El Quinto Informe de Gobierno presume una inversión histórica en infraestructura educativa superior a los mil veintiún millones de pesos ejercidos en trescientas tres obras durante el último periodo, además de seis mil millones de pesos acumulados desde el inicio de la administración y una bolsa adicional de cinco mil setecientos millones de pesos en becas. A esas cifras se suma el componente educativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, financiado con una inversión federal superior a los cincuenta y siete mil millones de pesos y una aportación estatal de dos mil setecientos millones. Frente a montos de esa magnitud, la duda es si ese gasto se tradujo en escuelas dignas, en maestros frente a grupo y en aprendizajes medibles. La evidencia disponible, contrastada con el discurso oficial, obliga a responder que no en una proporción alarmante del sistema educativo michoacano.

El capítulo educativo del Informe detalla que en educación básica se ejecutaron 214 obras en 71 municipios con una inversión de 499 millones seiscientos mil pesos, que en educación superior se destinaron 462 millones doscientos mil pesos a 71 obras en 18 municipios y que el Plan Michoacán contempla, entre otras acciones, la construcción de dos nuevos bachilleratos tecnológicos en Morelia y Zacapu con una inversión de 199 millones seiscientos mil pesos. El documento añade que se distribuyeron más de seis millones de libros de texto gratuitos, que el programa Ver Bien para Aprender Mejor entregó miles de pares de lentes y que la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros publicó doce convocatorias para procesos de admisión y promoción docente. Es, en su conjunto, un catálogo de inversión presentado sin el contraste indispensable de cuánto costaba resolver el problema original y cuánta distancia queda todavía por recorrer.

Ese contraste, cuando se hace con datos públicos, resulta demoledor. Según información disponible del Sistema de Información y Gestión Educativa, al menos dos de cada tres escuelas de la entidad carecen de servicios básicos y conectividad completos. Miles de planteles operan todavía con techos que gotean, sanitarios que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada y ausencia de materiales didácticos elementales. El propio gobierno estatal ha anunciado la realización de mil novecientas obras en instituciones educativas con una inversión de dos mil millones de pesos distribuida en cuatro años, lo que equivale a menos de cincuenta mil pesos por cada uno de los aproximadamente doce mil planteles escolares del estado. Ese monto resulta insuficiente para atender carencias estructurales acumuladas durante décadas y convierte el anuncio de inversión histórica en un ejercicio de comunicación más que en una solución proporcional al tamaño del problema.

La brecha digital confirma el mismo patrón. El programa de conectividad escolar ha beneficiado a poco menos de cuatro mil planteles de los más de doce mil existentes, y la entrega de equipos de cómputo a ciento cincuenta escuelas resulta insuficiente frente a una matrícula superior al millón doscientos mil estudiantes. El presupuesto destinado a la formación continua del magisterio equivale a 105 pesos anuales por docente, una cantidad que no alcanza siquiera para cubrir el traslado de un maestro rural de municipios serranos hacia Morelia para tomar un curso de actualización. Invertir en infraestructura y en nómina sin invertir de manera proporcional en la formación de quien está frente al grupo es, en los hechos, construir edificios para un modelo pedagógico que no se está fortaleciendo al mismo ritmo.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es presentado por el Gobierno de México como una estrategia integral que atiende simultáneamente educación, salud, vivienda e infraestructura, con 57 mil millones de pesos de origen federal. En materia de empleo, uno de sus doce ejes estratégicos, organizaciones periodísticas han documentado que apenas 927 vacantes fueron ocupadas de más de seis mil disponibles, una proporción de cumplimiento inferior al quince por ciento que anticipa el riesgo real de que el componente educativo del mismo plan corra una suerte similar, la de metas anunciadas con solemnidad y ejecutadas con lentitud. Si el eje económico de un plan de semejante envergadura presupuestal se queda tan corto frente a su propia meta, exigir una auditoría específica del eje educativo no es un acto de oposición gratuita, es una obligación elemental de vigilancia legislativa.

El componente más grave de esta desproporción es la ausencia de docentes frente a grupo, un problema que ningún monto de infraestructura resuelve por sí solo. Antes del cierre del ciclo anterior se habían presentado mil setecientas solicitudes de jubilación, mientras las escuelas normales del estado egresan, en el mejor de los años, apenas mil ochenta nuevos docentes. El déficit estructural para el arranque más reciente rondó las seiscientas veinte plazas, y la respuesta oficial, una entrega parcial de 555 posiciones de primaria en poco más de setenta municipios, apenas una semana antes del inicio de clases, no cerró esa brecha. El proceso de asignación, gestionado por la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, mantiene bajo reserva el listado nominal completo con los puntajes de cada aspirante y los criterios que decidieron quién obtuvo una plaza y quién quedó fuera, opacidad que motivó el cierre de las instalaciones de la Secretaría de Educación por parte de egresados normalistas de Tiripetío, Arteaga y la Urbana Jesús Romero Flores.

