En 28.5 % de los hogares en México, al menos uno de sus integrantes reportó haber sido víctima de delito; hubo 23 473 víctimas por cada 100 mil habitantes
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, entre febrero y abril de 2026.
Victimización
En 2025, el INEGI estimó que en 11.7 millones de hogares (28.5 % del total del país), al menos una o un integrante fue víctima de delito. Este porcentaje resultó similar al de 2024 (29.0 %). Durante 2025, 23.0 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito (23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes). Esto representa una disminución con respecto a 2024 (24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes). Según sexo, en 2025 la prevalencia fue de 22 mil 539 víctimas por cada 100 mil mujeres y de 24 mil 555 por cada 100 mil hombres.
Al comparar con 2024, en 2025 la prevalencia delictiva disminuyó en 10 estados, aumentó en cinco y no tuvo cambios en 17. En ese mismo año, en nueve entidades federativas las tasas superaron a la nacional. Las más altas se registraron en Ciudad de México, con 34 mil 930; el Estado de México, con 31 mil 889, y Puebla, con 26 mil 164. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 13 mil 462; en Veracruz, con 14 mil 171, y en Zacatecas, con 15 mil 733.
Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva tanto para mujeres como para hombres fueron Ciudad de México (34 mil 316 y 35 mil 616, respectivamente) y el Estado de México (30 mil 441 y 33 mil 593). En contraste, la menor prevalencia delictiva en mujeres se registró en Chiapas (13 mil 025) y en Veracruz (13 mil 995); en hombres, en Chiapas (14 mil 003) y Veracruz (14 mil 379).
Delitos
En 2025, el número de delitos se estimó en 33.8 millones, es decir, hubo 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes (incidencia delictiva). El promedio fue de 1.5 delitos por víctima. Las cifras resultaron similares a las de 2024 (34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes y 1.4 delitos por víctima).
Entidades federativas con más y menos delitos
Al comparar con 2024, en 2025 la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes disminuyó en seis entidades federativas, en ocho incrementó y en 18 no tuvo cambios. En 2025, 10 entidades federativas tuvieron tasas de incidencia superiores a la nacional. Donde se registraron las tasas más altas fue en Ciudad de México, con 68 mil 154; Puebla, con 41 mil 876; y el Estado de México, con 40 mil 915. Los estados con las tasas más bajas fueron Chiapas, con 17 mil 728; Coahuila, con 19 mil 835, y Zacatecas, con 21 mil 862.
Delitos más frecuentes
En la mayoría de los delitos que afectan a una persona directamente y no a una colectividad (como en el caso del hogar), la incidencia delictiva fue mayor entre los hombres.
En 2025, los delitos sexuales vulneraron más a las mujeres, con una tasa de incidencia de 3 mil 365 delitos por cada 100 mil, cifra inferior a los 4 mil 160 delitos estimados en 2024. Entre hombres, la tasa para este tipo de delitos fue de 341 por cada 100 mil. En otras palabras, se contabilizaron 10 delitos sexuales contra mujeres por uno de esta naturaleza contra hombres.
Costo del delito
El costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 267.3 mil millones de pesos (6 mil 130 pesos, en promedio, por persona afectada) -con la ENVIPE 2025 se estimó que, durante 2024, esta cifra representó 6 mil 226 pesos por persona afectada a consecuencia de la inseguridad y el delito- Lo anterior se traduce en 1.06 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.6 mil millones de pesos y las pérdidas por victimización, a 165.9 mil millones de pesos. Lo anterior corresponde a 34.3 y 62.1 % del monto total, respectivamente. Entre las principales medidas preventivas que realizaron los hogares se encuentran cambio de cerraduras y/o candados, con 23.1 %, y cambiar puertas o ventanas, con 19.2 % -las cifras económicas se presentan a precios de la segunda quincena de julio de 2018-.
Las víctimas de robo total de vehículo perdieron, en promedio, 32 mil 006 pesos; las de fraude, 7 mil 551 pesos.
Denuncia y cifra oculta
En 2025, de los 33.8 millones de delitos ocurridos, solo se denunció un 9.0 %, caso similar al de 2024 (9.6 %). Por parte del Ministerio Público (MP) o de la fiscalía estatal, se abrieron carpetas de investigación en 73.5 % de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos, 93.4 % no se denunció o no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta). La cantidad resultó similar a la de 2024 (93.2 %).
De 73.5 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 38.1 % las personas reportaron que no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 39.5 % de estas sigue en trámite. Esto implica que 77.6 % de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2025.
En los delitos en los que se inició una investigación, el resultado fue positivo para la persona denunciante en 16.0 % de las ocasiones. Lo anterior significa que 1.1 % del total de delitos tuvo una resolución positiva para la persona denunciante en el año de referencia.
Las razones más comunes para no denunciar delitos fueron las siguientes: pérdida de tiempo (35.8 %), delito de baja importancia (14.5 %), desconfianza en la autoridad (13.0 %), falta de pruebas (9.1 %), trámites largos y difíciles (8.3 %) y miedo a la persona agresora (5.9 %).
En el caso de las mujeres, 34.4 % dijo no haber denunciado un delito por pensar que era pérdida de tiempo, mientras que 14.2 %, por considerarlo de baja importancia. En el caso de los hombres, 37.2 y 14.8 % consideraron lo mismo, en los casos respectivos.
Percepción de Seguridad Pública
Entre febrero y abril de 2026, 60.7 % de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave. Siguieron la salud (36.7 %) y el aumento de precios (33.8 %).
En el mismo periodo de 2026, 74.0 % de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia (la cifra resultó inferior a la de 2025). La percepción de inseguridad en el ámbito municipal o en la demarcación territorial y en la colonia o localidad también disminuyó de manera significativa. De la población de 18 años y más, 60.9 y 35.9 %, respectivamente, dijeron sentir inseguridad en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad.
La percepción más alta de inseguridad en entidades federativas se presentó en el Estado de México, con 90.0 %; Morelos, con 88.7 %, y Tabasco, con 87.6 por ciento. Por el contrario, la más baja se registró en Coahuila, con 27.8 %; Yucatán, con 35.5 %, y Aguascalientes, con 41.0 %.
En el periodo de febrero, marzo y abril de 2026, 43.4 % de la población de 18 años y más se sintió segura al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda. A las mujeres correspondió 35.4 % y a los hombres, 52.4 por ciento.
Cambio de hábitos por temor a la delincuencia
En 2025, las actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de hacer con mayor frecuencia fueron permitir que menores de edad del hogar salieran sin compañía y salir de noche, con 62.8 y 44.7 %, respectivamente.
Desempeño de autoridades de Seguridad Pública
Entre febrero y abril de 2026, 89.5 % de la población identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, con mucha o algo de confianza. Siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 88.9 por ciento. Las mujeres confiaron más en la policía ministerial, la policía estatal, el Ministerio Público (MP), la fiscalía estatal, la policía preventiva municipal y en la policía de tránsito. Los hombres dijeron confiar más en la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y en las y los jueces.
Una de estas fue presentada por el doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho, por desacato de Ávila González a los fallos favorables del juzgado federal del Poder Judicial de la Federación con respecto a los amparos diversos que interpuso el quejoso para su restitución en el cargo como director, del cual fue suspendido sin el debido proceso legal interno ni aviso, como tampoco de derecho de réplica, entre otras observaciones y denuncias como también injerencia de Rectoría en la asignación de materias pasando por sobre la autonomía del Consejo Técnico de ese plantel que es el órgano máximo interno.
