Imaginemos a Daniel. No existe en ningún padrón, pero se parece demasiado a miles. Tiene doce años, vive en una comunidad de Michoacán y se despierta antes de que amanezca. Mientras otros niños buscan el uniforme, él busca los guantes. Su padre lo espera en la camioneta que lo llevará a la huerta, donde pasará la jornada cortando, cargando y respirando lo que el tractor y el rocío le dejan en los pulmones. En su mochila, que ya no pisa la escuela con regularidad, hay un cuaderno con las esquinas dobladas y una tortilla con sal.

El INEGI presentó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 y dijo algo que debería detener a un estado entero: 15.1 % de las niñas, niños y adolescentes michoacanos de entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil. En todo el país el promedio es de 12.6 %. Michoacán ocupa el octavo lugar entre las 32 entidades, solo por detrás de Guerrero, con 22.6 %, Oaxaca, con 20.9, Chiapas, con 20.3, Veracruz, con 17.3, Campeche, con 16.7, Tabasco, con 16.6 y Puebla, con 15.2. Quince de cada cien.

Para entender su historia hay que saber qué contó el INEGI. La encuesta, levantada entre el 6 de octubre de 2025 y el 2 de enero de 2026 en 78 mil 342 viviendas, distingue dos formas de trabajo infantil. La primera es la ocupación no permitida, que es trabajar por debajo de los 15 años o hacerlo en actividades que la Ley Federal del Trabajo considera peligrosas. La segunda son los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, jornadas largas o exposición a químicos, cortaduras, quemaduras o cargas pesadas. Daniel pertenece a la primera.

Y ahí está lo más revelador del retrato michoacano. En ocupación no permitida, nuestro estado registra 10.0 %, contra 6.6 % del país: una vez y media el promedio nacional, en quinto lugar, detrás de Guerrero, con 13.9, Oaxaca, con 12.1, y Puebla y Nayarit, con 10.2. En ocupación peligrosa la cifra es de 9.0 %, contra 6.0 % nacional, y otra vez el quinto sitio, después de Guerrero, Oaxaca, Nayarit y Puebla. En cambio, en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, Michoacán tiene 6.4 %, algo por debajo del 6.8 % nacional. La conclusión se cuenta sola: el problema michoacano no vive principalmente en la cocina, sino en el campo, el empaque, el taller y la calle. Casi todo el trabajo no permitido que hay aquí es, además, peligroso.

Si la historia de Daniel se repite en miles de casas, ¿quiénes son esos niños? A los 15 a 17 años la tasa sube a 24.6 %, frente a 8.6 % entre los de 5 a 14: cuando el niño se vuelve adolescente, el jornal le gana al pupitre. Entre los niños la tasa es de 15.0 % y entre las niñas de 10.2 %, aunque ellas cargan además una parte de trabajo doméstico que casi nunca se mira. En las localidades menos urbanizadas la tasa es de 15.7 %, y en las más urbanizadas, de 8.4. En la población indígena llega a 24.9 %, y en la afrodescendiente a 15.6. Michoacán es tierra purépecha, nahua, mazahua y otomí; no es difícil imaginar dónde pesa más la cifra.

El dato que más debería quitarnos el sueño es el de la escuela. Entre quienes no asisten a clases, 48.4 % está en trabajo infantil; entre quienes sí asisten, 9.9 %.  Es decir, 4.88 más probabilidades de no ir a la escuela para quienes están en trabajo infantil que para quienes no.

En ocupación no permitida, la tasa es de 34.0 % entre quienes dejaron la escuela y de 4.6 % entre quienes siguen en ella: 7.39 veces más probabilidades de estar fuera de la escuela para quienes trabajan en ocupación no permitida.

No sabemos si Daniel dejó la escuela porque empezó a trabajar o empezó a trabajar porque la escuela le cerró la puerta. Probablemente fue ambas cosas, una empujando a la otra. Lo cierto es que escuela y trabajo compiten por las mismas horas. Quien pierde siempre es el niño.

¿Y por qué trabaja Daniel? Si le preguntáramos, tal vez respondería lo que responde una parte de los niños del país: que lo hace por gusto o solo por ayudar, como dice 30.6 % de quienes están en ocupación no permitida. Otros trabajan para pagarse la escuela o sus gastos, 22.4 %; para aprender un oficio, 14.9 %; o porque el hogar necesita su trabajo o su aportación, 16.4 % en conjunto. Y 41.7 % asegura que, si dejara de trabajar, no pasaría nada en su casa. Esa respuesta debería alarmarnos más que consolarnos, porque dice que el trabajo infantil se volvió paisaje. Que un niño crea que trabajar es ayudar revela una cultura que lo normaliza, no una libertad que lo elige.

