Estados de México, Ciudad de México y Jalisco, los más afectados                                                                                                                                                                   

México atraviesa una de las peores crisis de fraude digital en su historia reciente, con un aumento superior al 80 por ciento en los casos detectados durante el último año y un incremento de 200 por ciento en ataques que utilizan tecnología de deep fakes, así lo advirtió el colectivo Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México).

Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de PSI-México, explicó que el país “enfrenta una ola imparable de fraudes digitales que ya no distingue sector ni región. Lo más alarmante es que México está siendo superado en afectación incluso por países de referencia tecnológica, y aún no existe una estrategia nacional coordinada”.

Aguiñiga Tinoco, también investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), informó que el fraude de identidad en el país es cinco veces mayor que en Brasil, con especial presencia en sectores como retail, fintech, apuestas en línea y servicios bancarios. Según los reportes oficiales, los tres estados con mayor número de casos en 2024 son: México (13.3%); la ciudad de México (11.9%) y Jalisco (9.2%).

Sin embargo, “entidades como Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí registraron crecimientos superiores al 100 por ciento, lo que demuestra la expansión acelerada de este fenómeno en todo el país”, dijo.

El ingeniero Ezequiel Aguiñiga explicó en entrevista que, “los métodos utilizados por los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, asequibles y difíciles de rastrear. Van desde el uso de fotografías recicladas en redes sociales, hasta la manipulación de APIs, falsificación de documentos digitales y la inyección de imágenes creadas con inteligencia artificial en plataformas de validación de identidad”.

“Hoy cualquiera con acceso a un software de generación de imágenes o voz puede engañar a sistemas automatizados. Estamos entrando en una era en la que la confianza digital se erosiona rápidamente si no actuamos ya”, indicó.

Ante este escenario, PSI-México emitió una serie de recomendaciones urgentes a la ciudadanía, empresas y gobierno para reducir su vulnerabilidad; verifica siempre las plataformas digitales donde compartes tus datos personales o financieros. Evita subir fotos o información sensible en redes sociales que puedan ser utilizadas para suplantarte.

“Utiliza contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y actualiza frecuentemente tus sistemas. Denuncia cualquier intento de fraude o suplantación ante la policía cibernética. Consulta regularmente tu historial crediticio para detectar movimientos sospechosos”.

Aguiñiga Tinoco, director de PSI-México, subrayó que el combate al fraude digital no puede quedar en manos aisladas de cada empresa o usuario, sino que requiere una respuesta unificada y tecnológica, tanto del sector privado como de las autoridades.

“El fraude digital está afectando simultáneamente a múltiples industrias, pero cada empresa sigue luchando sola. Esto permite que los delincuentes reciclen sus tácticas con nuevas víctimas sin ser detectados. Urge un modelo de inteligencia compartida, auditorías cruzadas y alertas intersectoriales”, dijo.

PSI-México hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades de seguridad digital para que fortalezcan el marco legal, doten de mayores recursos a la Policía Cibernética, y construyan plataformas nacionales de intercambio de información en tiempo real, con participación activa de los sectores productivos, financieros y tecnológicos.

“México no debe continuar enfrentando esta crisis con mecanismos del siglo pasado. Necesitamos legislación actualizada, cooperación institucional y profesionalización en ciberdefensa ya”, concluyó el ingeniero Aguiñiga Tinoco.

Representa una seria amenaza a los Derechos Humanos, por lo que urgen principios de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, ya que carece de control democrático

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana en México, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, enfatizó que “toda política pública debe sujetarse irrestrictamente a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica, sin un marco jurídico sólido y transparente, representa una seria amenaza a los derechos humanos de millones de personas en México”.

Fierro Hernández, doctor en derecho, denunció que este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.

“Nos alarma que el Estado mexicano, que no ha sido capaz de proteger sus propias plataformas institucionales, ahora pretende centralizar los datos biométricos de toda la población, sin asumir con seriedad la responsabilidad que ello implica. No existen aún garantías plenas ni marcos legales específicos para asegurar su uso lícito y protegido”, denunció.

Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante el sexenio anterior se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.

“No se puede hablar de transformación digital ni de modernización si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. La experiencia del caso “Guacamaya” en 2022 nos deja claro que ni las fuerzas armadas fueron capaces de salvaguardar información crítica y de seguridad nacional”, subrayó.

El defensor del pueblo enfatizó que, bajo el actual mandato presidencial, se corre el riesgo de que las digitales gubernamentales —sin contrapesos legales— se conviertan en instrumentos de control y vigilancia ciudadana. Alertó que esto podría derivar en atropellos sistemáticos a los derechos a la intimidad, autodeterminación informativa y debido proceso.

“La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a la inercia tecnocrática. Es obligación del Estado proteger, no exponer, a sus ciudadanos. La administración actual tiene la responsabilidad histórica de evitar una arquitectura digital que derive en autoritarismo técnico”, advirtió el especialista.

De esta forma, el presidente del GIDH subrayó el llamado urgente a la ciudadanía a, “informarse antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.

