El Sistema de Indicadores de Desarrollo Social reportó brechas entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres indígenas y personas con discapacidad
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del Sistema de Indicadores de Desarrollo Social (SIDS) para el periodo 2016 a 2024. Con base en el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), el SIDS ofrece 53 indicadores de acceso efectivo y 81 de brechas de desigualdad. Esta información permite la evaluación integral y el monitoreo de la política de desarrollo social de México. Así, se fortalece la toma de decisiones basada en evidencia en esta materia.
PRINCIPALES RESULTADOS
Derecho a la educación
En 2024, 81.4 % de la población tuvo acceso a la educación. Ciudad de México fue la entidad federativa con mayor porcentaje de población sin rezagos de este tipo (91.5 %). En contraste, Chiapas presentó el menor porcentaje de población con acceso a educación (66.0 %).
En 2024, 70.2 % de estudiantes entre 3 y 17 años tuvo acceso en su vivienda a elementos clave para el aprendizaje —energía eléctrica, televisión, internet y computadora o celular—. El aumento con respecto a 2016 fue de 33.5 por ciento. Los estados del sur fueron los que concentraron los menores porcentajes de estudiantes con acceso a dichos elementos: en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 48 % o menos de su población contó con los elementos señalados. En contraste, más de 85 % de la población de Nuevo León, Baja California y Ciudad de México contó con estos.
En 2024, 20.1 % de las mujeres indígenas estaba en situación de analfabetismo, en contraste con 3.6 % de las mujeres no indígenas (la brecha fue de 16.5 puntos porcentuales entre ambos grupos). En 2016, esta fue de 16.8 puntos porcentuales (22.2 % de las mujeres indígenas estaba en situación de analfabetismo frente a 5.3 % de las mujeres no indígenas).
Entre 2020 y 2024 se observaron avances generalizados en cuanto a la reducción de rezago educativo de las personas con discapacidad. No obstante, se mantuvieron las diferencias entre la población con múltiples discapacidades (cuatro o más) y quienes declararon una sola discapacidad. Al comparar con la población sin discapacidad, las brechas fueron de 36.9 puntos porcentuales en 2020 y de 15.7 en 2024.
Derecho a la salud
En 2016, 84.4 % de la población mexicana tuvo acceso a servicios de salud. No obstante, para 2024, este indicador pasó a 65.8 % (la reducción fue de 18.6 puntos porcentuales). En 2024, tanto Nuevo León como Baja California Sur registraron que más de 80 % de su población no tenía carencias en servicios de salud. Chiapas, por su parte, presentó el nivel más bajo a nivel nacional: 36.7 % de su población no contó con acceso a estos servicios. Siguió Puebla, con 52.7 por ciento.
Con relación a la accesibilidad geográfica a servicios hospitalarios en 2024, 93.3 % de la población reportó un tiempo de traslado menor a dos horas en caso de emergencia médica. En los estados del sur se presentaron disparidades asociadas con factores orográficos y de infraestructura vial: en 2024, Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentaron los niveles más bajos de accesibilidad hospitalaria.
En 2024, 46.5 % de la población adulta mayor que residía en el ámbito urbano contó con acceso a servicios de salud y percibió ingresos por jubilación o pensión equivalentes o superiores a la línea de pobreza por ingresos. En el ámbito rural, esta población alcanzó
16.3 por ciento. Esta diferencia representó una brecha de 30.2 puntos porcentuales entre ambos ámbitos. Al contrastar con 2016 (cuando 32.9 % de la población adulta mayor urbana y 13.5 % de la rural se encontraban en dicha situación), se registró una brecha de 19.3 puntos porcentuales.
Derecho a seguridad social
En 2024, 51.8 % de la población tenía acceso a seguridad social, lo que representó un incremento de 5.9 puntos porcentuales con respecto a 2016 (45.9 %). Los estados del sur concentraron los niveles más bajos de cobertura: Chiapas, Oaxaca y Guerrero reportaron que menos de 27.5 % de su población contaba con este acceso. En contraste, las entidades federativas del norte, como Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur, presentaron los niveles más altos, con más de 71.4 % de su población sin carencia de seguridad social.
En 2024, 40.1 % de la población ocupada subordinada de 24 a 29 años estaba inscrita a una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), en contraste con 25.2 % de quienes tenían entre 18 y 23 años. Lo anterior representó una brecha de 15.0 puntos porcentuales entre ambos grupos de edad. Asimismo, la población ocupada subordinada de 15 a 17 años registró 0.8 % de afiliación a alguna AFORE, lo que implicó una brecha de 24.4 puntos porcentuales respecto al grupo de 18 a 23 años. Al comparar con 2016, se observó un patrón similar: en ese año, la diferencia entre el grupo de 24 a 29 años y el de 18 a 23 años fue de 12.5 puntos porcentuales. Entre este último y el de 15 a 17 años, la brecha alcanzó 21.2 puntos porcentuales.
En 2024, 96.7 % de las mujeres indígenas adultas mayores en el ámbito rural nunca había cotizado en una institución de seguridad social, en contraste con 57.7 % de las mujeres no indígenas adultas mayores del ámbito urbano. Esto representó una brecha de 39.0 puntos porcentuales entre ambos grupos. Al comparar con 2016, se observó que, si bien disminuyó el porcentaje de mujeres indígenas adultas mayores sin cotización (de 97.5 a 96.7 %), la brecha respecto a las mujeres no indígenas fue menor, con 29.3 puntos porcentuales.