El Congreso del Estado, a través de sus comisiones de Educación y de Hacienda, tiene la atribución de solicitar el desglose obra por obra y municipio por municipio de cada peso ejercido en infraestructura educativa, así como la correlación entre ese gasto y los indicadores de servicios básicos escolares. La Auditoría Superior de Michoacán puede y debe fiscalizar si los mil veintiún millones de pesos declarados en obra educativa corresponden a intervenciones concluidas y funcionales o a proyectos parcialmente ejecutados que se contabilizan como terminados. Las escuelas normales, los colegios de profesionales de la educación y las organizaciones de la sociedad civil que documentan la infraestructura escolar con datos oficiales constituyen ya una base técnica que el Poder Legislativo debe convocar de manera formal a comparecencias públicas, en lugar de limitarse a recibir el Informe sin contraste.

Cuando la inversión se anuncia en cifras agregadas sin desglose verificable, el riesgo de corrupción y desvío deja de ser una hipótesis y se convierte en una probabilidad estructural. Una obra contabilizada como concluida sin evidencia pública de su entrega, un presupuesto de infraestructura que representa menos de cincuenta mil pesos por escuela mientras se anuncia como histórico y un proceso de asignación docente que oculta listados y puntajes comparten un mismo patrón, el de la opacidad como método de gobierno. Esa opacidad tiene consecuencias directas sobre la vida escolar. Una niña que estudia bajo un techo que gotea, un maestro rural sin recursos para actualizarse y una escuela normal que debe bloquear una avenida para exigir sanitarios funcionales no son anécdotas aisladas, son el resultado previsible de una política de inversión que privilegia el anuncio sobre la ejecución verificada. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado como respuesta estructural a la violencia tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ha sido señalado incluso por organizaciones empresariales y por consejos indígenas por la falta de protocolos claros de protección a la comunidad educativa y por avances que se reportan sin auditoría independiente. Cuando la inversión pública se administra sin transparencia, el costo no lo paga el funcionario que la anunció, lo paga la niña o el niño que sigue sin maestro y la familia que confió en una promesa de infraestructura que nunca llegó a su comunidad. La simulación presupuestal, cuando se sostiene ciclo tras ciclo sin consecuencia política alguna, deja de ser un incidente aislado y se convierte en un método de gobierno que normaliza la opacidad como forma habitual de administrar el dinero público, y esa normalización es, en sí misma, la puerta de entrada más eficaz para la corrupción.

Michoacán necesita un padrón público y georreferenciado de cada obra educativa financiada con recursos estatales y federales, con fecha de inicio, fecha de conclusión verificada y evidencia fotográfica y documental accesible a cualquier ciudadano. Necesita que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado auditen de manera específica la ejecución del componente educativo del Plan Michoacán, obra por obra y que el Congreso reciba un informe trimestral desglosado por municipio. Necesita, además, que la asignación de plazas docentes incluya listas de prelación públicas desde el primer momento del proceso, y un plan multianual, aprobado por el Congreso y no solo anunciado por el Ejecutivo, que iguale el ritmo de egreso de las escuelas normales con el ritmo real de jubilaciones del magisterio michoacano.

Es inaplazable que haya rendición de cuentas obra por obra del presupuesto educativo ejercido, sin agregados que oculten el detalle municipal, así como auditorías antes de que se disuelva en la opacidad de otros programas anteriores, que las autoridades educativas y financieras expliquen juntos por qué miles de millones de pesos invertidos todavía no se traducen en un maestro frente a cada grupo ni en una escuela con techo firme. Más aún: toda la erogación presupuestal y lo informado debe de reflejarse en la vivencia plena de los derechos educativos a estar, a aprender y a participar en las escuelas, para todas las niñas, niños y jóvenes en Michoacán.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

El gobernador entregó ayer su Quinto Informe de Gobierno con un capítulo titulado “Educación que Transforma” que describe una entidad donde el rezago educativo retrocede, los ciclos escolares concluyen sin sobresaltos y las becas alcanzan a cientos de miles de estudiantes. Ese relato convive, en el calendario de la misma semana, con protestas de egresados normalistas frente a las oficinas de la Secretaría de Educación, con un déficit reconocido de cientos de plazas docentes y con series estadísticas oficiales que muestran una matrícula que lleva tres ciclos consecutivos cayendo. La pregunta es: si la transformación educativa fuera cierta, por qué la entidad pierde estudiantes en lugar de sumarlos y por qué las comunidades siguen exigiendo maestros que el Informe asegura haber garantizado.

