El 19 de agosto, la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, que lleva dos meses acéfala, dio a conocer, a través de su encargada de despacho,  que fueron asignadas 555 plazas docentes de nivel primaria para el ciclo escolar 2026-2027, seleccionadas entre cerca de 900 aspirantes registrados ante la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La cifra, repetida por distintos medios como «entre 550 y 600», cubriría escuelas en 70 municipios de las diez regiones del estado. La funcionaria presumió que el proceso se realizó de manera directa y que garantiza la permanencia de los docentes en el centro de trabajo elegido. Horas antes, un grupo de egresados normalistas de las escuelas de Tiripetío, Arteaga y la Urbana Jesús Romero Flores había cerrado las instalaciones de la propia secretaría para exigir que se revisara ese mismo proceso, pues, según denunciaron, la convocatoria estaba dirigida a un perfil específico de aspirantes y terminaron participando personas ajenas a ese perfil. Dos versiones, el mismo día, sobre el mismo reparto de plazas. Esa es precisamente la definición de una transparencia apenas parcial: cuando sobran versiones y escasean las pruebas.

Conviene precisar qué conocemos y qué permanece en reserva. Conocemos el número final de plazas otorgadas, la fecha de incorporación a la nómina, algunas fotos de redes sociales y el nombre de la funcionaria que lo anunció. Permanece bajo reserva, pese a lo que la ley exige, el listado nominal ordenado completo con los puntajes de cada aspirante, los criterios que decidieron quién entraba entre los 900 y quién quedaba fuera, así como una resolución puntual a la denuncia de los egresados normalistas. Tampoco, se dijo con claridad si las plazas son de modalidad de sostenimiento estatal o federal. El vacío más grave sigue ahí: cuántas plazas docentes, de apoyo y asistencia a la educación, directivas y de supervisión permanecen pendientes de cubrir en las escuelas de Michoacán. La Secretaría menciona 12 mil 500 escuelas y más de 80 mil trabajadores de la educación, pero ese dato agregado guarda silencio sobre cuántas de esas escuelas operan todavía con la dirección vacante, con la supervisión de zona vacante, con la plaza de trabajo social vacante, o con un solo maestro atendiendo un grupo que debería compartir con más personal. Entregar 555 plazas callando el faltante real frente al cual se hace equivale a propaganda numérica, apenas disfrazada de logro.

Este modelo arrastra un defecto estructural conocido desde hace años, que cada evento de asignación vuelve a exhibir: en Michoacán, a diferencia de cualquier otra entidad del país, se impuso un Consejo Directivo para la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el cual está integrado por funcionarios subordinados a la propia Secretaría de Educación. La autoridad que diseña la convocatoria, determina las vacantes y decide quién se queda con cada plaza es, al mismo tiempo, quien debería vigilarse a sí misma: el juez y la parte comparten oficina. Bajo ese diseño ganan, primero, los grupos gremiales y sindicales que durante años han hallado en los espacios opacos del proceso la manera de acomodar personal eventual o de sostener esquemas de plazas susceptibles de venderse o heredarse informalmente. Ganan, segundo, los mandos operativos de la dependencia, que presentan una cifra alta y una fecha de incorporación como éxito político mientras la auditoría sobre el mérito y el orden de prelación queda pendiente. Y gana, tercero, cualquier interés político que necesite, de cara al arranque del ciclo escolar y en un año en que la Secretaría todavía aguarda titular confirmado, una noticia capaz de desplazar la pregunta de fondo: por qué, tras tantos anuncios acumulados de miles de plazas, las escuelas michoacanas continúan con plantillas incompletas. Por si fuera poco, el proceso electoral para el relevo de gobernador del estado y su gabinete empieza el mes próximo.

Quien pierde, con total certeza, es la niñez y la juventud michoacana. Pierde el estudiante de una telesecundaria rural que este ciclo seguirá careciendo de maestro en alguna asignatura porque su municipio quedó fuera de los 70 beneficiados. Pierde la escuela que necesita dirección de tiempo completo y continúa operando con una encargatura apenas provisional, sin la clave ni el salario merecidos. Pierde el aspirante normalista que compitió de buena fe, siguiendo al pie de la letra los lineamientos de la convocatoria, por lo que hoy exige una mesa resolutiva porque aduce contar con evidencia de que el filtro se aplicó de manera desigual. Y pierde, con ellos, la confianza pública en que el servicio profesional docente en Michoacán responde al mérito antes que a la cercanía con quien reparte.

Entregar plazas por goteo, en eventos que se anuncian como logro sexenal acumulado mientras la brecha total permanece reservada, acarrea consecuencias medibles. La primera es pedagógica: cuando una escuela pierde a su director, a su supervisor o a la mitad de su plantilla, mientras que, la vacante tarda meses o años en resolverse por la vía formal, la carga recae sobre los maestros presentes, que terminan cubriendo grupos múltiples y sacrificando tiempo de enseñanza efectiva. La segunda es de desigualdad territorial: mientras se omita publicar con precisión en qué municipios y escuelas persisten los faltantes de personal docente, de apoyo, directivo y de supervisión, la verificación de si la asignación respondió a la necesidad real de las comunidades más rezagadas resulta imposible. La tercera es institucional: la vacante en la titularidad de la Secretaría, un mes después de la renuncia de la anterior secretaria, deja estas decisiones en manos de una encargada de despacho cuyo nombramiento aguarda ratificación plena, lo cual debilita la rendición de cuentas en un momento que afecta a decenas de miles de familias. Y la cuarta, la más peligrosa a mediano plazo, es la erosión de legitimidad del propio Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: cada denuncia pendiente de resolución pública, cada plaza entregada con el listado reservado, alimenta la idea de que el mérito continúa siendo negociable, una idea extraordinariamente difícil de revertir entre los propios aspirantes normalistas.

Por todo lo anterior, el gobierno del estado de Michoacán, a través de la persona que designe en la Secretaría de Educación en el Estado debe realizar a la brevedad posible la publicación íntegra y desagregada del listado nominal ordenado de las 555 plazas, con puntajes, criterios y folios de cada aspirante, para que cualquier familia pueda verificar que el proceso respetó lo convocado. Urge una respuesta pública, documentada y con fecha cierta a la denuncia de los egresados normalistas de Tiripetío, Arteaga y la Urbana Federal, para que respondan a la obligación de rendición de cuentas antes que a una mera cortesía política. Es imperativo, porque los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes están en vilo, que la autoridad publique, con el mismo detalle con que anuncia las plazas entregadas, el diagnóstico completo del faltante real de personal docente, de apoyo, directivo y de supervisión, escuela por escuela y municipio por municipio, para medir el avance contra una meta verificable. Es ya inaplazable una revisión externa e independiente de la gobernanza de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, hoy subordinada a la misma Secretaría a la que debería vigilar, porque todo proceso que funge como juez y parte arrastra dudas legítimas sobre su transparencia plena. El Gobierno del Estado de Michoacán debe demostrar que realiza un combate frontal y verificable a cualquier práctica corrupta de intermediación, venta o herencia informal de plazas, con mecanismos de denuncia ciudadana accesibles, trazables y consecuencias reales para quien las opere. Y, por supuesto,  es imposible hablar de que el ciclo escolar fue completo o de que el presente lo sea, si no contaba siquiera con una persona titular de la Secretaría de Educación, con el perfil, experiencia, probidad, la autonomía y el respaldo institucional que la niñez y la juventud michoacanas merecen, porque un sistema educativo solo puede alcanzar la transparencia plena cuando, por principio de cuentas, tiene al frente a quien pueda y deba responder por ella.

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