El Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público bloqueó el acceso al Palacio Legislativo y, posteriormente, a la sede alterna                                             

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fabiola Alanís Sámano, puso fin a la polémica sobre la movilización de cuerpos policiacos en el Congreso del Estado al adjudicar la responsabilidad directamente a la presidencia de la Mesa Directiva.

Aseguró que, conforme a la Ley Orgánica del Parlamento, el único con la facultad de solicitar su presencia es el presidente de la Mesa Directiva y así su declaración deja sin sustento la negativa de Juan Antonio Magaña de la Mora, quien había rechazado ser el responsable del cerco de seguridad.

«El asunto de aquí de las fuerzas que vinieron al congreso, el único que tiene la posibilidad de llamarlos es el presidente de la Mesa, la presidenta de la Jucopo no tiene posibilidades aunque quisiera», indicó.

La presencia policial ha marcado las últimas sesiones legislativas.

Durante la discusión de la reforma al artículo 129, que impacta directamente al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP) bloqueó el acceso al Palacio Legislativo y, posteriormente, a la sede alterna.

A pesar de este operativo, Magaña de la Mora negó a los medios haber dado la orden, lavándose las manos ante los cuestionamientos.

Sin embargo, Alanís Sámano, luego de esquivar varias preguntas, terminó reconociendo que solo el presidente de la Mesa Directiva tiene la atribución legal para convocar a las fuerzas de seguridad.

El despliegue policial volvió a repetirse la semana pasada, cuando sindicatos y transportistas se movilizaron al Congreso, que fue blindado hasta varias cuadras a la redonda.

La restricción de acceso generó indignación entre los inconformes, quienes se toparon con un cerco policiaco que convirtió al recinto en un búnker.

Las palabras de Alanís Sámano no solo desmienten a Magaña de la Mora, sino que lo exhiben como responsable de la estrategia de resguardo extremo, que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el Poder Legislativo.

El diputado y esposo de la recién nombrada magistrada del TAAM argumenta que promoción al “gran amigo” candidato a jurista «es un gesto de amistad»                

«Es un gesto de amistad», así justificó el diputado obradorista Juan Pablo Celis Silva su respaldo público a un jurista que busca integrar el Poder de la Judicatura.

Sin embargo, sus declaraciones han generado cuestionamientos sobre una posible promoción indebida.

Ayer, el legislador morenista compartió en sus redes sociales elogios a la trayectoria del aspirante, lo que levantó sospechas de una intervención política en el proceso.

Ante ello, Celis Silva negó que se trate de proselitismo y aseguró que su publicación solo responde a un reconocimiento personal hacia el profesional del derecho.

«Alfredo Flores se está desempeñando como director recientemente presentó una renuncia, fue un gesto de amistad, fue un gesto de amigos así de sencillo, compartí una portada que publica un medio y eso es todo, no hay llamamiento al voto», justificó.

La legislación vigente prohíbe a los actores políticos intervenir en procesos de elección judicial con fines de promoción.

Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece incluso a los propios medios de comunicación, que deben garantizar la equidad en la cobertura de perfiles que compiten por puestos de elección popular.

Cabe recordar que recientemente su esposa, Swany Peña Reyes, fue designada como magistrada en el Tribunal Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), a pesar de los cuestionamientos sobre su experiencia en el sector. Morena ha defendido el nombramiento, argumentando que se trató de una convocatoria abierta.

Resulta relevante que, a nivel nacional, el partido obradorista recién aprobó una reforma contra el nepotismo para evitar que familiares de políticos sean favorecidos con cargos públicos, lo que contrasta con los hechos recientes en Michoacán.

El diputado local Juan Pablo Celis Silva justificó la medida argumentando que buscan evitar un colapso financiero en la institución, pero evadió responder si los legisladores estarían dispuestos a ajustar sus propios ingresos 

Legisladores del partido en el poder fueron acorralados por la prensa al ser cuestionados sobre la contradicción entre su reforma a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la falta de recortes en sus propias dietas salariales, consideradas excesivamente onerosas e incluso inmorales por diversas voces.

El diputado local Juan Pablo Celis Silva justificó la medida argumentando que buscan evitar un colapso financiero en la institución educativa.

Sin embargo, evadió responder si los legisladores estarían dispuestos a ajustar sus propios ingresos o renunciar a sus pensiones.

«Velar por la universidad, larga vida a la universidad, es para eso la reforma, traicionar a la universidad Michoacana sería no hacer nada en este momento, porque colapsaría todo», se limitó a contestar mientras era constantemente cuestionado sobre los salarios de los diputados.

A lo largo de la conferencia, los legisladores obradoristas rechazaron que se pretenda cambiar el nombre de la universidad y negaron que se vulneren los derechos adquiridos por los trabajadores.

No obstante, evitaron responder de manera directa sobre la razón por la cual los recortes no comienzan desde el propio Congreso.

Nerviosos y esquivando las preguntas, los diputados insistieron en las bondades de la reforma y en la necesidad de salvar el sistema de jubilaciones, pero ninguna de sus respuestas incluyó una autocrítica respecto a sueldos y privilegios dentro del poder legislativo.