El documento presentado ante el Congreso sostiene que Michoacán ocupa el primer lugar entre las treinta y dos entidades federativas en la reducción del rezago educativo, con base en una interpretación demográfica. Añade que ciento cincuenta y nueve mil personas reanudaron o concluyeron su educación básica, que más de ochocientos cuarenta y dos mil estudiantes recibieron becas educativas por una inversión histórica superior a los cinco mil setecientos millones de pesos y que, por cuarto ciclo escolar consecutivo, niñas, niños y jóvenes concluyeron íntegramente el calendario sin interrupciones. El capítulo celebra además ciento diecinueve quincenas pagadas puntualmente al magisterio y presenta el programa D4TA, las Escuelas de Tiempo Completo y la llegada de nuevas instituciones de educación superior como evidencia de una política educativa consolidada. Es un inventario extenso de acciones, sumas y beneficiarios que, leído de manera aislada, describe un sistema educativo en expansión sostenida.

Los propios registros oficiales de la Secretaría de Educación cuentan una historia distinta. Michoacán pasó de un millón doscientos setenta y tres mil estudiantes hace dos ciclos escolares a un millón doscientos cuarenta mil doscientos veintisiete al cierre de 2025-2026, una pérdida de casi siete mil estudiantes en un único periodo y de más de sesenta y cuatro mil en la última década, según la serie histórica de matrícula de la propia autoridad federal. La caída golpea de manera desproporcionada a los hombres, que representan cerca de dos terceras partes de los estudiantes que dejaron de aparecer en el sistema, y se profundiza en la educación media superior, donde la matrícula masculina pública cae hasta representar menos de la mitad del total. Ese embudo entre la educación básica y los niveles subsecuentes no es un fenómeno demográfico inofensivo. La tasa de fecundidad estatal explica una fracción menor y de efecto lento sobre la matrícula, insuficiente para justificar caídas de más de veinte mil estudiantes en un solo ciclo escolar.

La autoridad educativa habla de un quinto ciclo escolar completo mientras admite, al mismo tiempo, que el arranque de 2026-2027 comenzó sin haber publicado el balance verificado del ciclo anterior. Ese vacío estadístico coexiste con un déficit estructural reconocido de alrededor de seiscientas veinte plazas docentes, cubierto de manera parcial con apenas quinientas cincuenta y cinco asignaciones entregadas una semana antes del inicio de clases y en un proceso que los propios egresados normalistas de Tiripetío, Arteaga y la Urbana Jesús Romero Flores denunciaron como opaco y dirigido a un perfil específico de aspirantes. La Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, presentada en el Informe como garantía de mecanismos abiertos y equitativos, es la misma instancia señalada por comunidades indígenas de al menos veinte localidades por dejar preescolares, primarias y secundarias enteras sin un solo docente frente a grupo. Cuando el Consejo Supremo Indígena de Michoacán pregunta públicamente dónde quedan los ciclos escolares completos si en sus comunidades no hay maestros, plantea con precisión la distancia entre el capítulo educativo del Informe y la experiencia cotidiana de miles de familias.

El indicador de rezago educativo merece el mismo escrutinio: se ha demostrado hasta el cansancio que es imposible sacar personas del rezago educativo sin matricularlas. La disminución de matrícula exhibe que, menos personas en rezago educativo presentes en sus hogares cuando INEGI llama a la puerta es un fenómeno demográfico, más atribuible a la violencia, a la desaparición forzada, a los homicidios, al reclutamiento criminal, a la migración, a la falta de oportunidades de vida o al desplazamiento forzado. Más aún: un sistema puede exhibir avances en la reducción del rezago histórico entre adultos y, al mismo tiempo, formar generaciones que llegan al final de la primaria sin las herramientas mínimas para comprender lo que leen. Ambas cifras son ciertas y ambas caben en el mismo Informe, pero solo una de ellas aparece en el discurso oficial. A ese contraste se suma que el 6.1 por ciento de la población michoacana de quince años y más todavía no sabe leer ni escribir, una proporción superior al promedio nacional de 4.7 por ciento, dato que rara vez acompaña la cifra celebrada del primer lugar nacional en reducción de rezago.

