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FRG asegura e inhabilita toma clandestina de combustible, en Tarímbaro
En el ducto Salamanca – Morelia, PEMEX interpuso denuncia ante el Ministerio Público de la Federación
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El percance ocurrió sobre la calle Juan de la Barrera, entre Batalla de Casa Mata y el Boulevard García de León
Sujetos desconocidos impiden inspección de PROFECO a gasolinera de Tepalcatepec; FGR inicia investigación
A la citada estación arribaron sujetos quienes, bajo amenazas, obstaculizaron e impidieron a inspectores, realizar dicho procedimiento
NORMALISMO: UN RENACIMIENTO POSIBLE
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 122/2019 es, en esencia, la apertura de una ventana de oportunidad histórica para rediseñar la política educativa en estados con una tradición magisterial tan profunda como Michoacán.
El fallo de la Corte ha dejado claro que la prioridad otorgada a los egresados de las Escuelas Normales Públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) es constitucional.
Esta decisión reconoce que el fortalecimiento de estas instituciones es un fin nacional legítimo. Sin embargo, para las autoridades educativas locales, este mandato no debe interpretarse como un dogma de exclusión, sino como una herramienta de ordenamiento institucional que beneficie a todos los actores del ecosistema educativo.
El Nuevo Escenario para el Normalismo.
Para las escuelas normales de México y de estados marginados como Michoacán en particular, históricamente descobijadas institucional y presupuestalmente, esta resolución significa certidumbre. Al blindar legalmente su preferencia en la admisión, se asegura que la formación docente pública sea el eje rector del sistema. Esto permite una planeación educativa mucho más robusta: las normales pueden ahora alinear sus matrículas con las necesidades reales de las vacantes en el estado, garantizando que quien se forma en el normalismo público tenga una ruta clara hacia el servicio profesional.
No obstante, la gran oportunidad de política pública radica en entender que prioridad no significa exclusividad. El sistema educativo michoacano se fortalece cuando es capaz de integrar el talento de manera ordenada. Actualmente, en nuestro estado, el proceso enfrenta el desafío de una interpretación restrictiva que impide la participación de egresados de otras instituciones. Corregir esto no es solo un imperativo legal, sino una necesidad de excelencia académica.
Beneficios para el Gremio y las Autoridades
Para el gremio magisterial, este marco jurídico ofrece una «revalorización» real. Al contar con reglas de admisión claras y avaladas por la Corte, se reduce el espacio para la discrecionalidad y el clientelismo. El docente michoacano gana seguridad jurídica en sus incentivos y promociones, pues la validez de los lineamientos de la USICAMM permite que los programas de promoción horizontal operen con una base administrativa sólida.
Por su parte, las autoridades educativas locales tienen hoy el respaldo para actuar con firmeza. El reto es transitar de un modelo de confrontación a uno de gestión técnica eficiente. La autoridad tiene ahora la facultad —y la obligación— de organizar procesos donde los normalistas públicos encabecen las listas de prelación, pero donde también se permita que los mejores perfiles de otras universidades ocupen los espacios remanentes. Esta «apertura ordenada» es lo que realmente garantizará que ninguna escuela de la entidad se quede sin un maestro debidamente evaluado.
No olvidemos que, en educación inicial, en preescolar, en secundaria, en bachillerato y en educación superior, aún no se alcanza la cobertura universal. Esto quiere decir, que se requieren más maestros que las mil ochenta plazas que anualmente se ofertan, a manera de recambio generacional. Así como se encuentra la distribución de la matrícula en la entidad, alcanzar cobertura universal implicaría la contratación de 72 mil maestros más. Entonces, si se avanza en ese terreno, sería inaceptable soslayar a los egresados de escuelas privadas.
¿Qué se requiere para lograrlo?
