Líder estatal argumenta que quienes critican la reforma buscan preservar sus propias “zonas de confort presupuestal”                                                                     

Jesús Mora González, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó que el “Plan B” de la Reforma Electoral sea consecuencia de un fracaso legislativo y lo definió como una convicción política orientada a transformar el sistema democrático bajo criterios de austeridad.

El líder partidista argumentó que, lejos de representar un retroceso, la propuesta abre una alternativa legal para avanzar en la reducción de costos y la eliminación de prácticas que calificó como privilegios dentro de los órganos electorales.

En ese contexto, explicó que la iniciativa establece que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la Presidenta de la República y contempla la desaparición de bonos y prestaciones extraordinarias que, según dijo, han beneficiado históricamente a una burocracia sobredimensionada.

«Morena no concibe la democracia como un santuario burocrático intocable, lleno de salarios de lujo, sino como una herramienta al servicio del pueblo», sentenció.

El proyecto también incluye la reducción de regidurías en municipios y la imposición de un límite de gasto a los congresos estatales, fijado en un máximo de 0.7 por ciento del presupuesto, lo que permitiría generar un ahorro estimado en 4 mil millones de pesos a nivel nacional.

Además, contempla el fortalecimiento de la revocación de mandato y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización electoral en tiempo real.

Mora González sostuvo que el trasfondo del debate es ideológico, una confrontación entre un modelo oligárquico —que atribuyó a la oposición— y una visión de democracia participativa promovida por la Cuarta Transformación.

Afirmó que quienes critican la reforma buscan preservar sus propias “zonas de confort presupuestal”.

El ex gobernador interino afirma que no tiene ninguna preocupación, ya que en su administración no se firmó ninguna nueva deuda                                                       

El ex gobernador interino, Jesús Reyna García, señaló que no tiene ninguna preocupación, ya que mientras estuvo al frente del gobierno estatal no se firmó ninguna nueva deuda.

En entrevista, cuestionado por el exhorto que se ha hecho tras la promulgación de la reforma constitucional de no más deuda en Michoacán, de que los ex gobernadores rindan cuentas por las deudas que adquirieron y que han tenido al estado en una crisis económica, señaló el ex gobernador interino, que le parece bien que todos acudan a rendir cuentas y respondan de los actos de lo que hicieron cuando estuvieron en el servicio público.

Indicó que en específico deberían rendir cuentas quienes desde hace 20 años estuvieron en la función pública, ya sea de manera voluntaria o a través de una comisión que lo quisiera hacer para que todos rindan cuentas.

Asimismo, señaló que él no tiene ninguna preocupación, porque no firmó ninguna deuda nueva, pero si recibió el gobierno con una deuda bancarizada de cerca de 12 mil millones de pesos, donde se pagó parte de esa deuda.

De igual forma, señaló que hay un tema de exageración en torno a las deudas, pero no se conocen las cifras ni se saben los motivos reales para adquirirlas, pero una vez que se autorizaron para algo, nunca se rindieron cuentas de si se utilizó para ese propósito.

Así también, señaló Reyna García, que la reforma que se aprobó tiene disposiciones nuevas que son buenas y que deben de prevalecer en todos los ámbitos desde los municipios y los estados.

Es de recordar que Jesús Reyna estuvo de gobernador interino de abril a octubre de 2013.

Dice Reyes Galindo que obligará a una revisión minuciosa del presupuesto en todos sus componentes                                                                                                 

El Partido del Trabajo (PT) respaldará el Plan B de la Reforma Electoral debido a que impulsa una transformación estructural en la administración financiera de los congresos locales, afirmó su coordinador parlamentario, Reyes Galindo Pedraza.

El legislador dejó en claro que esta reforma no representa una simulación para la ciudadanía, sino una oportunidad para replantear el uso de los recursos públicos dentro de los poderes legislativos estatales.

Enfatizó que los ajustes presupuestales deberán aplicarse con criterio, priorizando a la base trabajadora y evitando afectaciones a las áreas operativas del Congreso del Estado, así como a los acuerdos establecidos con medios de comunicación.

“No es novedad ni sorpresa para nadie el talento que tienen los 40 diputados y el trabajo que realizan con los asesores, secretarios técnicos y personal de estructura, quienes ejecutan el trabajo sustancial que fortalece la labor legislativa”, declaró.

Advirtió además que no se puede comprometer el desempeño institucional del Congreso, subrayando que la eficacia, eficiencia y productividad deben preservarse en todo momento.

En ese sentido, sostuvo que la reforma obligará a una revisión minuciosa del presupuesto en todos sus componentes.

“Será una gran oportunidad de reflexión y de obligarnos a hacer una revisión exhaustiva de todos los rubros del presupuesto en todos los sentidos, revisando capítulo por capítulo, personal contratado, partidas, incluyendo las prerrogativas de los legisladores, pero si tuviera que haber este ajuste, este apretón del cinturón, es no dar un paso atrás en materia de derechos laborales”, precisó.

Finalmente, reiteró que el PT acompañará esta reforma al considerar que no afecta las finanzas de los ayuntamientos y sí promueve una reingeniería total en los parlamentos locales.

En obra es muy recurrente que se han hecho pagos excesivos, tienen mala calidad, deficiencias en su construcción, señala el legislador                                    

Cuatro denuncias penales por presunto cohecho y corrupción pesan sobre los ayuntamientos de Tacámbaro y Tarímbaro, derivadas de irregularidades detectadas durante el ejercicio fiscal 2024, informó Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

De acuerdo con el legislador, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) interpuso dos denuncias contra el Organismo Operador de Agua Potable de Tacámbaro, así como dos más relacionadas con el mercado municipal de Tarímbaro, una en el ámbito estatal y otra en el federal.

Respecto a Tarímbaro, indicó que se encuentra bajo investigación la edificación de un nuevo mercado municipal, obra en la que se detectaron anomalías por 38 millones de pesos, asociadas a corrupción, mala calidad en la ejecución y sobrecostos.

En ese contexto, Gaona García subrayó que las irregularidades en obra pública son recurrentes.

“En el pago de obra es muy recurrente que se han hecho pagos excesivos, las obras tienen mala calidad, deficiencias en su construcción, son casi la generalidad de las observaciones de las auditorías”, manifestó.

El informe de fiscalización de la cuenta pública 2024 incluyó 153 auditorías que generaron mil 915 observaciones. Sin embargo, solo se logró justificar un monto de mil 246 millones de pesos.

Además, se emitieron 116 recomendaciones que deberán solventarse en un plazo máximo de seis meses.

El legislador desglosó que entre los municipios con observaciones destacan Charo con 3 millones 700 mil pesos; Chavinda con 6 millones 200 mil; Cherán con un millón de pesos sin comprobar; Chinicuila con un millón; y Coalcomán con 13 millones.

A estos se suman Indaparapeo con un millón 200 mil; Irimbo con 9 millones 900 mil; Jacona con cerca de 9 millones; Lázaro Cárdenas con aproximadamente 15 millones; Maravatío con más de un millón; y Marcos Castellanos con 2 millones 400 mil.

En el caso de Morelia, se registran tres observaciones: una por mil 300 millones de pesos, otra por 42 millones 900 mil y una más por 20 millones 800 mil.

También figuran Nuevo Urecho con un millón 600 mil; Paracho con 6 millones 400 mil; Pátzcuaro con cerca de 2 millones 500 mil; Tacámbaro con 14 millones; Tancítaro con un millón 100 mil; Tangancícuaro y Taretan con 4 millones cada uno; Tarímbaro con más de 30 millones; y Uruapan con alrededor de 42 millones de pesos.