“Rechazar cualquier medida que no contemple auditorías ciudadanas y supervisión independiente. Participar activamente en procesos de consulta sobre esta materia”, dijo.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a detener la implementación masiva de la CURP biométrica hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva, señala

Al considerar que “es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados”, el Fiscal General de Michoacán, Adrián Lopez Solís, anuncio que deja el cargo  que presidió “durante los últimos casi seis años y medio”

A través de un mensaje en redes sociales, señala que “en los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes, se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva”.

A continuación, el mensaje del Fiscal:

Durante los últimos casi seis años y medio, de mi vida personal y profesional, enfrentamos grandes retos en la tarea de procuración de justicia; he asumido con toda responsabilidad la titularidad de una de las instituciones más demandantes y referidas socialmente por lo sensible de sus funciones.

No obstante, en los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva.

Lo cual reitero, solo es posible atender en un frente coordinado con todas las capacidades del Estado, conforme a las competencias legales que atañen a cada instancia de seguridad y de justicia, de los órdenes federal, estatal y municipal.

Por ello, considero que, al margen del periodo por el que fui electo, es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados, a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental.

En virtud de lo anterior, les comparto que he tomado la decisión de separarme del cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán. Por lo que, en próximas horas, estaré notificando al Honorable Congreso mi renuncia, con efectos a partir del 20 de agosto del presente año, con el fin de contar con el tiempo suficiente para cumplir con los trabajos de la entrega recepción y, en su caso, entregar a quien tengan a bien designar como nuevo titular.

A mis compañeras y compañeros integrantes de la triada de la investigación, agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritas y peritos, así como al personal administrativo y de apoyo,  les agradezco por el enorme esfuerzo y compromiso mostrado, durante todos estos años.

Les ruego que continúen haciendo su mayor esfuerzo para la recepción, tratamiento, determinación y seguimiento a los casos diversos que tienen bajo su responsabilidad; no olviden que nos debemos a las personas que requieren de nuestros servicios, principalmente a quienes son víctimas de algún delito.

Como parte del sistema de seguridad pública y del sistema de justicia penal, la labor que ustedes desarrollan es fundamental para el Estado de derecho, la tranquilidad, el orden y la paz públicas. No bajen el ritmo, son parte de una institución que reconoce el servicio profesional de carrera y premia la lealtad, la confianza, el profesionalismo, la objetividad y la imparcialidad, pero sobre todo la firmeza, determinación y valor, ejercidos con honestidad y respeto a la ley.

Son ustedes personas que asumen el riesgo propio de la naturaleza de su función, como un acicate para enfrentar a la criminalidad, tengan siempre claro que Michoacán y México necesitan de gente con las características de ustedes, que son el alma del esfuerzo realizado y los logros por venir.

A las y los michoacanos, mi agradecimiento eterno por permitirme haberles atendido, desde dicha responsabilidad, convencido de que hay múltiples maneras de comprometerse y trabajar en beneficio de la sociedad, todas muy honorables cuando ponen por delante el interés general de las y los ciudadanos. En tanto, les dejo a todas y todos mi abrazo fraterno.

No se trata de negociar con criminales ni de ofrecerles impunidad, sino de explorar esquemas de justicia transicional que permitan su reinserción a la sociedad y reparación del daño

Monseñor Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, insistió en su llamado a un diálogo entre los líderes de gobierno, de la sociedad civil y religiosos para buscar alternativas de construcción de paz y poder ofrecer opciones de reconversión a quienes están en el crimen organizado, y desde la autoridad civil lo que es la justicia transicional, expuso, para dar oportunidad de recuperar a las personas inmersas en esos grupos y esas actividades, y compensar a la sociedad a la comunidad y a la familia.

Así lo dijo en su tradicional rueda de prensa este domingo antes de concelebrar la Misa de mediodía en Catedral de Morelia. Expuso de nuevo su propuesta de abrir diálogo con criminales como vía hacia la paz y la reconverción de vida como parte de una estrategia integral para la construcción de la paz en Michoacán y en el país.

El jefe pastoral de esta Arquidiócesis defendió y sostuvo su propuesta al señalar que se trata de un llamado al diálogo: “hay que dialogar para dar alternativas de construcción de paz, y en su momento poder ofrecer alternativas al crimen organizado, alternativas de justicia transicional”, en que no se trata de negociar con criminales ni de ofrecerles impunidad, sino de explorar esquemas de justicia en sus diferentes expresiones siendo una de ellas, ponderó, la justicia transicional que permita su reinserción a la sociedad y reparación del daño a las víctimas.

En un escenario de creciente violencia en Michoacán y luego de que actores políticos afines al gobierno bedollista y el propio gobernante cuestionasen la semana pasada públicamente esta postura, Monseñor Garfias Merlos reiteró que su responsabilidad y atribuciones como jefe católico es distinta a la de las autoridades cuyo deber es aplicar la ley.

“No digo que haya qué hacer acuerdos ni que se haga justicia a conveniencia de los delincuentes, pero sí creo que, si se da un diálogo entre sociedad, gobierno e Iglesia, será valioso escuchar incluso a quienes han causado daño, para que puedan encontrar el perdón y la reconciliación”, insistió.

Dio a conocer también este día los talleres sobre construcción de paz que lleva a cabo la Universidad Pontificia de México, en coordinación con las provincias eclesiásticas de Morelia, Jalisco y Acapulco, golpeadas fuertemente por la inseguridad y violencia.