Afirma que la diversidad de opiniones fortalece la vida democrática, y exige de los ciudadanos responsabilidad para informarse, discernir y formar un juicio propio
La Arquidiócesis Primada de México advirtió que la regulación de los derechos de las audiencias no debe abrir la puerta a mecanismos de censura previa, ni permitir que una autoridad administrativa determine la «veracidad, legitimidad o aceptabilidad» de las opiniones difundidas por radio y televisión.
Esta observación y pronunciamiento de la autoridad católica del país emitido en el editorial de esta semana en el diario Desde la Fé, que le pertenece y desde donde difunde su opinión, viene en medio de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, proyecto que busca establecer mecanismos para que televidentes y radioescuchas puedan ejercer derechos reconocidos en la legislación.
La propuesta oficial plantea que concesionarios de radio y televisión garanticen acceso a información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente, además de registrar y difundir códigos de ética. En este editorial publicado el fin de semana pasado en el periódico católico de la Arquidiócesis Primada de México que encabeza el Cardenal Carlos Aguiar Retes, ha dicho y sostenido que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese ideas o difunda información, por ello plantea que el derecho de réplica debe funcionar como una garantía para la búsqueda de la verdad.
Pero insiste en que la diversidad de opiniones fortalece la vida democrática y exige de los ciudadanos responsabilidad para informarse, discernir y formar un juicio propio. Además de que sí considera necesario que se regule el desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y los algoritmos para que estén al servicio de la persona humana y no se conviertan en instrumentos de manipulación o polarización.
Finalmente, Desde la Fe concluye su editorial afirmando que el debate no debe limitarse a definir hasta dónde puede llegar la regulación estatal, sino que debe incorporar la responsabilidad ética de autoridades, medios, plataformas y ciudadanos para proteger simultáneamente la libertad la verdad y el bien común de México.