Existe además una paradoja que desmonta por sí sola el relato de una crisis resuelta. En el mismo periodo en que la matrícula caía, el número de escuelas registradas creció de 12 mil 795 a 12 mil 894 y la planta docente aumentó de ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres a ochenta y tres mil quinientos treinta y nueve profesores. Más escuelas, más maestros en el papel y, al mismo tiempo, menos estudiantes. Esa combinación contradice la explicación oficial de una simple crisis de cobertura y apunta, en cambio, hacia un problema de fondo que el gobierno estatal prefiere no nombrar, el de miles de familias que retiran a sus hijas e hijos del sistema por razones económicas, de violencia o de desconfianza, mientras la estructura administrativa sigue creciendo como si la demanda también lo hiciera.

El capítulo educativo insiste en la palabra beca para describir las transferencias Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Conviene precisar el término con rigor técnico. Una beca, en su definición estricta, exige dedicación de tiempo completo, condicionalidad, selección basada en mérito o necesidad verificada y un retorno esperado en forma de logro académico. Los programas que el Informe llama becas son, en la práctica, transferencias monetarias universales o casi universales que se entregan sin exigir calificaciones mínimas, asistencia comprobada ni permanencia en la escuela más allá del registro inicial. Llamarlas becas no es un matiz semántico menor. Permite presentar como política educativa exitosa lo que, en sentido estricto, constituye una política de alivio económico a las familias, loable en su propósito distributivo pero incapaz, por diseño, de garantizar por sí sola que el estudiante que cobra el apoyo permanezca aprendiendo dentro del aula.

Contar mal o no contar equivale a decidir no intervenir a tiempo. Cuando el gobierno estatal describe el sistema educativo con cifras agregadas que ocultan las escuelas sin director, sin supervisor de zona o con un solo maestro atendiendo a un grupo que debería compartir con más personal, traslada al azar la decisión de dónde invertir y a quién proteger. Esa opacidad tiene un costo medible en vidas concretas. Mientras la autoridad celebra supuestos ciclos escolares completos, el registro nacional de personas desaparecidas contabilizó más de doscientas niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Michoacán en un solo año, y la entidad se ubicó en primerísimo lugar con el mayor número de homicidios infantiles y adolescentes del país: 220 en 2025 y 152 en el periodo enero-julio de este año. Los daños del abandono escolar, del reclutamiento y del rezago de aprendizajes se detectan años después de ocurridos, cuando ya resultan irreversibles para esa generación. La simulación estadística es una forma de corrupción institucional que sustituye la rendición de cuentas por el anuncio triunfal, que administra la narrativa en lugar de administrar el problema y que, al maquillar el abandono con la palabra beca o con el adjetivo completo aplicado a un ciclo escolar que en los hechos expulsó a miles de estudiantes, impide que los recursos públicos lleguen a quien realmente los necesita. La Secretaría de Educación del Estado, además, permaneció dos meses sin titular durante el tramo más crítico de este arranque de ciclo escolar, un vacío de conducción política que agrava la opacidad y que ninguna cifra del Informe menciona.

Michoacán necesita que la Secretaría de Educación publique, en un plazo perentorio y de manera desagregada por municipio, nivel educativo y sexo, el balance verificado de cada ciclo escolar. Necesita que la asignación de plazas docentes se realice con listas de prelación públicas y auditables y un plan multianual que cierre de manera estructural la brecha entre jubilaciones y egresados normalistas, en lugar de resolverla por goteo político días antes de cada arranque de clases. Necesita, sobre todo, que el indicador de rezago educativo se acompañe siempre de los resultados de aprendizaje medidos en el aula, y que ninguna transferencia económica se presente como beca sin especificar con honestidad su naturaleza y sus límites.

Es el momento de abandonar el lenguaje de la simulación y de brindar a Michoacán la verdad completa de su sistema educativo, con cifras verificables y sujetas a escrutinio público. Es urgente que las autoridades expliquen, con datos y no con consignas, dónde están los estudiantes que ya no aparecen en la matrícula y cuándo se cubrirán las plazas docentes que hoy mantienen aulas sin maestro. Es trascendente mantener la exigencia pública, porque solo la vigilancia sostenida de la ciudadanía puede transformar un informe triunfal en una política educativa que efectivamente transforme la vida de las niñas, niños y jóvenes de Michoacán. La educación no admite más discursos: demanda con urgencia, resultados verificables. ¡Merecemos un gobierno educador!

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.