Llama Fundación Jurídica del Migrante a seguir trabajando para garantizar un ejercicio migratorio legal, seguro e informado
El escenario migratorio de Estados Unidos en 2025 representa un punto de inflexión sin precedente en las políticas migratorias de las últimas décadas. A diferencia de ciclos anteriores de endurecimiento migratorio, el actual combina elementos de vigilancia digital, restricción consular y militarización del control migratorio, los cuales requieren hacerles frente con determinación, información y desde el respeto al ejercicio migratorio.
Desde la década de los 90 con la promulgación de la Ley IIRIRA (1996) bajo la administración de Bill Clinton, se establecieron bases para la deportación acelerada y la inadmisibilidad por causas administrativas. Tras el 11 de septiembre de 2001, George W. Bush consolidó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y creó la Patrulla Fronteriza moderna. Y Barack Obama impulsó el uso de tecnología biométrica, aunque también implementó deportaciones a gran escala.
Por su parte, Donald Trump, en su primer mandato, aplicó vetos migratorios por nacionalidad, separaciones familiares y endurecimiento del asilo. En su actual mandato este 2025, ha alcanzado un nivel sin precedente de bloqueo, vigilancia digital y paralización migratoria legal, afectando tanto a inmigración documentada como indocumentada.
Entre las principales afectaciones destacan:
– Reducción de más del 40% en la emisión de visas temporales de trabajo (USCIS).
– Aumento en los tiempos de espera para entrevistas consulares, de 6 a más de 16 meses.
– Revocaciones por inconsistencias en redes sociales y documentación.
– Restricciones operativas en más de 35 consulados y centros CAS en América Latina.
Estas medidas están respaldadas por:
– La Orden Ejecutiva 13780 (Sección 5).
– Instrucciones del Departamento de Estado para declarar redes sociales de los últimos 5 años.
– Cruces biométricos obligatorios exigidos por DHS y CBP desde 2020.
Implicaciones para los solicitantes:
– Urgente actualización de datos, antecedentes y documentación.
– Riesgo de rechazo por omisiones o información desactualizada.
– Procesos como H-2A, H-2B y visas familiares enfrentan filtros más severos.
Ante este panorama, Ángeles Luna, directora y fundadora de la Fundación Jurídica del Migrante S.C. (FUJUMI) mantiene un compromiso con los derechos de los migrantes y el ejercicio de la migración digna, informada y legal. Sugiriendo la necesidad de consolidar expedientes que cumplan con los nuevos lineamientos migratorios y trabajando activamente para preparar a aquellos que inicien sus trámites con responsabilidad jurídica y documental, anticipándose a las futuras reactivaciones consulares.
Luna también lanza un llamado a la comunidad migrante y a los medios de comunicación a consultar e informarse de los cambios que ha implementado esta administración, a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.
Asimismo, invita a reconocer el papel del estado de Michoacán frente a este sector, debido a que se encuentra entre las tres entidades con mayor índice de migración en México. De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría del Migrante, más del 62% de los migrantes michoacanos tienen como destino los Estados Unidos, principalmente por motivos laborales y de reunificación familiar (INEGI, Encuesta Intercensal; Secretaría del Migrante, Informe Anual 2023).
El trabajo del migrante michoacano se refleja en los 5,409 millones de dólares en remesas que ha recibido el estado en tan solo el 2023, y que lo han llevado a ubicarse como el segundo estado con mayor captación de ingresos por este concepto (Banco de México, Boletín Trimestral de Remesas, 2023). Para miles de familias, dichas remesas representan su principal fuente de estabilidad económica.
Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones migratorias en Estados Unidos durante 2025, se han registrado afectaciones significativas que impactan directamente en la población migrante del estado.
Se estima que al menos el 60% de los expedientes de solicitantes requerirá ajustes para mantenerse vigente. Las comunidades rurales de Michoacán, altamente dependientes de la migración como sustento, podrían ser las más afectadas por los retrasos y la incertidumbre operativa.
Este contexto impulsa a FUJUMI a seguir trabajando con enfoque técnico y legal, fortaleciendo cada expediente en curso y asesorando a las familias migrantes para que enfrenten con claridad y preparación las nuevas exigencias del contexto internacional.
La información, la documentación precisa y el acompañamiento profesional serán claves para proteger los derechos de quienes buscan migrar de manera legal, ordenada y segura.
Para Ángeles Luna el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la interrupción temporal de múltiples trámites legales para trabajadores migrantes, también podría tener consecuencias indirectas en el ámbito de la seguridad social y comunitaria en el estado de Michoacán.
La suspensión de visas, el retraso en entrevistas consulares y la revocación de procesos previamente aprobados afectan directamente a miles de personas que ya habían iniciado trámites de manera ordenada. Esta frustración migratoria puede traducirse en:
- Desempleo prolongado en comunidades rurales.
- Migración irregular y mayor exposición a redes de tráfico de personas.
- Vulnerabilidad de jóvenes ante estructuras delictivas por falta de oportunidades.
- Tensión comunitaria en zonas receptoras de migrantes retornados sin acompañamiento.
Si los flujos económicos se ven interrumpidos por cuestiones administrativas o restricciones internacionales, el impacto no será únicamente económico, sino también social.
Siendo una organización binacional, FUJUMI propone acompañar jurídicamente a las personas migrantes para prevenir rechazos y sanciones migratorias, fortaleciendo las alianzas con gobiernos locales para establecer rutas de protección y reintegración, y mantener canales de información verificada para evitar fraudes, especulación o rutas migratorias de alto riesgo. Además de preparar a los solicitantes con expedientes sólidos, actualizados y conforme a las exigencias del contexto internacional.
Entendiendo que el fenómeno migratorio no puede abordarse solo desde la perspectiva consular. Debe entenderse como un factor estructural de cohesión, movilidad y bienestar social para cientos de familias michoacanas.
Por último, Ángeles Luna invita a las personas interesadas a disfrutar de los episodios del podcast de la Fundación Jurídica del Migrante (FUJUMI), en los que se dan a conocer detalles del trabajo y los procesos de una migración segura, responsable y legal. Estos se encuentran en las plataformas de streaming Spotify, Spreaker y iHeartRadio.