Derecho a la vivienda
En 2024, 92.1 % de la población mexicana no presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que 85.9 % tuvo acceso a servicios básicos en la vivienda. En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los porcentajes de población con carencia de calidad y espacios oscilaron entre 73.8 y 81.2. Por otro lado, en estas mismas entidades federativas, la población con acceso a servicios básicos presentó un rango desde 51.3 hasta 53.4 por ciento.
Para el mismo periodo, 53.4 % de la población mexicana reportó contar con servicio diario de agua dentro de su vivienda. Lo anterior representó una disminución con respecto a 2016 (54.8 %). A nivel estatal, los porcentajes más bajos de población con acceso diario al suministro de agua dentro de la vivienda se reportaron en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, con valores de 24 % o menos. En contraste, ocho entidades federativas, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo y Colima concentraron los niveles más altos de cobertura, con 81.1 % o más de su población en esta situación.
Entre 2016 y 2024, la brecha de la población menor de 18 años en situación de pobreza extrema respecto al mismo grupo poblacional en situación de pobreza moderada disminuyó de -32.8 a -24.7 puntos porcentuales.
Durante el periodo de referencia, el porcentaje de mujeres indígenas del ámbito rural que residían en viviendas sin acceso al suministro de agua entubada o que cocinaban con leña o carbón sin chimenea fue mayor con respecto a las mujeres no indígenas del ámbito urbano. En esos años, la brecha osciló entre 65.2 y 70.9 puntos porcentuales.
Derecho a la alimentación
En 2024, 85.6 % de la población mexicana no presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Esto representó un incremento de 7.5 puntos porcentuales respecto a lo que se registró en 2016 (78.1 %). En 2024, Tabasco registró 67.3 % de población sin esta carencia, el porcentaje más bajo a nivel nacional. Siguieron Guerrero, con 72.1 %; y Oaxaca, con 76.5 por ciento. En contraste, Coahuila, Aguascalientes, Baja California y Jalisco alcanzaron los niveles más altos de cobertura, con porcentajes iguales o superiores a 91.0.
En 2024, la población mexicana que habitó en hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa fue de 69.4 por ciento. El incremento fue de 13.8 puntos porcentuales frente a 2016 (55.6 %). En 2016, los porcentajes estatales de población en esta situación oscilaron entre 29.8 y 70.6. Para 2024, el rango se desplazó hacia valores entre 47.1 y 83.2 por ciento. Guerrero y Tabasco presentaron los niveles más bajos del país, con porcentajes iguales o inferiores a 51. En contraste, 12 entidades federativas superaron el umbral de 73 % de incidencia: Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro, Colima, Ciudad de México y Nayarit.
En 2024, 36.6 % de la población de 0 a 17 años no pobre y no vulnerable residió en hogares con consumo diario de frutas y verduras. En contraste, solo 6.3 % de la población del mismo grupo de edad en situación de pobreza extrema habitó en hogares con el mismo patrón de consumo. La brecha de desigualdad fue de 30.3 puntos porcentuales entre ambas. En 2016, la brecha fue de 28.0 puntos porcentuales.
De los hogares rurales conformados exclusivamente por personas adultas mayores en 2024, 21.2 % presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En el ámbito urbano fue de 11.6 % para hogares del mismo grupo de edad; esto representó una brecha de 9.7 puntos porcentuales entre ambos ámbitos. En 2016, la incidencia de la carencia en el ámbito rural y el urbano era de 31.0 y 18.5 %, respectivamente, por lo que se redujo la brecha, que era de 12.5 puntos porcentuales.
En 2024, 13.7 % de la población sin discapacidad presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En la población con discapacidad, este porcentaje fue mayor y varió con base en el tipo de discapacidad: 22.6 en personas con discapacidad motriz; 23.4 en aquellas con discapacidad sensorial; y 24.5 en quienes presentaban discapacidad mental. Esto representó una brecha de al menos 8.8 puntos porcentuales entre la población sin discapacidad y cada uno de los grupos con discapacidad. Al analizar los cambios con respecto a 2020, se observó que la incidencia de esta carencia entre la población sin discapacidad fue de 21.9 por ciento. La mayor brecha se registró en la población con discapacidad mental (12.7 puntos porcentuales).
Derecho al trabajo
En 2024, 51.8 % de las mujeres de 15 años y más participó en el mercado laboral, en contraste con 79.2 % de los hombres del mismo grupo de edad. Esto configuró una brecha de 27.3 puntos porcentuales en la tasa de participación económica según sexo. Al comparar con 2016, cuando la participación femenina fue de 50.8 % y la masculina de 81.6 %, la brecha fue de 30.8 puntos porcentuales.
De las mujeres de 25 a 44 años con hijas o hijos, 63.3 % participó en el mercado laboral, mientras que, entre las mujeres sin hijas o hijos del mismo grupo de edad, la participación alcanzó 81.3 por ciento. Esto representó una brecha de 18.0 puntos porcentuales. La diferencia se mantuvo con respecto a 2016.
En 2024, a nivel nacional, el ingreso promedio de las mujeres en ocupaciones no calificadas fue de 3 361 pesos menos que el de los hombres en la misma situación y en todos los niveles educativos.
La brecha de trabajo doméstico no remunerado entre mujeres y hombres ocupados de 15 años y más se redujo de 20.5 a 16.6 puntos porcentuales en el periodo. Mujeres y hombres reportaron una disminución en el tiempo que dedicaron a labores domésticas. La reducción fue mayor en las mujeres.
Las fichas de metadatos, estimaciones, precisiones estadísticas, gráficas y mapas de los indicadores de acceso efectivo y de brechas de desigualdad del SIDS se pueden consultar en https://inegi.org.mx/desarrollosocial/sids/