Para que esta resolución se traduzca en una mejora real del sistema educativo estatal, se requieren tres acciones fundamentales:
- Reforma Interpretativa Local: Es necesario que las autoridades educativas en Michoacán ajusten sus convocatorias para reflejar fielmente el espíritu de la ley: prioridad absoluta al normalismo público, pero apertura a la participación de otros planteles una vez agotadas las listas prioritarias. La exclusión actual solo genera brechas de talento y conflictos jurídicos innecesarios.
- Transparencia Radical en USICAMM: La confianza del magisterio depende de que el proceso de asignación sea público y verificable. Si la prioridad es legal, su ejecución debe ser impecable para evitar sospechas de favoritismo. Es sabido y está documentado que ha habido procesos específicos en donde las listas de prelación para el ingreso al servicio profesional docente se han convertido en papel mojado mediante manejos facciosos de los anexos de plazas disponibles y el manipuleo en torno a la fecha de caducidad de la idoneidad.
- Vinculación Formativa: Las normales michoacanas deben aprovechar esta protección legal para elevar sus estándares. La prioridad otorgada por la Corte no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad de entregar a los docentes más preparados para las zonas de mayor rezago en el estado. Entonces, la manera de lograrlo es invirtiendo más y dignificando a las escuelas normales al máximo, para que se conviertan en los centros de formación inicial docente de excelencia que se requieren, para que sus egresados afronten con éxito los retos vocacionales, productivos, sociales y económicos de la entidad para los próximos 40 o 50 años. Menudo reto.
En suma, el gobierno estatal tiene ante sí la oportunidad de convertirse en el referente nacional de cómo armonizar la protección del normalismo público con la inclusión de nuevos talentos pedagógicos. Al implementar una política de «prioridad sin exclusión», no solo cumplimos con la ley, sino que honramos el derecho de las niñas y niños michoacanos a una educación de excelencia, nutrida por la tradición y abierta a la innovación. Es momento de dejar atrás las barreras que limitan nuestra capacidad educativa y construir un sistema donde el mérito y la formación institucional caminen de la mano. Y, por supuesto, gobernar es presupuestar. Dignificar a las escuelas normales y dotarlas de las mejores condiciones posibles será la mejor manera de interpretar desde lo local esta resolución de la Corte a favor de los derechos a estar, aprender y participar de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. ¡Que así sea!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
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Desde temprana hora los agentes se apersonaron en diversas vialidades fuera de planteles para brindar seguridad a alumnos, padres de familia y maestros
LOS PEQUEÑOS CAMBIOS
La reforma al artículo 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente a partir del pasado primero de enero de 2026, consiste en un pequeño cambio de gran trascendencia, pareciera “inofensivo” el agregado que le hacen al numeral en cita, pero no es así, es de gran calado ya que permite a los visitadores a exigir de manera genérica estados de cuenta ya no solo bancarios como hasta 2025 se preveía, sino en general “estados de cuenta”.
Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita para verificar el correcto cumplimento de sus obligaciones tributarias en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, “estados de cuenta” o estados de cuenta bancarios, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.
Por otro lado, el último párrafo del artículo 48 del CFF hasta 2005 consignaba que, para los efectos del primer párrafo de dicho artículo, se considera como parte de la documentación o información que puede solicitar las autoridades fiscales, era la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Ahora a partir de este año, se reforma dicho párrafo para el efecto de que el contribuyente visitado entregue información y documentación ya estructurada y “cruzada” con otras operaciones, lo que implica para el contribuyente un mayor trabajo de naturaleza administrativo.
Este párrafo en su integridad queda redactado de esta manera:
“Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 42, primer párrafo de este Código, cuando la autoridad se encuentre ejerciendo sus facultades de comprobación, podrá requerir informes, datos, documentos, la contabilidad o parte de ella, así como información económica y financiera, con el orden, metodología y características, que permitan relacionar las operaciones, actos o actividades del contribuyente revisado, además de la relativa a las cuentas o cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente.”
