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El diputado Antonio Carreño, enfatizó que el crecimiento sostenido del partido ha generado incomodidad entre sus adversarios políticos.
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Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
En Uruapan, se dictó sentencia condenatoria de 1 año y 9 meses de prisión en contra de Christian Arturo R.P. al comprobarse su responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio dos personas menores de edad de identidad reservada.
La pena contempla el pago de la reparación del daño total por la cantidad de más de 167 mil 500 pesos y, a su vez, de manera genérica por el incumplimiento de la obligación alimentaria prevista desde el mes de diciembre de 2023 hasta la fecha en que se cuantifique en etapa de ejecución; así como la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión.
Asimismo, se vinculó a proceso a Jesús M.B. y a Julián G.G. y/o Ignacio G.G., por su probable participación en el delito de secuestro agravado, contra una docente de nivel preescolar de la comunidad de Charapan, Michoacán. De acuerdo con los datos de prueba, la víctima fue privada de su libertad mientras se dirigía a su centro de trabajo, durante el cautiverio, los presuntos responsables exigieron 400 mil pesos a cambio de su liberación. Ambos imputados permanecerán en prisión justificada durante el desarrollo del proceso penal y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Por otro lado, una jueza de Zitácuaro dictó vinculación a proceso en dos causas distintas: en la causa penal 125/2025, vinculó a proceso a Ismael M.C. por los delitos de abuso sexual y violación equiparada agravada, presuntamente cometidos en agravio de una menor; se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Finalmente, en la causa penal 126/2025 se vinculó a proceso a Sergio M.M. por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de su hija menor de edad. En este caso, no se impuso medida cautelar y se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
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