Existen testimonios documentados por medios, colectivos feministas y grupos estudiantiles en Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, que el problema se ha extendido

El Congreso del Estado avanza en una iniciativa para obligar a bares, antros y centros nocturnos a implementar medidas de prevención y responsabilidad compartida ante casos de sumisión química, práctica que consiste en alterar bebidas con sustancias psicoactivas sin el consentimiento de quien las ingiere.

El diputado Alfredo Anaya propuso reformar la Ley de Salud de Michoacán para crear un Capítulo VIII Bis, destinado a establecer mecanismos específicos de prevención, atención y sanción en establecimientos con venta de alcohol.

Durante la sesión ordinaria, el legislador definió la sumisión química como una práctica delictiva que permite manipular o anular la voluntad de las víctimas mediante sustancias como GHB, ketamina, benzodiacepinas o escopolamina, que son indetectables por ser incoloras, inodoras e insípidas.

Alertó que estas drogas actúan con rapidez y están relacionadas con violaciones, abusos sexuales, robos o secuestros.

Anaya señaló que existen testimonios documentados por medios, colectivos feministas y grupos estudiantiles en Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, lo que demuestra que el problema se ha extendido y “ya no puede ignorarse”.

“No se trata de criminalizar la vida nocturna, sino de generar confianza, seguridad y corresponsabilidad entre clientes y empresarios”, afirmó el legislador.

La reforma plantea colocar carteles informativos, implementar protocolos de atención inmediata, capacitar al personal, habilitar zonas seguras y, en la medida de lo posible, contar con kits de detección de drogas en bebidas, bajo supervisión de la Secretaría de Salud y la Coepris.

Estas autoridades tendrían la responsabilidad de realizar inspecciones y aplicar sanciones, que podrían ir desde multas o clausuras temporales, hasta la cancelación definitiva de licencias.

Además, se propone la creación del Distintivo Estatal de Espacio Seguro, que reconocerá a los establecimientos comprometidos con la protección de sus clientes.

Finalmente, el legislador subrayó que el Estado debe asumir su papel preventivo, más allá de aconsejar a la ciudadanía que cuide su vaso, pues la seguridad y la salud son derechos que el gobierno está obligado a garantizar.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.