Desde 2014 los dictámenes fiscales son voluntarios con requisitos específicos para cuando se opta por dictaminar los estados financieros del contribuyente, se establecía hasta 2025 que los contadores públicos registrados que observaran alguna conducta que pudiera ser constitutiva de la comisión de un delito fiscal, debían informarlo a la autoridad fiscal, esta obligación se elimina en específico, subsistiendo una obligación amplia con la reforma al tercer párrafo de la fracción III del artículo 52 del CFF; la reforma fiscal 2026 está llena de “pequeños cambios” de gran trascendencia. @lvarezbanderas
DESTINO MANIFIESTO
En los albores del 2026 ya se registró un hecho que despierta el análisis y múltiples comentarios por todas las implicaciones que desata, evidentemente me refiero a la caída de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela mediante la intervención de Estados Unidos por instrucciones del presidente Donald Trump. Las posiciones están divididas como era de esperarse, muchos festejan el derrumbe de un gobierno que tenía un estilo totalitario en el que se hostigaba a la oposición, de hecho, en los últimos comicios presidenciales jamás mostraron oficialmente los resultados, de ahí que se alegara fraude electoral, registraba además una caída en la economía. Estos y otros asuntos motivarían una oleada de emigrantes venezolanos a otras naciones, particularmente Estados Unidos.
La comunidad internacional, al menos una gran parte de la misma, esperaba una próxima caída del mandatario venezolano, para muchos sucedió antes de lo esperado, cuando las fuerzas especiales americanas arrestaban a Nicolás Maduro y su esposa. Según se reportó no hubo bajas de militares norteamericanos y si 40 de Venezuela y Cuba del círculo de seguridad del mandatario venezolano.
Muchas voces se elevaron para celebrar el ocaso de la administración del gobierno venezolano en diferentes partes del mundo, algunos de ellos o mejor dicho muchas personas fueron exiliados, en cambio también hubo quien protestó contra la intervención del país de las barras y las estrellas.
Nicolás Maduro resultaba indefendible ya, sus yerros resultaban evidentes, no tuvo vocación democrática, creció el número de presos políticos en su dilatado gobierno.
El gobierno norteamericano ratifica la doctrina Monroe o el destino manifiesto, en pocas palabras trata de afianzar su hegemonía actualmente con Donald Trump. No obstante, hubo violaciones al derecho internacional, las formas no son necesariamente las óptimas, hay leyes vigentes que no fueron respetadas y ello puede motivar futuras prácticas bajo ese tenor.
En los años setenta el gobierno estadounidense respaldó el oprobioso Plan Cóndor en diversos países del cono sur en nuestro continente contra opositores y fortalecer dictaduras, fue en la era de la guerra fría, en aquella bipolaridad política.
No olvidemos que fue definitiva la intervención del gobierno norteamericano para fraguar el golpe de estado que cobró la vida del presidente chileno Salvador Allende, en su lugar llegó la dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet.
Donald Trump ya hizo el anuncio que administrarán Venezuela, no olvidemos que en dicho país se cuenta con una importante reserva petrolera, seguro habrá diversos cambios, ya juramentó como presidenta en este trance la anterior vicepresidenta Delcy Rodríguez, esto fue el 5 de enero ante la Asamblea Nacional.
En nuestro país, también el 5 de enero el canciller Juan Ramon de la Fuente reapareció para hacer el llamado a la Organización de las Naciones Unidas para actuar con mayor determinación para buscar una solución pacífica sostenible y conforme al derecho internacional.
En tanto, Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York, dijo ser secuestrado y afirmó que sigue siendo el presidente venezolano.
Cosas que suceden en nuestro entorno latinoamericano, en donde hay urgencia de una verdadera democracia que se sustente en el respeto a la legalidad y no en caudillos ni populismos.
Joven asesinado a balazos en un domicilio, al oriente de Uruapan
El hecho ocurrió en la en la colonia Luis Martínez Villicaña
