadas o torturadas para que se declararan culpables”, dijo.

Explicó que la falta de independencia judicial impide que los jueces puedan actuar sin presiones políticas, lo que agrava la crisis de impunidad. Por otro lado, las autoridades suelen asumir que las víctimas de homicidio estaban involucradas en actividades criminales.

En este mismo sentido, Fierro Hernández, también coordinador del despacho jurídico “BJF y Asociados”recordó que el Congreso de la Unión aprobó reformas para que los jueces estatales y federales sean elegidos por voto popular, lo que podría debilitar aún más la independencia judicial en nuestro país.

Por este motivo, el defensor del pueblo hizo un llamado a la administración de Claudia Sheinbaum para que garantice investigaciones exhaustivas y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas en todo el país.

“Es preciso crear un plan estratégico para la persecución penal, que priorice la desarticulación de los grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos”, dijo; al tiempo de solicitar una mejor supervisión ante fallas en las fiscalías a través de mecanismos independientes que permitan a ciudadanos y organizaciones civiles denunciar irregularidades.

Destaca la importancia de promover estos destinos y aprovechar la riqueza cultural, gastronómica y artesanal del Estado                                                             

Aunque Michoacán posee 43 playas que se extienden a lo largo de más de 200 kilómetros en el océano Pacífico, la mayoría de ellas continúan en el olvido turístico, desaprovechando su enorme potencial.

Por ello, se ha planteado la implementación de la estrategia “En Michoacán: las rutas, la costa”, con el fin de visibilizar estos tesoros naturales y fomentar su desarrollo sustentable.

El diputado Abraham Espinoza Villa destacó la importancia de promover estos destinos y aprovechar la riqueza cultural, gastronómica y artesanal del Estado.

No obstante, admitió que, pese a estas fortalezas, la costa michoacana no ha logrado atraer el turismo esperado debido a la falta de estrategias de difusión.

«El turismo en esta zona no es solo una oportunidad de desarrollo económico si una necesidad fundamental para el sustento de más de 80 mil habitantes, quienes han encontrado en esta actividad una de sus principales fuentes de ingreso, desde hoteleros y restauranteros hasta artesanos y pescadores, cientos de familias dependen directamente de la llegada de turistas a la región», enfatizó.

Dentro de los puntos más atractivos se encuentran Coahuayana, con tres playas ideales para el descanso; Aquila, con 28 playas, muchas de ellas dentro de comunidades indígenas como Ostula, El Coire y Pomaro, que han conservado sus tradiciones; y Lázaro Cárdenas, que alberga 12 playas perfectas para el ecoturismo y la aventura.

A pesar de su potencial, la ausencia de promoción ha limitado el desarrollo de estas regiones, según aseguró.

Actividades como snorkel, torneos internacionales de surf, triatlón en aguas abiertas, campamentos tortugueros, observación de cocodrilos, festivales de arena, competencias de voleibol y pesca, y exhibiciones de cocina y artesanías podrían convertir a Michoacán en un referente turístico si se impulsara su difusión.

Ante ello, Espinoza Villa urgió a que se tomen medidas inmediatas para posicionar la costa michoacana en el mapa turístico, a través de campañas publicitarias en medios nacionales e internacionales, promoción digital en redes sociales y plataformas especializadas, así como la organización de eventos y ferias culturales en otras ciudades del país para atraer visitantes.