El asesinato de Carlos Manzo no fue un hecho aislado, fue un atentado directo contra la autoridad civil y la legitimidad del Estado. Mataron a un alcalde bajo custodia federal, frente a su pueblo, y ni el gobernador Ramírez Bedolla ni la presidenta Sheinbaum pueden refugiarse en los discursos.

La desatención del tema de la seguridad por parte del estado quedo evidenciada. La debilidad técnica y política del gabinete de seguridad estatal, también. En Michoacán hay improvisación y un vacío de poder que ya irrita incluso a Palacio Nacional. Fuentes citadas por El País confirman que, aunque la custodia de Manzo incluía más elementos de la Guardia Nacional que policías locales, la coordinación era responsabilidad directa del gobierno estatal.

El asesino de Manzo era un joven, como muchos en este estado, sin oportunidades y sin una política pública que lo alejara del crimen. Mientras los cárteles reclutan adolescentes, el gobernador convierte la prevención en espectáculo, conciertos en lugar de estrategia, propaganda en lugar de una real prevención del delito.

El asesinato del Alcalde Manzo, expone un patrón estructural, la captura progresiva de los gobiernos locales por el crimen organizado. Manzo intentó revertir ese orden, destituyó a treinta policías municipales con vinculos con el crimen organizado y rompió los pactos que sostenían la convivencia entre autoridades y criminales. Las autoridades lo dejarón sólo.

Desde Palacio Nacional se ha construido una narrativa alterna a la realidad, una en la que, siete años después, se sigue culpando a Calderón y a Peña Nieto; un relato donde los criminales son víctimas y el Estado se muestra como un espectador compasivo. Carlos Manzo decidió romper con esa narrativa y recuperar el principio de autoridad como bien público, sin simulaciones ni excusas. Lo hizo con errores, porque no era un hombre perfecto, pero tuvo el valor que al poder le falta: el de asumir responsabilidad cuando todos prefieren evadirla.

Hoy, la clase política actúa con oportunismo, en vida lo ignoró, y muerto, lo usa como bandera. Los mismos que callaron ahora lo difaman en privado, diciendo que “se lo buscó”. No lo admiten en público, porque saben que fueron parte del sistema que lo dejó solo.

En ese contexto, la figura de Carlos Manzo adquiere una relevancia política y simbólica excepcional. Le dio una lección a la clase política y a la burocracia partidista, que gobernar no es administrar la criminalidad, sino enfrentarla, que la autoridad no se negocia con el crimen y que la autoridad se ejerce con riesgo y responsabilidad. Mientras la clase política observaba y descalificaba, él le devolvió dignidad a su pueblo asechado por el crimen.

Las manifestaciones violentas, son el síntoma más visible de un dolor colectivo que se desbordó. Son el reflejo de un hartazgo acumulado frente a un Estado que perdió credibilidad y control. Sin embargo, si la indignación no se encauza con liderazgo y justicia, la rabia puede transformarse en anarquía, y con ello, el crimen volverá a ocupar el vacío que deja la autoridad.

Carlos Manzo rompió la regla no escrita de la política mexicana: no desafiar al crimen. Por eso lo mataron, y por eso su muerte pesa sobre todos. Carlos Manzo es una lección de dignidad, que el país no puede olvidar.