3.2 millones declararon ser solteras, 1.5 millones estar casadas o vivir en unión libre, y 223.7 mil, separadas, divorciadas o viudas                                                     

Desde 1970, el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Su origen se remonta a los disturbios de Stonewall (1969) en Nueva York. A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre esta población con base en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, así como en la Estadística de Matrimonios (EMAT) y la Estadística de Divorcios (ED) 2019-2023.

Características sociodemográficas de las personas LGBTI+

En México, de acuerdo con la ENDISEG 2021, 5.0 millones de personas se autoidentificaron como LGBTI+; 58.3 % declaró que su sexo asignado al nacer fue mujer y 41.7 %, hombre De la población LGBTI+ de 15 años y más, 3.4 millones de personas (67.5 %) tenían de 15 a 29 años: 1.7 millones (33.3 %), de 15 a 19 años; un millón (20.4 %), de 20 a 24 años y 690 mil (13.8 %), de 25 a 29 años. Entre la población LGBTI+, 3.2 millones de personas (64.9 %) declararon ser solteras, 1.5 millones (30.6 %), estar casadas o vivir en unión libre y 224 mil (4.5 %), separadas, divorciadas o viudas.

Estadística de matrimonios (EMAT)

En 2023, se registraron 501 mil 529 matrimonios, de los cuales 494 mil 923 (98.7 %) fueron de personas contrayentes hombre-mujer y 6 mil 606 (1.3 %), de personas del mismo sexo. De estas últimas, 3 mil 964 (60.0 %) fueron matrimonios de contrayentes mujeres y 2 642 (40.0 %), de hombres. La cifra de matrimonios entre personas del mismo sexo ha aumentado, principalmente entre las mujeres, quienes pasaron de mil 992 matrimonios en 2019 a 3 mil 964 en 2023.

Entre las personas contrayentes del mismo sexo, el grupo de edad de los 25 a los 39 años concentró 60.1 % (3 mil 169) de los contrayentes hombres y 65.8 % (5 mil 205) de las mujeres. A partir de los 40 años, el porcentaje de contrayentes hombres fue mayor que el de las mujeres. Destacó el grupo de edad de 50 años y más, donde el porcentaje de contrayentes hombres (13.4 %) representó casi el doble que de mujeres (7.5 %). Por su parte, el porcentaje de contrayentes mujeres fue mayor que el de hombres en el grupo de edad entre los 15 y 39 años.

Para las personas contrayentes del mismo sexo, la escolaridad con mayor porcentaje fue profesional, con 47.1 % (2 mil 487) para los contrayentes hombres y 38.9 % (3 mil 086), para las contrayentes mujeres; preparatoria o equivalente, con 27.0 % (mil 428) para los hombres y 29.2 % (2 mil 316) para las mujeres; y secundaria o su equivalente, con 10.4 % (550) para hombres y 17.2 % (mil 361) para mujeres.

De los 2 mil 642 matrimonios entre contrayentes hombres, en 85.4 % ambos trabajaban; en 7.2 %, al menos uno trabajó y en 1.1 %, ninguno lo hizo. De los 3 mil 964 matrimonios de contrayentes mujeres, en 79.6 % ambas trabajaron; en 13.8 %, al menos una de ellas lo hizo y en 1.3 % de los casos, ninguna trabajó.

A nivel nacional, los matrimonios de personas contrayentes del mismo sexo representaron 1.3 % del total de matrimonios registrados a nivel nacional. Por entidad federativa, Ciudad de México (4.8 %), Baja California (2.5 %) y Jalisco (2.3 %) presentaron los mayores porcentajes, mientras que Veracruz (0.01 %), Guerrero (0.2 %) y Chiapas (0.2 %) mostraron los menores.

