EL ESTADO ESPÍA

Morena y sus aliados han dado otro golpe a los derechos ciudadanos, al aprobar en el Congreso una Ley Espía, que le facultan a instancias de Seguridad y Procuración de Justicia, a solicitar la geolocalización, en tiempo real, de ciudadanos sin mediar orden judicial.

La nueva ley otorga a las autoridades a tener acceso a cualquier registro público o privado con datos útiles para generar productos de inteligencia. De este modo, se abre la puerta a los datos telefónico de los ciudadanos, y registro de catastro, de servicios financieros, de salud y de telecomunicaciones.

Al aprobarla, los legisladores ponen el peligro a todos los mexicanos, especialmente a los críticos al régimen y los coloca en las manos del crimen organizado.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum lo niega, las reformas criminalizan la crítica y atropella el derecho constitucional a la libertad de expresión, porque ejerce control sobre los medios de comunicación y sobre las redes sociales.

La oposición en el Congreso expresó que con las nuevas leyes pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a los ciudadanos.

Esta práctica tiene su origen en los regímenes autoritarios o comunistas del siglo pasado, donde el estado controlaba la vida de todos sus ciudadanos, como pasa en Venezuela, Cuba, Rusia y China, donde la libertad humana está seriamente restringida.

Su aprobación ha generado una fuerte controversia en México, con implicaciones profundas para la privacidad, la seguridad y el equilibrio de poderes.

En suma, la legislación permite que el Estado acceda a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de orden judicial; centralice información en una Plataforma de Inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia; obtenga datos biométricos, financieros, médicos, académicos, de telecomunicaciones y geolocalización en tiempo real.

Así que no se vaya a quejar por la pérdida de privacidad, por los riesgos de abuso de poder, que les permitirá vigilar a opositores, periodistas y activistas, por los posibles hackeos y filtraciones que limita la fiscalización ciudadana y judicial.

Bajo el argumento de combatir la delincuencia, que ni combaten, modernizar la seguridad pública, que ni se moderniza y prevenir el delito, que no hay como frenarlo, la 4T se ha metido hasta la cocina de los hogares mexicanos.

Cabe señalar que en 2014, los ahora líderes de Morena se opusieron a reformas para autorizar intervención de comunicaciones, pero lo mismo se aprobó ayer.

Que poca.

DESFALCOS EN ADMINISTRACIÓN DE AMLO

Ayer por la tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo entrega a la Cámara de Diputados el primero de tres paquetes de revisiones a la Cuenta Pública del 2024, el último año del sexenio de López Obrador.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pudo demostrar cómo utilizó, durante los primeros cinco años del sexenio, más de 33 mil millones de pesos y todavía tiene pendiente por devolver o aclarar otros 24 mil millones de pesos de ese mismo periodo, es decir, de 2019 a 2023, por lo que se espera que, con este nuevo paquete, las cifras aumenten los montos por aclarar.

De acuerdo con base en la información del Sistema Público de Auditorías de la ASF, con corte al viernes, había 994 expedientes de auditorías a dependencias del gobierno federal, de los años 2019 a 2023, que implican un monto de 33 mil 144 millones 898 mil pesos, que no fueron solventados y se consideran un daño al erario federal.

Esos expedientes se turnaron a la Dirección General de Investigación de la ASF, ya sea para iniciar procedimientos de responsabilidad y enviarlos a los órganos internos de control o incluso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que aplique sanciones, o para archivarlos.

En tanto, otros mil 121 expedientes de auditorías a dependencias del gobierno federal, del mismo periodo, se mantenían abiertos, en fase de seguimiento, por un monto de 24 mil 818 millones 841 pesos por devolver o aclarar.

El 20 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos considerados presunto daño patrimonial que no fueron solventados en los primeros cinco años del sexenio lo acumula Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado por López Obrador y encabezado por Ignacio Ovalle y Leonel Cota, con 6 mil 654 millones 510 mil pesos.

Cada día se conocen más detalles de la desastrosa administración del expresidente López Obrador, que seguramente pasará a la historia, no como un reformador o transformador de la vida pública, como hubiera querido, por el contrario, todos los indicadores apuntan a que ha sido el peor capítulo de la vida nacional.

Su presunta colusión con el narco, el dispendio y la basta corrupción, en la que incluso presuntamente participó al menos uno de sus hijos, será el estigma que cargará por siempre la mal llamada 4T.

CORRUPCIÓN EN EL PODER LEGISLATIVO

La supuesta lucha contra la corrupción por parte del gobierno Federal y su partido Morena, es simplemente un slogan, ya que los índices de corrupción, especialmente en la administración pública se han incrementado. Todos los sectores gubernamentales y el sector legislativo, son claras muestras de la corrupción al estilo 4T.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que más del 80 por ciento de los contratos del Congreso se asignaron por adjudicación directa, sin competencia ni transparencia. En 2018 y 2024, se firmaron contratos por más de 35 mil millones de pesos.

En ese periodo, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día.

La adjudicación directa fue el mecanismo más utilizado para realizar estas compras: se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado.

Estas prácticas reflejan una alta opacidad y falta de controles, agravada por la próxima extinción del INAI, que dejará a las cámaras como juez y parte en su propia transparencia.

Si los propios legisladores realizan actos presuntamente de corrupción, ¿qué podemos esperar de cualquier otro organismo del gobierno y su partido? La respuesta es más que evidente.

El reporte Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024 refleja opacidad y discrecionalidad, define con evidencia concreta las prácticas de contratación de las dos cámaras del Congreso y advertir sobre el retroceso, ahora inevitable, que implica la desaparición del INAI y la transformación del modelo de transparencia.