El secuestro del empresario Tariácuri Hernández en su propio restaurante, a plena luz del día en Pátzcuaro; no solo expone la audacia e impunidad de los grupos criminales que operan en el estado, sino también las profundas deficiencias, la omisión criminal y la posible complicidad en la respuesta de las autoridades ante el crimen organizado.
La posterior liberación del empresario por parte de sus propios secuestradores, sin que se haya detenido a ningún responsable, deja un mensaje alarmante: en Michoacán, los grupos armados no solo operan con violencia, sino con una impunidad tan descarada que desmantela cualquier ilusión de control por parte del Estado. Sin embargo, el gobernador, lejos de afrontar esta crisis con autocrítica y acciones contundentes, se apresura a anunciar en su cuenta de X que el empresario fue «localizado» gracias a un supuesto operativo coordinado por la Guardia Civil, el Ejército y la Fiscalía. Este tipo de declaraciones no solo minimizan la gravedad de los hechos, sino que también demuestran la desconexión entre la narrativa oficial, la realidad y el sentir de las víctimas.
La capacidad de secuestrar y liberar a víctimas sin enfrentarse a las fuerzas de seguridad no solo refleja un preocupante nivel de control por parte de los grupos armados, sino que también deja entrever una inquietante connivencia entre ciertos mandos de la Guardia Civil y esos grupos.
Aún más alarmante es que las mismas autoridades han señalado la presencia de extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, que forman parte activa de los grupos del crimen organizado en Michoacán, ampliando las redes de operación y fortaleciendo su capacidad de gobernanza criminal. Según la organización México Evalúa, en el 36% de los municipios michoacanos el crimen organizado ejerce algún tipo de gobernanza, superando incluso la autoridad del Estado. Esto se traduce en un control sobre las actividades económicas, sociales y de seguridad en amplias regiones del estado.
El secuestro y posterior liberación del empresario Tariácuri Hernández, sin detenciones ni enfrentamientos, no es un hecho aislado. Es una muestra de cómo el crimen organizado dicta las reglas con total impunidad, dejando en el aire serias interrogantes sobre el nivel de control y la capacidad de algunos mandos de la Guardia Civil para enfrentar a estos grupos, quienes deberían ser los principales defensores de la seguridad en la región.
Los datos son alarmantes: entre enero y octubre de 2024, se integraron 21 carpetas de investigación por secuestro, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una cifra que por sí sola ya refleja un panorama crítico. Sin embargo, el mismo Secretariado reporta que la Fiscalía de Michoacán dejó de clasificar 319 delitos contra la libertad personal, revelando un grave subregistro que pone en evidencia la falta de capacidad, transparencia y compromiso con las víctimas.
La violencia criminal lleva años acechando no solo a la población, sino también a los propios mandos de seguridad. El 18 de marzo de 2024, la emboscada y decapitación de la comisaria Cristal García Hurtado y sus escoltas en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan expuso la brutalidad con la que operan los grupos criminales y la incapacidad de las autoridades para enfrentarlos. Hasta la fecha, las autoridades no han rendido cuentas sobre estos actos, perpetuando la impunidad.
La próxima visita de la Presidenta de México a Michoacán ocurre en un contexto de violencia generalizada vinculada al crimen organizado, que durante años ha sometido a la población en regiones como Pátzcuaro.
Este domingo, la Presidenta debe demostrar con acciones que su gobierno está decidido a combatir no solo a los grupos criminales que controlan el territorio y ejercen gobernanza criminal sobre amplias regiones, sino también a quienes, por acción y omisión, operan desde dentro de las instituciones de seguridad, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad que mantiene sometida a la población.