Pero el paisaje también tiene sequía. En el país, 83.3 % de los hogares con trabajo infantil reportó al menos un problema grave en los tres años previos. Entre los hogares con ocupación no permitida, 11.3 % mencionó la falta de lluvias, mientras que entre todos los hogares con niñez fue 5.4 %; y 10.3 % habló de insumos agrícolas carísimos, frente a 3.9 %. Cuando el campo se quiebra, la familia hace cuentas, y la primera partida que se recorta es la escuela de los hijos.

Se pierde el derecho a aprender, porque el cansancio no deja leer y el rezago no perdona. Se pierde la salud: en el país, 60.6 % de quienes están en ocupación peligrosa realiza actividades con exposición a riesgos, 61.2 % labores que afectan su salud o su desarrollo y 75.7 % trabaja en sectores peligrosos como la agricultura, la minería o la construcción. En un estado agroexportador, hablar de agroquímicos, cortes y caídas no es metáfora. Se pierde el futuro, porque quien entra al jornal a los doce años sin terminar la secundaria difícilmente saldrá de él a los cuarenta.

¿Quién debe responder por Daniel? No basta con señalar a su padre. Responde el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación en el Estado, la autoridad laboral estatal, el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Estatal de Protección Integral, que debe articularlos a todos. Responden la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el IMSS, que en diciembre de 2025 presentaron en Morelia el Certificado Laboral para la Agroexportación, iniciado con el aguacate y previsto para las berries. Responden la Fiscalía General del Estado, cuando hay explotación o reclutamiento; el Congreso, que aprueba el presupuesto; los ayuntamientos, que saben casa por casa dónde está la niñez ausente; y las empacadoras y exportadoras que se benefician de cadenas donde nadie pregunta la edad de quien corta. México ratificó en 2000 el Convenio 182 de la OIT contra las peores formas de trabajo infantil y en 2015 el Convenio 138 sobre la edad mínima. El Estado ya prometió. Falta cumplir.

Imaginemos ahora una mañana muy diferente para Daniel: una maestra se da cuenta de que lleva cuatro días sin llegar, y esa inasistencia, en lugar de perderse en una lista, activa una visita y una canalización inmediata. Una beca de permanencia, con apoyo para el transporte y articulada con las federales, le compite al jornal en el momento exacto en que el bachillerato se vuelve cuesta arriba. Su escuela ajusta horarios a la cosecha sin rebajar el aprendizaje, y si Daniel hablara purépecha, aprendería también en su lengua. Su padre recibe un seguro frente a la sequía y apoyos para los insumos, ligados a que su hijo siga estudiando. Y en la huerta, el Certificado Laboral incluye una cláusula que hoy no conocemos: la verificación expresa de que ningún menor corta, carga o fumiga, con inspecciones sin aviso y sanciones reales. Si Daniel fuera Daniela, habría comedores y escuelas de tiempo completo que le devolvieran las horas que hoy pasa cuidando. Y si el barrio le ofreciera deporte, música y taller, ningún grupo criminal encontraría en su aburrimiento una oportunidad de reclutamiento. Más que fantasía es cuestión de política pública, presupuesto y voluntad: hay que arremangarse y actuar.

Por lo anterior, la exigencia a la autoridad va en cuatro vertientes concretas: Que en treinta días el Gobierno del Estado presente un diagnóstico propio, con los tabulados michoacanos de la encuesta por sexo, edad, escuela, sector y población indígena, y un plan con metas medibles. Que el Congreso etiquete en el presupuesto estatal de 2027 un anexo de niñez en situación de trabajo infantil con rendición de cuentas semestral. Que la autoridad laboral diga cuántas inspecciones ha hecho en huertas, empaques y talleres, esclareciendo cuántas sanciones ha impuesto por trabajo infantil. Y que cada niña y cada niño michoacano tenga escuela abierta, maestra o maestro y días de clase, porque una escuela cerrada empuja a muchos al jornal.

A la sociedad le pedimos algo más difícil: dejar de decir “así se ayuda en casa” cuando un niño carga, corta o fumiga. A los docentes, que den aviso cuando un alumno desaparezca de la lista. A las madres y los padres, que sepan que no están solos y que hay alternativas. A las empresas, que auditen a sus proveedores. A los medios, que no dejen de brindar seguimiento. Y a quienes aspiren a gobernar en 2027, que firmen compromisos verificables, porque la niñez no vota, pero sí cuenta.

Quince de cada cien mochilas como la de Daniel, con las esquinas dobladas, están esperando en un rincón en Michoacán. Todavía se puede decidir si esa mochila vuelve al pupitre o si seguimos viendo crecer, entre los surcos, a una generación que merecía aprender a leer el mundo y está aprendiendo a cargarlo.

Y que no se olvide: 2027 es año electoral. ¡Daniel merece un gobierno educador!

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