Estadística de divorcios (ED)

En 2023, se registraron 163 mil 587 divorcios en el país. De estos, 162 mil 873 (99.6 %) fueron entre divorciantes hombre-mujer, y 714 (0.4 %), entre divorciantes del mismo sexo. De este total, 454 (63.6 %) fueron mujeres, y 260 (36.4 %) hombres. La tendencia para ambos sexos ha ido en aumento, principalmente para las mujeres, quienes pasaron de 9.6 divorcios por cada 100 matrimonios en 2019 a 11.5 en 2023. Para los hombres, incrementó de 9.1 a 9.8 en el mismo periodo. Del total de divorcios entre cónyuges del mismo sexo, 52.1 % (372) fue voluntario o por mutuo acuerdo y 47.5 % (339), necesario. Para las mujeres, el divorcio voluntario fue de 50.2 % (228) y de 55.4 % (144), para hombres.

Solo el 60% de acciones de prevención se cumplen, arroja diagnóstico de CEDH; falta homologación en el marco normativo, hay debilidad institucional y falta de coordinación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un diagnóstico que arroja que los municipios de Michoacán no cuentan con un Atlas de riesgo actualizado. Además de que falta homologación en el marco normativo ya que cada municipio maneja su documento de riesgos actualmente de acuerdo a su propia norma, hay debilidad institucional en lo que refiere a protección civil, también falta de coordinación entre sectores y sobre todo entre los tres niveles de gobierno en lo que es prevención de riesgos, y falta presupuesto para tener elaborados sus Atlas, precisa este informe de la organización no gubernamental.

Es importante empezar a prevenir y no esperarse a remediar, dijo el ombudsman Marco Antonio Tinoco Álvarez, ahí en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde ante autoridades estatales y representantes de autoridades de varios municipios durante el informe especial “Derecho a la Ciudad. Atlas Municipal de Riesgos y Planeación, del Estado de Michoacán” en que dijo que éste ha sido un esfuerzo que se viene trabajando desde hace año y medio al seno de la Comisión, cuyo fin es determinar cómo las autoridades municipales pueden proteger a su población. Los ayuntamientos, observó, tienen el 60 por ciento de cumplimiento de medidas y acciones y señaló que los Atlas de Riesgo de los municipios deberían de ir de la mano y tener una conexión desde Protección Civil con los planes de desarrollo, así como tener un impacto positivo para proteger el entorno ecológico.

Expuso también que es importante desde los Derechos Humanos empezar a ver cómo prevenir y no esperarse a remediar, con acciones planificadas, coordinadas y consensuadas entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano para prevenir el deterioro ecológico. Especificó que los Atlas de Riesgo son un elemento preventivo y la intención de estos es evaluar la relación de la población con el entorno ecológico sostenible y preservar ambos.

Fue Erika del Carmen González Huacuz, coordinadora de agendas y mecanismos humanos de la CEDH, quien rindió los resultados de este diagnóstico hecho con el propósito de visibilizar la situación que guardan y enfrentan los municipios de Michoacán en materia de riesgos y protección civil. Y, de entrada, expuso que ninguno de los municipios cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado, así como no todos los municipios cuentan con un comité municipal de Protección Civil.

Reveló que solo el 15 por ciento de los municipios consultados del estado contestaron la solicitud de información de la CEDH, de los cuales el 57 por ciento no cuentan con un Atlas de Riesgo siquiera y el 41 por ciento reportó no tener un sistema municipal de Protección Civil. Por lo que el órgano no gubernamental.

Recomendó la CEDH que el cumplimiento de los derechos a la ciudad y al buen gobierno a través de las instituciones de Protección Civil, la financiación para la creación o fortalecimiento de Sistemas de Protección Civil, el fortalecimiento de la Protección Civil y la creación de Centros Municipales de Prevención de Desastres y de Comunicación Operativa en los municipios, y la capacitación y certificación para el personal involucrado en el desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo.

Hay oportunidad de mejora en la coordinación de los sectores de academia, del sector privado de empresas afines a este rubro y de las propias autoridades de Protección Civil como de los tres niveles de gobierno, así como que todos los municipios tengan este instrumento actualizado y emprender acciones conjuntas coordinadas.