No vive el que no vive seguro
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español
El pasado 6 de julio, la presidenta Sheinbaum y su funcionario estrella Omar García Harfuch, presentaban con bombo y platillo su Estrategia Nacional contra la Extorsión, y arrancaba en el Tianguis Limonero de Apatzingán, en virtud de que los productores, empacadores y exportadores del cítrico eran, son, para mejor decir, víctimas emblemáticas de ese delito a nivel nacional.
Bernardo Bravo, joven empresario limonero de la tierra caliente michoacana, líder además y portavoz de su gremio, había sido clave para que el gobierno anunciara la creación de dicha estrategia, denunciando sistemática y valerosamente que las extorsiones contra su sector no mermaban, como decía el discurso oficial, sino iban peligrosamente en aumento.
La “estrategia” se basó en cinco ejes fundamentales: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de unidades anti extorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña de prevención nacional.
Adicionalmente, al líder limonero le fue asignado personal de seguridad por parte del gobierno estatal.
Cien días después, Bravo está muerto; fue ejecutado por el crimen organizado. Viajaba solo de Morelia a Apatzingán. Todo salió al revés: no hay detenciones relevantes y, si existe, claramente no funciona la unidad anti extorsión en Michoacán. Los dos puntos medulares de la “estrategia” ni siquiera se pudieron comenzar a materializar.
Como casi todo con la 4T, todo fue montaje, todo fue anuncio para las ocho columnas. Lo bueno es que, irónica y trágicamente, la estrategia arrancó en el tianguis limonero. Cien días después, el personaje emblemático de las víctimas de la extorsión, fue ejecutado. La escolta asignada mucho tiene por declarar: ¿cómo supieron los delincuentes que este lunes Bernardo viajaba solo?
Exaltado por muchos como el super policía que México necesitaba, García Harfuch debe cargar con la muerte de Bravo. Es evidente que su “estrategia”’contra la extorsión, es mediática, es de saliva. Para la foto y las ocho columnas. No más. En la práctica, en la vida real, no en el mundo de Disneylandia que el gobierno suele ver y que quiere que todos demás veamos, no hay plan contra la extorsión, ni el gobierno quiere confrontar a los delincuentes, ni menos ha bajado el delito.
Bernardo Bravo es una evidencia más de la nulidad gubernamental. Nulidad criminal. A ver quién se vuelve ahora a atrever a emularlo en la denuncia pública contra los grupos de extorsión. Descanse en paz un valiente productor del agro y…¡sálvese el que pueda!
X@jaimelopezmtz
En Michoacán, las personas tienen mayor confianza en la Fiscalía General de la República (FGR) que en la Fiscalía del estado, que se ubica entre las tres con menor credibilidad, con un 54.2 por ciento, contra el 56.6 que se tiene a la dependencia federal; la dependencia se ubica en el sitio 30 a nivel nacional, sólo arriba de Quintana Roo y la Ciudad de México. El promedio de credibilidad a nivel nacional es de 64% en cuanto a la FGR y de 57.0 en las fiscalías del estado.
Lo anterior, porque en México, el 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público (MP) y en el marco de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre el personal adscrito y los delitos registrados en el MP, así como sobre el nivel de confianza de la población en la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales, a partir del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF), 2017 a 2024; del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), 2017 a 2024 y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025.
Al cierre de 2023, 16 mil 659 personas estaban adscritas a las unidades administrativas y fiscalías del Ministerio Público de la Federación, de las cuales 3 mil 905 (23.4 %) fueron policías judiciales; 3 mil 409 (20.5 %), agentes y/o fiscales; y mil 570 (9.4 %), personas peritas.
Al cierre de 2023, había 58 mil 785 personas adscritas a las Fiscalías Generales de Justicia estatales, de las cuales 28.6 % fueron policías judiciales; 24.1 %, personas agentes y fiscales; y 8.2 %, personas peritas.
Entre 2016 y 2023, hubo un aumento en el número de personas agentes y fiscales, personas peritas y policías judiciales o ministeriales, tanto en la FGR como en las Fiscalías o Procuradurías estatales de justicia.
