Chihuahua, Chih.- Alma Rosa Bahena Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEEMich) ante la Reforma al Poder Judicial consideró necesario que se establezcan los mecanismos para que la especialización generada en materia electoral, que garantiza los derechos político electorales de la ciudadanía, de la mujer, de migrantes, de la comunidad LGBTIQ+ y todos los grupos vulnerables se mantenga.
En su participación en el Congreso, Reforma Político – Electoral en México, Ventajas y Desafíos, organizado por la Escuela Judicial Electoral (EJE), abordó dos casos paradigmáticos en el Proceso Electoral 2023-2024, uno sobre violencia política de género en específico el caso Irimbo, en el que se anuló la elección y se confirmó por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Narró que la violencia política a la candidata a ese municipio, se realizó de forma digital a través de publicaciones en redes sociales, de las cuales se logró identificar el origen y el autor y en la que la diferencia de votos fue determinante, ya que los resultados de la elección fueron de 3 mil 159 votos para la candidata del Partido de la Revolución Democrática, en tanto que el candidato del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional obtuvo mayoría con 3 mil 272 voto, lo que representa la poca diferencia de 113 votos, equivalente al 1.7%.
Recordó los otros dos asuntos de anulación de elección en México, en Iliatenco, Guerrero y en Atlautla, Estado de México y el hecho de que en los dos primero se refieren a el uso de propaganda denostativa con mantas y pintas, generando un discurso de violencia en contra de las candidatas,; en tanto que en el caso de Michoacán lo que lo caracteriza es que la VPMG fue en redes sociales.
Con la Moderación de Ricardo Gutiérrez Rodríguez, Magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro, la Magistrada Bahena Villalobos recordó como otro caso destacado del proceso electoral 2023-2024 cuya controversia fue impugnar la usurpación de personas en las cuotas de acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual, el Juicio de la Ciudadanía 077, en donde un presidente de una asociación de la diversidad sexual señaló a 25 candidatos que se registraron por esa Acción afirmativa, y que el TEEMich resolvió requiriendo que los candidatos presentaran algún documento o constancia que acreditara su relación con la comunidad LGBTIQ+, como trabajo a favor o participación en alguna asociación civil, asunto en el que Sala Toluca no compartió el criterio de la autoadscripción calificada.
Y en otro asunto relacionado, que llegó a Sala Superior declaró inelegible al Presidente, por usurpación de la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual se mantuvo la planilla que ganó la elección y por lo tanto actualmente se está a la espera de que el Congreso del Estado de Michoacán realice la designación de la persona que estará al frente de esa administración pública municipal.
En 2023, el INEGI estimó que en 10.6 millones de hogares (27.5 % del total del país), al menos una o uno de sus integrantes fue víctima del delito. Este porcentaje fue similar al de 2022. Para 2023, el número de víctimas de 18 años y más se estimó en 21.9 millones, lo equivalente a una tasa de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 22 mil 903 para las mujeres y de 23 mil 817 para los hombres.
Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva en hombres fueron Ciudad de México (34 mil 563) y Aguascalientes (33 mil 711), y en mujeres, estado de México (33 mil 024) y Aguascalientes (32 mil 042). En contraste, la menor prevalencia delictiva en hombres se registró en Oaxaca (12 mil 941) y en Michoacán (14 mil 405); en mujeres, en Chiapas (12 mil 074) y Oaxaca (13 mil 549).
Al comparar con 2022, en 2023, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes bajó en 3 entidades federativas, 11 presentaron un alza y 18 no tuvieron cambios.
Las mujeres fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales, con una tasa de incidencia de 4 mil 290 delitos por cada 100 mil. Lo anterior fue estadísticamente similar a los 3 mil 470 delitos estimados en 2022. Entre hombres, la tasa para este tipo de delitos fue de 465 por cada 100 mil. En otras palabras, se contabilizaron 9 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra hombres.
Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 60.8 % de las ocasiones; otras causas ocupó 38.5 % y en 0.7 % de los casos, no se especificó. Entre las atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con 34.4 %; desconfianza en la autoridad, con 12.7 %, y trámites largos y difíciles, con 9.8 por ciento. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: se consideró un delito de baja importancia, con 12.9 %; falta de pruebas, con 9.4 %, y miedo del (de la) agresor(a), con 6.2 por ciento.
En 2024, 60.7 % de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave. Siguieron escasez de agua, con 36.8 %, y el aumento de precios, con 34.4 por ciento.
En marzo-abril de 2024, 41.3 % de la población de 18 años y más se sintió segura al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda. En las mujeres, este porcentaje fue de 33.6 % y en los hombres, de 50.0 por ciento.
Sobre el nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia, en marzo-abril de 2024, 89.3 % identificó la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, con mucha o algo de confianza. Siguió el Ejército, con 86.7 por ciento. Los hombres confían más en la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, así como en la Fiscalía General de la República. Las mujeres, en la policía ministerial, la policía estatal, en las y los jueces, en el Ministerio Público y las fiscalías estatales, en la policía preventiva municipal y en la policía de tránsito.
La base de datos y los resultados de la ENVIPE 2024 se pueden consultar en:
